EL ALZA DE LA INFLAMACIÓN PONE A PRUEBA LA COMPETIVIDAD DE LA ECONOMÍA.
A,B,C
La apreciación del crudo y el diferencial
negativo con la Eurozona afecta a las empresas y amenaza al poder
adquisitivo de nóminas y pensiones
Más
allá de la desaceleración del crecimiento o de que haya o no nuevos
Presupuestos, la economía española enfrenta este año un cambio
trascendental frente a otros ejercicios. La inflación, desaparecida
desde 2013, ha vuelto a entrar en escena y ha subido a un nivel que no
se veía desde octubre de 2012, cuando el Gobierno subió el IVA, lo que
provocó un alza de precios generalizada de los productos. Un
acontecimiento que pondrá a prueba la mejora de la competitividad de la
economía española que se ha dado en los últimos años por factores
estructurales pero también coyunturales –como la bajada del precio del
petróleo y de los tipos de interés–.
Uno de los principales vientos de cola, el abaratamiento del petróleo, desaparece. La apreciación del crudo es la razón del repentino incremento de la inflación. Desde que a finales de noviembre los países productores de la OPEP decidieran recortar la producción de crudo, el precio medio del barril de crudo Brent subió del entorno de los 42 dólares de media en noviembre, a los casi 50 dólares de diciembre. La inflación, por su parte, pasó del 0,7% en el que estaba en noviembre al 1,8% de diciembre. Mientras tanto, la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, se mantuvo estable en el entorno del 1%. Ello muestra que la inflación repunta por el crudo, producto del que España importa un 99% de lo que consume.
Se pone así fin a una anomalía en los últimos años: que España tenga una inflación negativa. Desde que se creó el euro en 2002, la inflación media en el país ha sido del 1,9% cada año. La recuperación de la economía española, que volvió al crecimiento en 2014, ha ido acompañada del abaratamiento del petróleo. En 2017, cuando los principales servicios de estudios pronostican que la inflación de media cerrará el año con un 2% de media, la economía española pondrá a prueba su ganada competitividad volviendo a enfrentar uno de sus viejos vicios.
«Mientras la inflación era negativa veíamos una
transferencia de renta de los países productores a España por el crudo.
Ahora España perderá renta y competitividad», sostiene Miguel Cardoso,
economista jefe para España de BBVA Research.
La reducción del déficit comercial, por ejemplo, achacará este nuevo escenario. Ya lo hizo en la fase final de 2016, cuando se dispararon las importaciones de crudo lo que empujó a que el déficit comercial en diciembre aumentara un 36,4%. Cardoso calcula que el 40% de la caída de las importaciones que se produjo durante la crisis fue por el aumento de la competitividad de la economía. Al aumentar la inflación, también subirán los costes de las empresas, lo que perjudica a las firmas españolas. Sobre todo en un momento en el que la inflación nacional ha vuelto a superar a la de la Eurozona (en el 2% en febrero frente al 3% de España), tras tres años por debajo. El país exporta el 50% de sus ventas a la zona euro y las empresas europeas son las grandes competidoras de las nacionales. Cardoso apunta que el sector turístico puede verse afectado, especialmente si sube precios y los países competidores de España vuelven a recobrar la seguridad y estabilidad.
La pérdida de competitividad con la Eurozona llega en mala hora: justo cuando patronal y sindicatos negocian acordar las alzas salariales. UGT y CCOO piden subidas de hasta el 3% mientras que CEOE las acota al 2%. «Pero si la productividad no sube al mismo ritmo, las empresas deberán sacrificar márgenes, reducir inversión y contratación o aumentar precios», incide Cardoso. Quienes perderán poder adquisitivo son los pensionistas: el Gobierno solo revalorizó sus retribuciones para este año un 0,25%, como marca la Ley. Los funcionarios, en negociación para evitar la congelación de sueldos, también contemplan con temor el alza del IPC.
El aumento de la precios traerá a su vez un incremento de las rentabilidades, lo que incentivará al ahorro y a la inversión para tratar de combatir la pérdida de poder adquisitivo. «Esto será positivo para el inmobiliario ante los bajos tipos de interés», incide Cardoso. Como una de las escasas noticias positivas, reducir el déficit público será menos complicado: al subir los precios, la recaudación de los impuestos que gravan el consumo o a los sueldos (que también subirán más) se incrementa con más facilidad. Pero todo parece indicar que, en retrospectiva, apreciaremos cada vez más los años que España no tuvo inflación.
Uno de los principales vientos de cola, el abaratamiento del petróleo, desaparece. La apreciación del crudo es la razón del repentino incremento de la inflación. Desde que a finales de noviembre los países productores de la OPEP decidieran recortar la producción de crudo, el precio medio del barril de crudo Brent subió del entorno de los 42 dólares de media en noviembre, a los casi 50 dólares de diciembre. La inflación, por su parte, pasó del 0,7% en el que estaba en noviembre al 1,8% de diciembre. Mientras tanto, la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, se mantuvo estable en el entorno del 1%. Ello muestra que la inflación repunta por el crudo, producto del que España importa un 99% de lo que consume.
Se pone así fin a una anomalía en los últimos años: que España tenga una inflación negativa. Desde que se creó el euro en 2002, la inflación media en el país ha sido del 1,9% cada año. La recuperación de la economía española, que volvió al crecimiento en 2014, ha ido acompañada del abaratamiento del petróleo. En 2017, cuando los principales servicios de estudios pronostican que la inflación de media cerrará el año con un 2% de media, la economía española pondrá a prueba su ganada competitividad volviendo a enfrentar uno de sus viejos vicios.
La reducción del déficit comercial, por ejemplo, achacará este nuevo escenario. Ya lo hizo en la fase final de 2016, cuando se dispararon las importaciones de crudo lo que empujó a que el déficit comercial en diciembre aumentara un 36,4%. Cardoso calcula que el 40% de la caída de las importaciones que se produjo durante la crisis fue por el aumento de la competitividad de la economía. Al aumentar la inflación, también subirán los costes de las empresas, lo que perjudica a las firmas españolas. Sobre todo en un momento en el que la inflación nacional ha vuelto a superar a la de la Eurozona (en el 2% en febrero frente al 3% de España), tras tres años por debajo. El país exporta el 50% de sus ventas a la zona euro y las empresas europeas son las grandes competidoras de las nacionales. Cardoso apunta que el sector turístico puede verse afectado, especialmente si sube precios y los países competidores de España vuelven a recobrar la seguridad y estabilidad.
La pérdida de competitividad con la Eurozona llega en mala hora: justo cuando patronal y sindicatos negocian acordar las alzas salariales. UGT y CCOO piden subidas de hasta el 3% mientras que CEOE las acota al 2%. «Pero si la productividad no sube al mismo ritmo, las empresas deberán sacrificar márgenes, reducir inversión y contratación o aumentar precios», incide Cardoso. Quienes perderán poder adquisitivo son los pensionistas: el Gobierno solo revalorizó sus retribuciones para este año un 0,25%, como marca la Ley. Los funcionarios, en negociación para evitar la congelación de sueldos, también contemplan con temor el alza del IPC.
El aumento de la precios traerá a su vez un incremento de las rentabilidades, lo que incentivará al ahorro y a la inversión para tratar de combatir la pérdida de poder adquisitivo. «Esto será positivo para el inmobiliario ante los bajos tipos de interés», incide Cardoso. Como una de las escasas noticias positivas, reducir el déficit público será menos complicado: al subir los precios, la recaudación de los impuestos que gravan el consumo o a los sueldos (que también subirán más) se incrementa con más facilidad. Pero todo parece indicar que, en retrospectiva, apreciaremos cada vez más los años que España no tuvo inflación.
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