HOY.ES
-
La mayoría de las denuncias conllevan una sanción administrativa que no se cobra, pero en otros casos puede acarrear penas de prisión
«Qué quiere usted, que siga aquí aparcando coches o que me dedique a
robar». Esa es la respuesta que escuchan casi a diario los agentes de la
Policía Local que actúan contra los aparcacoches ilegales que existen
en la ciudad. Sólo el año pasado formularon 232 denuncias contra
personas que ejercían esta actividad en la calle, unas actas
administrativas que no han conseguido acabar con un fenómeno que genera
opiniones enfrentadas.
Para confirmar que esta práctica ilegal persiste basta darse una vuelta por Badajoz. Ronda del Pilar, Saavedra Palmeiro, los alrededores de la Jefatura de Tráfico, Clideba, el mercadillo de los domingos... Pocas son las barriadas que escapan.
«Desde hace años se ven en Saavedra Palmeiro, eso era lo habitual, pero ahora nos los encontramos en Nicolás López de Velasco, en San Isidro, en Rafael Lucenqui... Están en la misma puerta de nuestras casas», se queja José Manuel Garófano, uno de los representantes más destacados de la asociación de vecinos de Santa Marina. Cuando se le pregunta si los 'gorrillas' son respetuosos, Garófano no se atreve a generalizar, pero sí advierte de que todo depende de «si necesitan dinero para comprar droga o no».
También se muestra cauto el presidente de la asociación de vecinos del Casco Antiguo, José María Soriano. «La norma general no puede ser ir a por ellos, porque hay aparcacoches que de verdad utilizan el dinero para comer. Conozco a algunos que son así, pero hay otros que efectivamente usan el dinero para cosas feas, para drogas. ¡Yo lo tengo clarísimo! Cuando los veo subir a comprar droga no vuelvo a colaborar con ellos».
La opinión de Soriano sobre los 'gorrillas' es bastante benévola. «Hay gente que verdaderamente no se mete con nadie, en general son gente pacífica que lo pasa mal y necesita esa ayuda».
Esa directriz permite que cuando un aparcacoches que es denunciado vuelve a ser sorprendido en el mismo lugar quince o veinte minutos después ejerciendo la misma actividad, se pueda formular contra él una denuncia judicial por una falta de desobediencia a agente de la autoridad. «Eso se castiga con una multa máxima de 20 días a razón de 2,5 euros diarios. No es mucho dinero, pero si no pagan incurren en un quebrantamiento de condena que conlleva un día de cárcel por cada dos días de impago», aclara.
En esos casos, es frecuente que el 'gorrila' que ingresa en prisión arrastre varias condenas de este tipo, por lo que llega a permanecer hasta tres y cuatro meses privado de libertad.
Durante el año 2014 hubo 17 denuncias penales contra aparcacoches ilegales. En los 217 casos restantes el incumplimiento se resolvió con sanciones económicas que no se llegaron a ejecutar porque los infractores son insolventes.
La Policía Local es consciente de que la aplicación de la ordenanza y del Código Penal no terminará con el problema de los 'gorrillas', pero sí destaca el hecho de que esta práctica no vaya a más. «Al menos se ha conseguido controlar y que no aumente. Quienes se dedican a esto saben que en Badajoz se da duro y eso nos ha permitido lograr que la cifra de aparcacoches ilegales se haya estabilizado en los 20 o 25 habituales», destaca Antonio Nogales.
Los agentes son inflexibles con quienes causan problemas, especialmente con los que amenazan o se ponen violentos. «El aparcacoches se enfrenta a una posible pena de hasta tres años de cárcel si un ciudadano denuncia que le han amenazado con hacer daño a su coche. Y cuando opone resistencia al policía que actúa contra ellos se considera que comete un delito de desobediencia o incluso un atentado a agente de la autoridad que puede acarrear hasta cinco años de cárcel».
La teoría es clara, pero el temor a sufrir represalias hace que en la práctica sean pocos los ciudadanos que se atreven a realizar una denuncia policial contra los 'gorrillas'. En otros casos, el problema es la inseguridad que generan los enfrentamientos entre aparcacoches que pugnan por el control de la actividad en las principales avenidas.
Esas guerras se agravan cuando un aparcacoches que ha ingresado en prisión sale en libertad y pretende regresar a la zona en la que ejercía su actividad. En esos casos los conflictos acaban en agresiones físicas que aumentan el rechazo vecinal.
Para confirmar que esta práctica ilegal persiste basta darse una vuelta por Badajoz. Ronda del Pilar, Saavedra Palmeiro, los alrededores de la Jefatura de Tráfico, Clideba, el mercadillo de los domingos... Pocas son las barriadas que escapan.
«Desde hace años se ven en Saavedra Palmeiro, eso era lo habitual, pero ahora nos los encontramos en Nicolás López de Velasco, en San Isidro, en Rafael Lucenqui... Están en la misma puerta de nuestras casas», se queja José Manuel Garófano, uno de los representantes más destacados de la asociación de vecinos de Santa Marina. Cuando se le pregunta si los 'gorrillas' son respetuosos, Garófano no se atreve a generalizar, pero sí advierte de que todo depende de «si necesitan dinero para comprar droga o no».
También se muestra cauto el presidente de la asociación de vecinos del Casco Antiguo, José María Soriano. «La norma general no puede ser ir a por ellos, porque hay aparcacoches que de verdad utilizan el dinero para comer. Conozco a algunos que son así, pero hay otros que efectivamente usan el dinero para cosas feas, para drogas. ¡Yo lo tengo clarísimo! Cuando los veo subir a comprar droga no vuelvo a colaborar con ellos».
La opinión de Soriano sobre los 'gorrillas' es bastante benévola. «Hay gente que verdaderamente no se mete con nadie, en general son gente pacífica que lo pasa mal y necesita esa ayuda».
Una ordenanza dura
La ordenanza de Policía Urbana del Ayuntamiento de Badajoz deja claro
que en el casco urbano de la ciudad no se permite la actuación de los
aparcacoches ilegales, por lo que incluye un artículo en el que se
contempla una multa mínima de 750 que alcanza los 1.500 cuando se trata
de un reincidente. «¿Pero quién le cobra ese dinero a alguien que no
tiene ingresos? Por eso se llegó a un acuerdo con la Fiscalía y el
Decanato para que el procedimiento administrativo se pueda transformar
en un proceso penal», explica Antonio Nogales, segundo jefe de la
Policía Local de Badajoz.Esa directriz permite que cuando un aparcacoches que es denunciado vuelve a ser sorprendido en el mismo lugar quince o veinte minutos después ejerciendo la misma actividad, se pueda formular contra él una denuncia judicial por una falta de desobediencia a agente de la autoridad. «Eso se castiga con una multa máxima de 20 días a razón de 2,5 euros diarios. No es mucho dinero, pero si no pagan incurren en un quebrantamiento de condena que conlleva un día de cárcel por cada dos días de impago», aclara.
En esos casos, es frecuente que el 'gorrila' que ingresa en prisión arrastre varias condenas de este tipo, por lo que llega a permanecer hasta tres y cuatro meses privado de libertad.
Durante el año 2014 hubo 17 denuncias penales contra aparcacoches ilegales. En los 217 casos restantes el incumplimiento se resolvió con sanciones económicas que no se llegaron a ejecutar porque los infractores son insolventes.
La Policía Local es consciente de que la aplicación de la ordenanza y del Código Penal no terminará con el problema de los 'gorrillas', pero sí destaca el hecho de que esta práctica no vaya a más. «Al menos se ha conseguido controlar y que no aumente. Quienes se dedican a esto saben que en Badajoz se da duro y eso nos ha permitido lograr que la cifra de aparcacoches ilegales se haya estabilizado en los 20 o 25 habituales», destaca Antonio Nogales.
Los agentes son inflexibles con quienes causan problemas, especialmente con los que amenazan o se ponen violentos. «El aparcacoches se enfrenta a una posible pena de hasta tres años de cárcel si un ciudadano denuncia que le han amenazado con hacer daño a su coche. Y cuando opone resistencia al policía que actúa contra ellos se considera que comete un delito de desobediencia o incluso un atentado a agente de la autoridad que puede acarrear hasta cinco años de cárcel».
La teoría es clara, pero el temor a sufrir represalias hace que en la práctica sean pocos los ciudadanos que se atreven a realizar una denuncia policial contra los 'gorrillas'. En otros casos, el problema es la inseguridad que generan los enfrentamientos entre aparcacoches que pugnan por el control de la actividad en las principales avenidas.
Esas guerras se agravan cuando un aparcacoches que ha ingresado en prisión sale en libertad y pretende regresar a la zona en la que ejercía su actividad. En esos casos los conflictos acaban en agresiones físicas que aumentan el rechazo vecinal.
La alternativa de los legales
Desde la Policía Local siguen estudiándose posibles alternativas y en
estas semanas se mantendrán reuniones para analizar la posibilidad de
que los gorrillas legales sustituyan a los ilegales en algunas de las
principales vías de la ciudad. «Tienen la ventaja de que están dados de
alta, de que vigilan los coches, de que transmiten seguridad... Pero
también es cierto que algunos vecinos rechazan esta opción y no es la
primera vez que fracasan. Hay que tener en cuenta que cuando los
aparcacoches legales trabajan en viales públicos el pago es voluntario».
Comentarios
Publicar un comentario