ALMUÑECAR TENDRÁ QUE RENUNCIAR A PROYECTOS PARA PAGAR UNA DEUDA DE 20 MILLONES. GRANADA HOY
Aseguran que estudiarán todas las vías posibles para reclamar a los responsables de firmar estos convenios ilegales
La luz al final del túnel tras un calvario de varias décadas en Cármenes del Mar
El futuro del desarrollo de Almuñécar es una gran incógnita tras conocerse la reclamación millonaria a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento tras un convenio urbanístico fallido en 2005. Una sentencia firme, sobre la que ya no cabe recurso, obliga al Consistorio a pagar 20 millones de euros a una promotora por un convenio que no salió adelante durante la etapa en la que el andalucista Juan Carlos Benavides era alcalde del municipio.
El Ayuntamiento y la empresa firmaron un convenio urbanístico mixto de planeamiento y gestión que estaba a expensas de la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que nunca se materializó. La empresa pagó 9,8 millones de euros para que el Consistorio aumentase en ese nuevo PGOU la edificabilidad de tres parcelas en la zona de Velilla-Taramay. Con el acuerdo firmado pretendían aprovechar los terrenos y pasar de los 48.630 metros cuadrados que ya tenía la mercantil en propiedad a otros 56.942 metros cuadrados pendientes que se sumarían que con la aprobación del documento normativo que planifica y ordena el territorio del municipio.
La mercantil INONSA, S.L., -que posteriormente absorbió Inmobiliaria Osuna- se comprometió a compensar al Consistorio con 14 millones de euros y la cesión de espacios dentro de las parcelas para la construcción de espacios verdes o infraestructuras municipales, que entregó al Ayuntamiento 4,8 millones de euros durante la firma del convenio. En 2007 se hizo otro pago de algo más de 5 millones, y en la fecha en la que se aprobó provisionalmente en el Pleno el PGOU, también se aprobó definitivamente el convenio. El último pago no llegó a realizarse porque quedó condicionado a la aprobación definitiva del planeamiento.
En una de las cláusulas se exponía que en caso de no aprobarse el documento del que dependía esta operación urbanística, el Ayuntamiento estaba obligado a devolver la cantidad entregada, con sus correspondientes intereses desde la notificación hasta la fecha total de devolución, por lo que dos décadas después la cuantía a la que tienen que hacer frente se ha duplicado y sigue aumentando por cada día que no liquidan la deuda. Además, el dinero estaba consignado en una cuenta de patrimonio municipal que, pese a que no podía utilizarse hasta que estuviese aprobado el PGOU de forma definitiva, se hizo uso de él, según indicó la promotora.
"Esta sentencia es totalmente distinta a las anteriores porque dice claramente que el convenio es ilegal desde su firma. En las anteriores sentencias que hemos recibido en el Ayuntamiento, hacen alguna cuestión a los planeamientos, a las aprobaciones del PGOU, pero esta dice claro que es ilegal desde su inicio", explica el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, quien apunta que desde el Partido Popular llevan años avisando que algo así iba a suceder. "Llevamos anunciándolo desde que Benavides empezó a firmar estos convenios en 2005. Lo hicimos por escrito, por registro oficial al Ayuntamiento y en el Juzgado, entonces creíamos que estos convenios eran ilegales, y la justicia nos ha dado la razón 20 años después, aunque tengamos que abonarlo ahora nosotros".
El responsable municipal apunta que la ley era clara entonces y estos movimientos urbanísticos no solo eran ilegales, "si firmabas algún tipo de convenio a futuro en el que el Ayuntamiento vendía sus derechos urbanísticos a una empresa privada, la ley decía taxativamente que ese dinero tenías que dejarlo consignado en una cuenta del Consistorio hasta que ese suelo se desarrollara. Algo que no sucedió y estamos teniendo que devolver millones de euros". El acuerdo de Torre Galera es el último mazazo que han recibido hasta la fecha, pero no el único, ya que en los últimos años han tenido que devolver cerca de 10 millones de euros por causas similares.
Sobre la última sentencia recibida, Ruiz Joya señala que "es un mazazo", al final el Ayuntamiento firmó un convenio con una empresa por la que le daba 56.000 metros cuadrados más de obra de la que tenía en el plan general. El Ayuntamiento se reservaba de esos 56.000 metros, el 50% y se lo volvió a vender a la empresa por 9.800.000 euros del 2005. Un hecho que, para el alcalde, es "totalmente ilegal, ilícito y que probablemente si ocurriera hoy en día, Juan Carlos Benavides tendría un problema con la justicia grave y no estaríamos hablando de esto".
Una sentencia que, como el responsable municipal reconoce, "pone en grave peligro los servicios públicos y la capacidad de inversión del Ayuntamiento". "Vamos a intentar sacar todo adelante. Nuestros proyectos están consolidados y con dinero en las partidas del presupuesto, tendremos una reunión con los servicios jurídicos para ver qué posibilidades tenemos de poder solventar esta cuestión. Ahora mismo desconocemos si hay alguna posibilidad de poder financiar esta cantidad de dinero. Lo que sí está claro es que pagar estos 20 millones de euros, nos van a mermar mucho los proyectos a futuro".
Una de las posibilidades que están estudiando para ver si pueden acogerse es el plan de contingencia del Estado, aunque en el hipotético caso de que puedan utilizar esta herramienta, el Ayuntamiento tendría que hacer frente a una consignación anual de unos tres millones de euros en los presupuestos municipales para hacer frente al pago. Por lo que reconoce que evidentemente la sentencia afectará a la capacidad de inversión del Ejecutivo local.
Pese a todo, el responsable municipal es optimista e incide que durante los últimos años han tenido grandes resultados en la Hacienda Pública, incluso, hace unos meses anunciaron que iban tenían más de cuatro millones de euros de remanentes de Tesorería. "Estamos viendo si nos podemos acoger a algún plan de contingencia, pero al final lo que está claro es que los vecinos de Almuñécar y La Herradura van a tener que pagar los desmanes, las irregularidades y la criminalidad urbanística".
Y anuncia que estudiarán todas las vías posibles para que el responsable o responsables que firmaron dichos convenios tengan que dar cuentas, además de ver si se puede hacer algún tipo de reclamación patrimonial contra quien firmó un convenio ilegal. "Los ciudadanos no tenemos por qué pagar los desmanes y las ilegalidades de ningún alcalde, ni el del anterior ni el mío. Y cuando uno es alcalde tiene responsabilidades, si hay algún atisbo jurídico de que yo pueda reclamar patrimonialmente a los que firmaron ese convenio, le dieron validez y le dieron el visto bueno, que no duden los ciudadanos que vamos a tirar por esa vía también".
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