26 escolares no han podido elegir centro al existir fraude en la inscripción del domicilio
IDEAL.ES
alumnas y alumnos de la provincia han sido investigados, aunque las denuncias han disminuido respecto a otros años
Hasta 26 escolares de la provincia de Granada han perdido los derechos de prioridad en la elección de centro, 18 de los cuales han debido cambiar de colegio, al demostrarse fraude o falsedad documental en las solicitudes de admisión a centros sostenidos con fondos públicos. La mayoría de las denuncias se han producido en el acceso a la educación infantil de 3 años y en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
“Se trata de un número sensiblemente menor que el de cursos anteriores”, ha explicado la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez, que ha cifrado el número de denuncias en 14, que han requerido que 117 casos sean investigados, veinte menos que el curso anterior. El número de alumnos y alumnas que han perdido la prioridad también se ha reducido en un 33 por ciento, más de un 70 por ciento si nos remontamos a hace dos años. También son 10 alumnos menos los que, tras comprobarse el fraude, han perdido la plaza que habían solicitado, 45 menos en dos años.
La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez, destaca que “la Junta de Andalucía actúa con contundencia ante este tipo de casos, para garantizar el derecho de las familias en la elección de los centros escolares”. Recuerda, sin embargo, que “el fraude en la escolarización es una práctica poco habitual, que afecta a un porcentaje insignificante, alrededor del 0'01 por ciento del alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos en nuestra provincia”.
Gámez ha destacado que “las familias granadinas están comprendiendo año a año que el proceso de escolarización debe presentar todas las garantías para todos y todas las alumnas”, detallando que la legislación andaluza establece la pérdida de los derechos de prioridad al centro solicitado en el caso de que se compruebe que las solicitudes de admisión incluyen datos o documentos que no se correspondan con la realidad familiar.
Según Ana Gámez, “la colaboración institucional es básica para el éxito de estas actuaciones, ya que se implican diferentes agentes”. En la tramitación de estas denuncias la Delegación ha contado con la colaboración de la Fiscalía, de la policía autonómica y de la mayoría de los municipios. El proceso de escolarización se realiza con plenas garantías para todas las familias, por lo que, como paso previo a la resolución final, todas las familias denunciadas han sido oídas e informadas del procedimiento en curso y de los datos aportados por la policía autonómica.
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