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LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS DEJA EN EL AIRE LA APERTURA DE LAS MINAS ALQUIFES

El matrimonio que vendió el suelo en 2008 ha iniciado los trámites para resolver el contrato y que les pueda ser revertido La empresa niega relación con ellos y defiende su titularidad
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Los pagos previstos para el 31 de diciembre de 2014 no han sido atendidos por Minas de Alquife SLU.

El proyecto para la reactivación de las Minas de Alquife sufrió ayer un revés que puede dejar en el aire su apertura por un debate sobre la propiedad de los terrenos mineros. Por un lado, el matrimonio Sánchez Ferre-Redondo Segura, anteriores propietarios de los terrenos donde se ubican las minas, remitió un comunicado informando de que por impago de las cantidades que quedaban pendientes por la compra en 2008 de los terrenos, había iniciado los trámites para revertir la titularidad de los mismos, por lo que la sociedad perdería su propiedad. Una situación que fue rebatida de inmediato por la empresa Minas de Alquife S.L.U., que negó tener relación contractual con la sociedad de gananciales formada por el matrimonio y aseguró tener la posesión de los terrenos de las minas de Alquife en virtud de acuerdos suscritos con las sociedades propietarias de los mismos.

El matrimonio anunció ayer que los pagos que quedaban pendientes (para el 31 de diciembre de 2014) por la compra de los terrenos "no han sido atendidos" y advirtió de que la sociedad que iba a explotarlos podría por tanto perder su propiedad al iniciar los trámites para "revertir" la propiedad, con lo que queda en el aire la reactivación de la actividad que pretendía la empresa para este mismo año al recibir la autorización ambiental de la Junta para el proyecto de explotación minera.

Según informaron en un comunicado, el 7 de marzo de 2008 el matrimonio Sánchez Ferre-Redondo Segura, dueño de la totalidad del conjunto minero de Alquife, vendió unas 700 hectáreas, del total de 1.643 hectáreas que en su día adjudicó el Juzgado de lo Social 1 de Granada a los mineros, a un consorcio que adquirió los terrenos a través de tres sociedades luxemburguesas. En la venta, el matrimonio se reservó expresamente la propiedad de los lodos, los residuos mineros y la chatarra provenientes de la anterior explotación, así como del archivo documental de la Compañía Andaluza de Minas, depositado en las instalaciones mineras del poblado.

Dado que una parte significativa del precio quedó aplazada, se estableció en las escrituras una condición resolutoria por la que el matrimonio recuperaría las fincas en caso de que no se atendiesen los pagos comprometidos, como así ha ocurrido, según informaron. Dado que los pagos previstos para el 31 de diciembre de 2014 no han sido atendidos, después de que al parecer el consorcio alegara falta de liquidez y solicitara un aplazamiento del pago hasta el 30 de junio de 2015, el matrimonio Sánchez Ferre-Redondo Segura ha procedido a ejecutar la condición resolutoria pactada a fin de recuperar los terrenos. De esta forma Minas de Alquife SLU quedaría sin ningún terreno en la zona, lo cual es "altamente relevante" para la resolución de las solicitudes de autorización de explotación minera formuladas por dicha sociedad.

Ante estas acusaciones, la empresa dijo que "ni Minas de Alquife S.L.U. ni su socia única Minas de Alquife Holding, B.V. tienen ningún tipo de relación contractual con la sociedad de gananciales formada por el matrimonio de Sánchez Ferre-Redondo Segura, por lo que no puede existir ningún de incumplimiento por parte de esta sociedad con respecto a los citados señores". Además, indican que les consta, por haberse publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que el señor Sánchez Ferre y su mujer se encuentran en situación de concurso necesario de acreedores, "lo que les inhabilita totalmente para la administración de sus bienes, al haber sido declarado el concurso a instancia de sus acreedores por impago generalizado de sus obligaciones".

Los representantes del matrimonio ya han puesto toda esta información en conocimiento de la Consejería de Economía, Empleo e Innovación de la Junta de Andalucía para que tome las medidas necesarias en orden a paralizar los expedientes administrativos que pudieran estar en vigor para autorizar la explotación minera. "Podría no sólo incurrir en temeridad otorgándola sino que además se daría lugar a una situación gravosa y perjudicial para el matrimonio, amén de que podría ser la autorización nula de pleno derecho", advierte. Asimismo, el matrimonio ha hecho saber a la Junta de Andalucía que actuará "con contundencia" en todos los frentes legales contra cualquier "intento especulativo" de transmisión.

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