DOS MESES PARA CAMBIAR 44.000 ANTENAS
Una normativa europea obliga a modificar el
espacio radioeléctrico para dejar sitio al 4G El coste de la
modificación de los receptores de señal correrá a cargo de los vecinos
La Televisión Digital Terrestre se prepara para un nuevo cambio.
Las cadenas públicas y privadas deben abandonar los diales que
actualmente ocupan en el espectro radioeléctrico para dejar espacio al
4G, la señal de internet para móviles ultrarrápida. Una mudanza que
obligará a adecuar la recepción de la señal de todos los edificios,
comunitarios e individuales, y cuyo coste correrá a cargo del consumidor
una vez más. En Granada, son unas 44.000 las fincas afectadas. Se trata
del número de edificios en la provincia con tres o más plantas, según
los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). O lo que es lo
mismo, unas 44.000 comunidades de vecinos. El cambio no afectará, en un
principio, a las viviendas unifamiliares.
Este cambio está motivado por la decisión de la Comisión Europea de reservar el uso de la banda de 790-862 MHz, el llamado Dividendo Digital, para el 4G en toda Europa. Pero, actualmente, en estas frecuencias emiten algunos canales de televisión. Una normativa que España, tras muchos retrasos, debe cumplir antes del 31 de diciembre de 2014. Si las instalaciones habilitadas para recibir las emisiones no se acondicionan, los usuarios se quedarán sin ver la televisión el próximo el 1 de enero, al menos los canales obligados a migrar.
Serán los propios ciudadanos los que tendrán que contactar con las empresas cualificadas para manipular las antenas. En poco más de tres meses, las empresas que ofrecen este servicio en Granada tendrán que visitar esos 44.000 edificios. Esto equivale a una media de 488 fincas al día. "Una verdadera proeza", señala José Manuel Muñiz, director general de Faitel (Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones). "Este plazo es casi irreal. Entre otras cosas porque la sociedad en general desconoce qué es el Dividendo Digital y lo que implica en cada caso". Desde Faitel aseguran que, "posiblemente", no haya que cambiar el 100% de las antenas, aunque el porcentaje girará en torno al 80 o 90%. No obstante, "los instaladores sí tendrán que visitar todos los edificios de la ciudad para verificar su estado".
Hasta que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no apruebe el Plan Técnico de la TDT con el nuevo mapa de frecuencias, los instaladores no podrán empezar a trabajar. "Los más perjudicados en todo el proceso están siendo una vez más los consumidores. Al paso que vamos, muchos de ellos se quedarán sin ver la televisión el 1 de enero de 2015", apunta José Manuel Muñiz. Es cierto que existe un borrador desde julio, pero éste no es definitivo. José Manuel Soria, ministro de Industria, no da ninguna fecha fija para la aprobación del texto definitivo, aunque, según anunció recientemente, calcula que se hará "en unas semanas".
El gasto por la modificación de las antenas correrá a cargo de los propios ciudadanos. En un primer momento, se habló de entre 20 y 25 euros por hogar. Fuentes de Faitel aseguran que este cálculo "es un error". El estado y la antigüedad de las antenas y sus equipamientos y la distancia que tenga que recorrer el instalador para llegar a la vivienda que solicite el servicio determinarán, principalmente, el precio final. "Es tan difícil dar el cálculo aproximado como encontrar dos bloques iguales", apunta Muñiz, director general de Faitel.
En 2011, el Estado obtuvo con la subasta de las licencias de telefonía móvil 4G unos 1.800 millones de euros. "El Gobierno se comprometió a utilizar este dinero para ayudar al consumidor a pagar la adaptación de sus antenas, pero esta partida se ha usado con otro propósito y hoy la hucha está vacía", comenta Enrique Piñero, abogado de Facua.
En esta línea, Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, remarca la importancia de pedir un presupuesto antes de contratar el servicio. "La desinformación es total. La mayoría de los usuarios desconocen qué es el Dividendo Digital y cómo le afectará", aclara Moreno. "Habrá casos de personas mayores que el 1 de enero no puedan ver la televisión y no sepan por qué".
Tanto Faitel como las asociaciones de consumidores coinciden en la preocupación por el intrusismo. La demanda supera con creces la oferta existente y desde Faitel aseguran que es inviable la creación de nuevas empresas para este propósito exclusivamente. Esto puede provocar que aparezcan "falsos profesionales y chapuzas". "Hay que advertir a los ciudadanos para que comprueben si los instaladores que contraten están acreditados para esta labor. Esto es muy importante, sobre todo en caso de reclamación", explica Juan Moreno. "Se avecina una gran tormenta".
Enrique Piñero, representante de Facua, se lamenta por la "mala planificación" del Gobierno central. En 2010, el apagón analógico obligó al consumidor a invertir en nuevos televisores o en descodificadores. Cuatro años después, son las antenas; y "ya se rumorea de otro posible cambio dentro de unos cinco años": "Si se hubiese hecho bien desde el principio no habría estos problemas, sobre todo porque es el usuario el que paga la mala planificación", anuncia el abogado.
Además, Piñero remarca que, en el campo de la televisión, "el ciudadano no se va a beneficiar en nada" con este nuevo cambio: "Hay usuarios que nunca van a usar el 4G y, sin embargo, tienen que pagar ahora por su instalación". En la misma línea, el representante de Facua remarca que "el 4G no es gratis", es decir, que aquellas personas que contraten el servicio deberán pagar aparte la cuota correspondiente a su compañía de teléfono. Demasiadas incógnitas para un proyecto con una fecha límite "innegociable" según palabras del propio ministro Soria.
Este cambio está motivado por la decisión de la Comisión Europea de reservar el uso de la banda de 790-862 MHz, el llamado Dividendo Digital, para el 4G en toda Europa. Pero, actualmente, en estas frecuencias emiten algunos canales de televisión. Una normativa que España, tras muchos retrasos, debe cumplir antes del 31 de diciembre de 2014. Si las instalaciones habilitadas para recibir las emisiones no se acondicionan, los usuarios se quedarán sin ver la televisión el próximo el 1 de enero, al menos los canales obligados a migrar.
Serán los propios ciudadanos los que tendrán que contactar con las empresas cualificadas para manipular las antenas. En poco más de tres meses, las empresas que ofrecen este servicio en Granada tendrán que visitar esos 44.000 edificios. Esto equivale a una media de 488 fincas al día. "Una verdadera proeza", señala José Manuel Muñiz, director general de Faitel (Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones). "Este plazo es casi irreal. Entre otras cosas porque la sociedad en general desconoce qué es el Dividendo Digital y lo que implica en cada caso". Desde Faitel aseguran que, "posiblemente", no haya que cambiar el 100% de las antenas, aunque el porcentaje girará en torno al 80 o 90%. No obstante, "los instaladores sí tendrán que visitar todos los edificios de la ciudad para verificar su estado".
Hasta que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no apruebe el Plan Técnico de la TDT con el nuevo mapa de frecuencias, los instaladores no podrán empezar a trabajar. "Los más perjudicados en todo el proceso están siendo una vez más los consumidores. Al paso que vamos, muchos de ellos se quedarán sin ver la televisión el 1 de enero de 2015", apunta José Manuel Muñiz. Es cierto que existe un borrador desde julio, pero éste no es definitivo. José Manuel Soria, ministro de Industria, no da ninguna fecha fija para la aprobación del texto definitivo, aunque, según anunció recientemente, calcula que se hará "en unas semanas".
El gasto por la modificación de las antenas correrá a cargo de los propios ciudadanos. En un primer momento, se habló de entre 20 y 25 euros por hogar. Fuentes de Faitel aseguran que este cálculo "es un error". El estado y la antigüedad de las antenas y sus equipamientos y la distancia que tenga que recorrer el instalador para llegar a la vivienda que solicite el servicio determinarán, principalmente, el precio final. "Es tan difícil dar el cálculo aproximado como encontrar dos bloques iguales", apunta Muñiz, director general de Faitel.
En 2011, el Estado obtuvo con la subasta de las licencias de telefonía móvil 4G unos 1.800 millones de euros. "El Gobierno se comprometió a utilizar este dinero para ayudar al consumidor a pagar la adaptación de sus antenas, pero esta partida se ha usado con otro propósito y hoy la hucha está vacía", comenta Enrique Piñero, abogado de Facua.
En esta línea, Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, remarca la importancia de pedir un presupuesto antes de contratar el servicio. "La desinformación es total. La mayoría de los usuarios desconocen qué es el Dividendo Digital y cómo le afectará", aclara Moreno. "Habrá casos de personas mayores que el 1 de enero no puedan ver la televisión y no sepan por qué".
Tanto Faitel como las asociaciones de consumidores coinciden en la preocupación por el intrusismo. La demanda supera con creces la oferta existente y desde Faitel aseguran que es inviable la creación de nuevas empresas para este propósito exclusivamente. Esto puede provocar que aparezcan "falsos profesionales y chapuzas". "Hay que advertir a los ciudadanos para que comprueben si los instaladores que contraten están acreditados para esta labor. Esto es muy importante, sobre todo en caso de reclamación", explica Juan Moreno. "Se avecina una gran tormenta".
Enrique Piñero, representante de Facua, se lamenta por la "mala planificación" del Gobierno central. En 2010, el apagón analógico obligó al consumidor a invertir en nuevos televisores o en descodificadores. Cuatro años después, son las antenas; y "ya se rumorea de otro posible cambio dentro de unos cinco años": "Si se hubiese hecho bien desde el principio no habría estos problemas, sobre todo porque es el usuario el que paga la mala planificación", anuncia el abogado.
Además, Piñero remarca que, en el campo de la televisión, "el ciudadano no se va a beneficiar en nada" con este nuevo cambio: "Hay usuarios que nunca van a usar el 4G y, sin embargo, tienen que pagar ahora por su instalación". En la misma línea, el representante de Facua remarca que "el 4G no es gratis", es decir, que aquellas personas que contraten el servicio deberán pagar aparte la cuota correspondiente a su compañía de teléfono. Demasiadas incógnitas para un proyecto con una fecha límite "innegociable" según palabras del propio ministro Soria.
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