IDEAL ALMERIA
La mina que originó el mayor
desastre ecológico de Andalucía volverá a abrir 15 años después con
todas las cautelas y el apoyo de todos los grupos políticos
Vista aérea de la tragedia en 1998 cuando los
lodos rompieron el muro de contensión de la mina y la zona del
Guadiamar regenerada. :: EFE
El Parlamento, a través de su diputación permanente, dará
el visto bueno esta semana al decreto ley que la Junta de Andalucía
aprobó el pasado 17 de diciembre para permitir la reapertura de la mina
de Aznalcóllar (Sevilla) a través de un concurso público. El proceso no
tendría más relevancia que la de hacer constar con otro proyecto la
nueva fiebre por el cobre y el interés que hay por la vieja zona
pirítica andaluza de Huelva y Sevilla, sino fuera porque esta mina
provocó en 1998 la peor catástrofe ecológica de Andalucía en su
historia.
El 25 de abril de 1998 la balsa de residuos de la mina que
la compañía sueca Boliden Apirsa explotaba en el municipio sevillano se
rompió inundando con más de seis millones de metros cúbicos de lodos
tóxicos toda la cuenca del río Guadiamar, colindante con el espacio de
Doñana (parque natural y parque nacional). La rápida actuación impidió
que el desastre afectara de forma irreversible a los acuíferos de la
reserva de la Biosfera. Un plan diseñado al alimón entre Gobierno y
Junta, con más de 200 millones de euros de gasto, limpió las 4.600
hectáreas contaminadas y convirtió el Guadiamar en un corredor ecológico
entre la sierra norte de Sevilla y las marismas del Guadalquivir.
Como consecuencia del desastre la mina cerró. En ella
trabajaban 450 personas de manera estable y otras 750 de forma eventual.
Resultó un palo para un municipio de algo más de 6.000 habitantes, que
no se ha recuperado desde entonces pese a las inversiones para que se
instalaran empresas.
Todos los grupos políticos parecen dispuestos a respaldar
esta segunda oportunidad a una población, la de Aznalcóllar, que a duras
penas puede sobrevivir con la crisis. El 35% de la población está en
paro. Desde que empezó a hablarse de la posible reapertura hace un año,
en el municipio esperan que sea un hecho «como agua de mayo», según ha
expresado el alcalde, Agapito Ramírez (IU), en varias ocasiones.
El complejo minero que se quiere explotar ocupa 950
hectáreas y cuenta con unas reservas de 35 millones de toneladas
constatadas y otros 45 millones probables de cobre, plomo y zinc, además
de oro y plata, según fuentes de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Tanto PP, como PSOE e IU darán el visto bueno, no sin
que el futuro adjudicatario de la explotación de la mina garantice que
una tragedia como la de 1998 no volverá a producirse.
Esta es la razón por la que el Consejo de Gobierno aprobó
el pasado 17 de diciembre un decreto ley mediante el cual la Comunidad
Autónoma se reserva los derechos del complejo minero de Aznalcóllar.
Bajo esta fórmula la Junta puede impulsar la reapertura de la mina a
través de un concurso en régimen de concurrencia competitiva y elegir el
proyecto que mejor cumpla las exigencias de seguridad y de viabilidad
técnica, económica y medioambiental.
La diputada del PP Carolina González Vigo ha defendido
durante años las políticas medioambientales de su partido en el
Parlamento como portavoz, aunque ahora desempeña otras
responsabilidades. Conoce bien la tragedia de Aznalcóllar y su
desarrollo, por la que opina que el PSOE, partido en el Gobierno
entonces y ahora, nunca asumió responsabilidad.
Errores del pasado
Afirma que su partido dará el sí a la reapertura, pero
advierte de que «los errores del pasado no pueden volver a producirse» y
reclama garantías de ello. El PP exige que la firma adjudicataria «no
tenga bajo ningún concepto ninguna relación con Boliden», ya que la
empresa sueca sigue dedicándose a la minería.
La Junta de Andalucía lleva tres lustros intentando sin
éxito que los tribunales le den la razón para que Boliden pague por el
desastre ecológico. Le reclama 90 millones de euros, pero el caso sigue
en los tribunales empantanado.
Tanto la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano,
como el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, han insistido en
que la Junta vigilará para que la concesión cumpla todas las garantías.
Ecologistas en Acción no está convencido de esto y anunció con acudir a
la Unión Europea para impedir la reapertura ante el temor de que vuelva a
poner en peligro el ecosistema de Doñana. El objetivo de la Junta es
que la explotación esté en marcha en 2015.
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