*EL GOBIERNO TENDRÁ EN CUENTA A ANDALUCÍA PARA REFORMAR EL REGLAMENTO DE COSTA *
GRANADA HOY
El Gobierno central está preparando una nueva modificación del Reglamento de Costas, pero esta vez promete hacerlo contando con todas las comunidades autónomas con litoral, incluida Andalucía. Antes de aprobar la reforma, pedirá su opinión de forma oficial, algo que no ocurrió en el intento anterior. Este cambio llega después de que el Tribunal Supremo anulara en 2024 la reforma aprobada en 2022, precisamente porque no se había realizado el trámite obligatorio de consulta pública.
Según explica el Ejecutivo, el nuevo texto busca adaptarse a las exigencias de la Unión Europea en materia de transparencia y competencia, pero sin modificar aspectos clave como los criterios técnicos para delimitar la costa ni las concesiones que no tienen carácter económico. También asegura que no se reducirán los plazos actuales de concesión y que, en algunos casos, como los cultivos marinos, podrían ampliarse hasta 75 años.
A diferencia del intento anterior, el proceso sí ha incluido participación pública: primero una consulta previa en febrero y después un periodo de información pública entre marzo y abril. El Gobierno insiste en que se han respetado todos los plazos legales y que todavía queda por solicitar el informe del Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva.
Estas explicaciones llegan tras las dudas planteadas por diputadas del Partido Popular, Rosa Quintana Carballo y Ainhoa Molina, que cuestionaban la falta de transparencia, la brevedad de los plazos de consulta y el posible impacto en sectores como la pesca, la acuicultura o la industria del mar.
Frente común autonómico por una nueva ley
Varias comunidades autónomas con costa, entre las que se encuentra Andalucía, han unido fuerzas para reclamar algo más ambicioso: una nueva ley de costas, que aporte mayor seguridad jurídica y sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada región, según muestran en sus escritos.
En un encuentro celebrado en marzo, defendieron que la normativa actual necesita una reforma profunda que tenga en cuenta la realidad de cada territorio y que dé más peso a las autonomías en la gestión del litoral. Además, las comunidades han decidido crear un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva norma "con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular". La propuesta pasa por una ley que reordene las competencias, limite la acción del Estado en materias como los deslindes y obras de interés general y avance hacia una gestión principalmente autonómica del litoral español.
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