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EL SECTOR AGROALIMENTARIO PIERDE 180 MILLONES EN UN AÑO POR EL VETO RUSO


La consecuencia al cierre fronterizo ha sido una caída de precios de hasta el 75% La campaña del pepino, la más voluminosa en la Costa, descendió principalmente por la decisión de Moscú
ROSA FERNÁNDEZ GRANADA | ACTUALIZADO 31.08.2015 - 01:00
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Los agricultores aseguran que los efectos del veto ruso han sido "devastadores".
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Los precios en origen también se han hundido.
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Imagen de una de las cooperativas agrarias de la Costa Tropical.
Es como una enfermedad, que sabes que está ahí y que te perjudica, pero aprendes a vivir con ella. Algo así ha pensado el sector primario después de doce meses del veto ruso, que para más inri se va a extender durante un año más, en concreto, hasta agosto de 2016. De momento. 

En términos provinciales, hasta un 20% de la producción del sector agrícola de Granada se habría perdido por el cierre de fronteras, según Cooperativas Agroalimentarias (si se tienen en cuenta las ventas indirectas), lo que supondría unos 180 millones de euros. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el cierre fronterizo ha causado "estragos" en la agricultura granadina. 

En agosto de 2014, Vladimir Putin anunciaba la prohibición de importar determinados productos a Rusia entre los que se incluían las frutas y hortalizas, una decisión que provocó una importante caída de precios al cerrarse de repente un destino de exportación de estos alimentos. La situación ocasionó graves perturbaciones en el mercado que afectaron especialmente al sector hortofrutícola, que tiene un peso del 42% en la agricultura granadina, ya que se trataba de una época del año en la que se cosechan grandes cantidades de productos perecederos. 

Ante la insuficiencia de las medidas habituales disponibles para reequilibrar la situación del mercado y con la intención de evitar incidencias más graves o prolongadas, la UE puso en marcha, por el procedimiento de urgencia, medidas extraordinarias de carácter temporal dirigidas a apoyar al sector de las frutas y hortalizas. Así, se establecieron inicialmente unas compensaciones para determinados alimentos que se consideraban afectados. Posteriormente, se modificó este plazo y los productos que podían acogerse a las ayudas para ampliar ambos conceptos y dar así una mayor respuesta a las consecuencias negativas que venían sufriendo los productores. Sin embargo, a los afectados, las medidas adoptadas les han parecido "insuficientes" ante la magnitud de los daños. 

El director de Cooperativas Agroalimentarias, Gustavo Ródenas, explica que "se ha confirmado lo que apuntábamos y es que aunque representaba un 20% en algunos productos, según datos de la administración estatal y autonómica, no se detectaba en las estadísticas oficiales, puesto que se comercializaba en gran parte por medio de intermediarios". También se sabe ya que ha tenido "un efecto devastador" en determinadas campañas y que "afecta y sigue afectando" al campo de la provincia. Las frutas de hueso o el pepino (éste solo mueve 200.000 toneladas y cien millones de euros) son ejemplos de ello, con el consiguiente batacazo en sus campañas. 

La buena noticia es que se ha empezado a abrir la puerta de otros mercados y que se ha conseguido darle salida a todo el producto. Pero el problema es, ¿a qué precio?. Y nunca mejor dicho, puesto que su valor ha caído en picado, registrando descensos de hasta el 75%. 

Ródenas contesta de forma afirmativa a la pregunta de si ha pasado tanto como se esperaba. "El resultado es que en toda España, y en Granada también, se llenaron las cámaras de producto. Ha habido agricultores a los que no les merecía la pena recoger el producto, o si lo hacían percibían precios muy bajos, por lo que al final la situación ha repercutido en el empleo y en toda la economía del sector". 

Según COAG, el veto ruso ha supuesto pérdidas económicas de unos 1.000 millones en Andalucía, de las que el 18% corresponderían a Granada. 

La cooperativa El Grupo, de Castell de Ferro, es una de las empresas de la comunidad autónoma más afectadas por el veto de Rusia. La firma, en la que participan 340 cooperativistas, comercializa productos de una superficie cultivada de 450 hectáreas y mantiene 310 puestos de trabajo. Unas 44.000 toneladas de productos, entre los que se encuentran pepino holandés, tomate cherry, pimiento italiano, judía verde, sandía o espárrago, que se venden a diversos mercados, no sólo el nacional, sino también a otros países como Alemania, Inglaterra, Francia o Polonia. Después de más de una década de trabajo, consiguieron abrir el mercado ruso. 

El presidente de la cooperativa granadina integrada desde 2011 en Única Group, Fulgencio Torres, asegura que la decisión de Putin de prohibir la importación de productos perecederos procedentes de Occidente "nos ha afectado mucho" durante este año. 

Torres considera que es muy difícil cifrar el impacto. No obstante, se calcula que la importancia que tenía para la empresa el mercado ruso alcanzaba el 25%, por lo que para una facturación de 45 millones de euros, se podían estar hablando de 11,25 millones, "aunque es complicado extraer de los balances, puesto que la venta se solía hacer de forma indirecta". 

Fulgencio Torres lamenta que los perjuicios no sólo hayan sido los propios de encontrarse con una producción que hay que 'colocar' en otros sitios, sino que además "las grandes cadenas de distribución se han aprovechado para bajar los precios y seguir todo el tiempo en esa dinámica".

Efectivamente, éste es uno de los grandes caballos de batalla para el sector. "Los precios en origen se han hundido con la colaboración necesaria de la especulación por parte de intermediarios y las grandes cadenas de distribución europeas, que han aprovechado el veto ruso para bajar los precios al productor sin repercutir esa bajada al consumidor, obteniendo unos márgenes comerciales desorbitados", asegura Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG Granada. Ante esta situación, la organización agraria reclama al Gobierno una aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena Alimentaria e insta a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) a abrir una investigación para evitar la especulación y sancionar a todas aquellas cadenas de distribución que utilicen prácticas comerciales abusivas e ilegales. Asimismo, se pide responsabilidad a la distribución para ajustar sus márgenes y fomentar de esta manera el consumo. 

Para COAG, las repercusiones del veto ruso siguen siendo palpables en las pizarras agrícolas, con precios muy por debajo a los costes de producción. De ahí que pidan que se aumenten los precios de retirada, que son irrisorios, pues se establecen 11 céntimos por el kilo de pepino o 31 para el tomate. 

Además, se dan circunstancias como que el tomate cherry, tan importante en la Costa, no lo diferencia la medida europea a la hora de pagar por su retirada, y lo engloba dentro de la categoría de tomate, aunque su coste de producción es muy superior. De ahí que, según Monferrer, sean pocos los agricultores que estén retirando producto. Sin embargo, el secretario de COAG valora que el decreto exista, "pues en caso contrario, se producirían más abusos". 

Por su parte, Asaja recuerda que el sector primario, y especialmente el de frutas y hortalizas, ha sido el gran perjudicado por este veto, y a pesar de que la UE puso en marcha mecanismos de gestión de crisis, "éstos no han resultado eficaces para compensar las pérdidas que ha padecido el sector". Por otro lado, denuncia que los países competidores de las producciones se están posicionando en estos mercados que eran netamente españoles, vía directa o a través de otros países europeos. 

Cooperativas Agroalimentarias de Granada se reunió el pasado mes de noviembre con la eurodiputada Clara Aguilera para compartir los efectos del veto ruso en las exportaciones hortofrutícolas granadinas y su repercusión en los mercados, y defendió que las compensaciones europeas provengan de un fondo específico articulado para esta situación excepcional y no de los fondos de la PAC ni del fondo de reserva. 

Para Monferrer, "los agricultores españoles no pueden pagar, un año más, la factura de una crisis geopolítica. Es injusto e inaceptable". Y añade que "las dificultades que han de afrontar los productores hortofrutícolas, derivadas del veto ruso, se han generado por motivos ajenos al sector, por lo que las instituciones deben asumir estas consecuencias colaterales de sus decisiones y paliar sus efectos mientras duren. Las medidas contra el veto ruso han resultado escasas, dado que no todos los agricultores ha podido acogerse a ellas en las mismas condiciones". "Lo único que queremos es que se retire el veto ruso y que podamos vender otra vez" sin estas limitaciones.

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