UN INFORME JURISDICO RECONOCE QUE EL GASTO EXTRA TG7 "ES NULO DEL PLENO DERECHO".
GRANADA HOY
No existe procedimiento administrativo que
justifique los 548.775 euros, por lo que hay que hacer un reconocimiento
extrajudicial de crédito IU pedirá responsabilidades en los juzgados
La productora CBM reclamó el pasado mes de octubre impagos por valor de 548.775 euros por servicios extra.
El interventor general y el titular de la asesoría jurídica del
Ayuntamiento de Granada han puesto el foco sobre los 548.775 euros de
deuda que el pasado mes de octubre de 2015 la productora CBM reclamó al
Ayuntamiento por servicios extraordinarios prestados en los dos últimos
años en la televisión municipal (TG7). En un informe de los servicios
jurídicos que el Ayuntamiento encargó a instancias del portavoz de IU en
el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, se ha determinado que
los servicios complementarios facturados "exceden del importe
contratado y, por tanto, carecen de crédito y soporte jurídico", por lo
que son "nulos de pleno derecho".
Esto significa que, aunque el entonces concejal responsable de TG7, Juan Antonio Fuentes, firmara todos estos gastos extraordinarios, se autorizaron sin consignación presupuestaria, duplicando la cuantía con la que contaba cada año la tele municipal y que estaba fijada en 750.000 euros.
El hecho de que estos gastos no fueran objeto de ningún procedimiento administrativo impide que ahora se puedan reconocer, por lo que el Ayuntamiento tendrá que promover un reconocimiento extrajudicial de crédito que precisa la aprobación del pleno. El trámite no parece fácil contando con que el equipo de gobierno dijo adiós el pasado mayo a la mayoría absoluta.
Con ese reconocimiento extrajudicial de crédito se autoriza al equipo de gobierno a coger esa partida de 548.77 5 euros para pagar a CBM de otro apartado del presupuesto. Lo que significa que, por ejemplo, el área de Bienestar Social o Cultura o Medio Ambiente se quedarían sin 548.775 euros. La otra opción es coger el dinero de la propia partida anual de TG7, de los 750.000 euros, lo que dejaría al servicio municipal con apenas 200.000 euros para todo el año. Con este panorama el Ayuntamiento debería buscar sí o sí ingresos extraordinarios con los que hacer frente a este pago, que se suma a los cerca de 17 millones de gastos extra que la ciudad tiene que desembolsar en este 2016 (productividades de los funcionarios, pagas extras, subida del 1%...)
Pero hay más. Si el pleno no diera el visto bueno a este reconocimiento extrajudicial, la productora podría irse a los tribunales por "enriquecimiento injusto" del Ayuntamiento. De momento, el que está estudiando esta opción con los abogados de IU es Francisco Puentedura. El portavoz de IU avanza que están valorando si presentar un contencioso o una querella penal, en función de si el asunto puede ser una irregularidad administrativa o si pudiera haber una posible ilegalidad por prevaricación en el uso de fondos públicos.
Y es que el informe jurídico deja la puerta abierta para que un juzgado determine las "eventuales responsabilidades previa concreción de la culpa". "El informe constata tres hechos: que hay facturas que no se ajustan a la ley, que los gastos son nulos de pleno derecho porque el procedimiento administrativo que se ha buscado para justificar las facturas es nulo y que, si se determina quién es culpable de esta situación puede haber responsabilidades legales", reflexionaba el portavoz de IU, quien destaca por encima de todo la gestión impropia que se ha hecho de los recursos públicos. "Este informe de los servicios jurídicos debería hacer reflexionar al alcalde y explicar por qué consiente esta situación y sigue manteniendo en el equipo de gobierno a quien generó esta situación. Por eso le pido al equipo de gobierno que sean ellos mismos quienes manden al juzgado este informe para depurar responsabilidades legales. Si están por la transparencia lo harán, sino lo haré yo".
Esto significa que, aunque el entonces concejal responsable de TG7, Juan Antonio Fuentes, firmara todos estos gastos extraordinarios, se autorizaron sin consignación presupuestaria, duplicando la cuantía con la que contaba cada año la tele municipal y que estaba fijada en 750.000 euros.
El hecho de que estos gastos no fueran objeto de ningún procedimiento administrativo impide que ahora se puedan reconocer, por lo que el Ayuntamiento tendrá que promover un reconocimiento extrajudicial de crédito que precisa la aprobación del pleno. El trámite no parece fácil contando con que el equipo de gobierno dijo adiós el pasado mayo a la mayoría absoluta.
Con ese reconocimiento extrajudicial de crédito se autoriza al equipo de gobierno a coger esa partida de 548.77 5 euros para pagar a CBM de otro apartado del presupuesto. Lo que significa que, por ejemplo, el área de Bienestar Social o Cultura o Medio Ambiente se quedarían sin 548.775 euros. La otra opción es coger el dinero de la propia partida anual de TG7, de los 750.000 euros, lo que dejaría al servicio municipal con apenas 200.000 euros para todo el año. Con este panorama el Ayuntamiento debería buscar sí o sí ingresos extraordinarios con los que hacer frente a este pago, que se suma a los cerca de 17 millones de gastos extra que la ciudad tiene que desembolsar en este 2016 (productividades de los funcionarios, pagas extras, subida del 1%...)
Pero hay más. Si el pleno no diera el visto bueno a este reconocimiento extrajudicial, la productora podría irse a los tribunales por "enriquecimiento injusto" del Ayuntamiento. De momento, el que está estudiando esta opción con los abogados de IU es Francisco Puentedura. El portavoz de IU avanza que están valorando si presentar un contencioso o una querella penal, en función de si el asunto puede ser una irregularidad administrativa o si pudiera haber una posible ilegalidad por prevaricación en el uso de fondos públicos.
Y es que el informe jurídico deja la puerta abierta para que un juzgado determine las "eventuales responsabilidades previa concreción de la culpa". "El informe constata tres hechos: que hay facturas que no se ajustan a la ley, que los gastos son nulos de pleno derecho porque el procedimiento administrativo que se ha buscado para justificar las facturas es nulo y que, si se determina quién es culpable de esta situación puede haber responsabilidades legales", reflexionaba el portavoz de IU, quien destaca por encima de todo la gestión impropia que se ha hecho de los recursos públicos. "Este informe de los servicios jurídicos debería hacer reflexionar al alcalde y explicar por qué consiente esta situación y sigue manteniendo en el equipo de gobierno a quien generó esta situación. Por eso le pido al equipo de gobierno que sean ellos mismos quienes manden al juzgado este informe para depurar responsabilidades legales. Si están por la transparencia lo harán, sino lo haré yo".
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