ARCHIVAN EL CASO GASOLINERAS AL CONSIDERARLO ALGO "ADMINISTRATIVO".

IDEAL ALMERIA

Carretera AL-12, autovía del Aeropuerto, en cuyos márgenes se proyectaron sendas gasolineras, una de las cuales fue denegada. / CH. A.

• La Fiscalía estima que «no se puede determinar» si Urbanismo cumplió o no con las condiciones legales a la hora de negar permiso a una gasolinera

Pablo Venzal, exdelegado municipal de Urbanismo en la capital y actual diputado autonómico por el Partido Popular, no tendrá que pasar por los despachos del juez Jesús Miguel Hernández Columna, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, para aclarar por qué no se le otorgó a la empresa Red Solidaria los permisos para la construcción de una gasolinera en el margen norte de la autovía del Aeropuerto, la AL-12. El instructor de la causa ha decidido dar carpetazo -de forma provisional- a la investigación después de que, de las primeras indagaciones, no parezca «debidamente justificada» la presunta comisión de delitos en esta negativa de permisos.
«De las actuaciones practicadas y, especialmente, los informes periciales acordados y emitidos», advierte el magistrado, «no se puede determinar si realmente se cumplieron o no las condiciones para denegar a Red Solidaria la construcción de la gasolinera». «Se trata», alega el juez instructor, «de una cuestión de índole administrativo, y como tal debe ventilarse por los cauces establecidos para dicha materia».
La causa, en investigación desde mediados del año 2014, perseguía constatar la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y de falsedad tras la denuncia de un particular a raíz de la retirada de los permisos para la implantación de una estación de servicio en el lado norte de la carretera AL-12 (Autovía del Aeropuerto). La querella se interpuso en los juzgados de Almería después de que el Ayuntamiento de la capital aprobara en pleno, en agosto de 2011, un proyecto de actuación para la construcción de un área de servicio en el Paraje El Mamí, junto a la autovía del Aeropuerto, con el visto bueno de dos informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (en 2009 y 2011) y otro jurídico de julio de 2011. Dicho acuerdo se aprobó con el voto a favor de la unanimidad de la Corporación municipal a excepción del sufragio de María Muñiz (PP, actual gerente de Urbanismo), que no estuvo presente en la sesión.
Sin embargo, meses más tarde, en marzo de 2013, un nuevo acuerdo plenario (este con la abstención de PSOE e IU y el voto favorable, en solitario, de la mayoría absoluta del PP) daba luz verde a un recurso de la mercantil Inversol Andalucía que dejaba sin efecto la anterior aprobación y, por lo tanto, impedía la construcción de la gasolinera proyectada al norte de la autovía. «La empresa [recurrente] observó que la finca [de la recurrida] no medía lo necesario y que tenía problemas con la salida y entrada de vehículos desde la rotonda. Se hizo un levantamiento topográfico y se constató un informe del Ministerio», alegaron desde Urbanismo sobre el por qué se decidió dejar sin efecto la aprobación del proyecto de la primera mercantil. La segunda empresa, por su parte, abrió posteriormente otra gasolinera en los terrenos situados justamente al otro lado de la autovía, en la trasera de las instalaciones de la Cooperativa Casi.
Venzal, ocho funcionarios y un técnico ajeno a la administración fueron citados a declarar en calidad de «querellados» tras la admisión a trámite del escrito de querella. Sin embargo, la toma de declaración fue suspendida tras la admisión a trámite de un recurso de uno de los letrados defensores, que solicitaba posponer las declaraciones en tanto en cuanto el Juzgado y los letrados personados no tuvieran acceso a la copia íntegra del expediente objeto de la querella. La suspensión se produjo de forma verbal y pocos minutos antes de que se iniciara la ronda de comparecencias.
El caso dio un giro en febrero del pasado año, cuando, en un caso poco habitual, el querellante retiró la denuncia y solicitó el archivo de la causa. La retirada de la querella no significaba el archivo automático. Al tratarse, la investigación, sobre presuntos delitos de carácter público, el Ministerio Fiscal podría interesar la continuación de la investigación y, por lo tanto, desestimar la pretensión del querellante de archivar y sobreseer la causa en instrucción. Además, el PSOE también se encontraba personado en la causa y reclamó en marzo su traslado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dado el aforamiento de Venzal, entonces recién elegido diputado autonómico.
Ahora, el auto que decreta el sobreseimiento de la causa y el archivo de la investigación -que puede ser recurrido por las partes- cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal, que asegura en su informe, emitido precisamente sobre la idoneidad o no de continuar con la investigación, que se trata de una cuestión «administrativa» y que, por lo tanto, la penal debe cerrarse «por aplicación del principio de intervención mínima».