El nuevo juez de Instrucción 6, que ha relevado a Del Arco, estima el recurso del Abogado del Estado
Una de las fotografías aportadas al juzgado para denunciar un nuevo supuesto vertido al Arroyo Juncal.
El nuevo juez de Instrucción número 6 de la capital, Francisco
Javier Zurita, que ha relevado al magistrado Miguel Ángel del Arco tras
su jubilación, ha decidido revocar las medidas cautelares que éste
acordó para evitar que los supuestos vertidos de la depuradora de la
prisión sigan afectando al cortijo Las Torres, una finca aledaña al
penal.
En un auto dictado el pasado 27 de octubre y al que ha tenido acceso este diario, el nuevo instructor de la causa acuerda así estimar un recurso de reforma que interpuso el Abogado del Estado contra las medidas cautelares que se acordaron, consistentes en la construcción de un colector o tubería en la zona que frenara las supuestas emisiones. Así constaba expresamente en el documento judicial que Del Arco emitió antes de irse del juzgado, el pasado 4 de septiembre, y que ha quedado ahora "sin efecto".
La decisión del nuevo instructor del caso ha sido, no obstante, recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada por los dueños del cortijo afectado, que ejercen la acusación popular en la causa y que están representados por el despacho Ruiz Rico Abogados.
La orden dada exactamente por Del Arco iba dirigida a dos organismos públicos: la CHG y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a los que instaba a "la inmediata construcción de un colector entre el puente situado bajo la carretera del Centro Penitenciario hasta la desembocadura en el río Colomera, con soterramiento ulterior del mismo".
Para el juez Zurita esta medida, sin embargo, sería como anticipar la reparación civil de un supuesto daño que todavía se está investigando. En concreto, señala que "más allá y con independencia de su ajuste al principio de adecuación, es decir, del debate en torno a lo acertado o no de tal actuación a los concretos fines que se pretenden obtener, cuestión al parecer no pacífica, en modo alguno puede atender a los requisitos y presupuestos sobre los que nuestro sistema procesal penal configura las medidas cautelares reales que hayan de ser adoptadas en el curso del proceso", ni siquiera, según añade, "en atención a la especificidad que concurre en los delitos medioambientales". Así, considera que la medida establecida sería en realidad "la ejecución de una consecuencia civil, como obligación de hacer, derivada del delito", el cual aún se está investigando. Sería como una reparación del daño provisional, cuando ésta es "una medida netamente ejecutiva de imposible reversibilidad".
El auto revoca de este modo las medidas que se acordaron "bajo el benéfico y altruista fin de evitar o disminuir los efectos de unos supuestos hechos punibles objeto de investigación sumarial".
El asunto aterrizó en el juzgado en 2010, tras la denuncia que los dueños de la finca formularon. Desde entonces el órgano que ahora dirige Zurita ha estado investigando si se han llevado a cabo durante años vertidos ilegales de aguas residuales procedentes de la EDAR del Centro Penitenciario de Albolote a un cauce próximo: el Arroyo Juncal, así como si esas emisiones han afectado a la flora y la fauna de la zona.
Los dueños de la finca aledaña aseguraban en su denuncia que a raíz de la construcción del centro penitenciario, desde 1995 a 1997 se causaron "graves y reiterados daños" en sus tierras, una explotación de más de 530.000 metros cuadrados con plantaciones agrícolas, "con concesiones para riego por distintos manantiales y para toma del arroyo Juncal". A partir de entonces, el juez Del Arco encargó numerosas diligencias y llamó a declarar como imputados -ahora investigados- a más de una decena de personas. Entre ellas, a responsables de instituciones penitenciarias, varios altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, que negó que la Junta tuviera responsabilidad alguna en todo esto.
Fuentes del caso consultadas por este diario indicaron que los propietarios del Cortijo Las Torres han presentado en las últimas semanas dos nuevos escritos en el juzgado. El primero, a mediados de noviembre, "alertando de la caída de techos y aparición de grietas en las distintas edificaciones" de la finca, daños que relacionan con "la destrucción de los terrenos cercanos al arroyo Juncal". En el segundo escrito, presentado el 14 de diciembre, denunciaron un nuevo supuesto vertido de aguas sin depurar procedente de la prisión de Albolote, que acompañaron con fotos.
En un auto dictado el pasado 27 de octubre y al que ha tenido acceso este diario, el nuevo instructor de la causa acuerda así estimar un recurso de reforma que interpuso el Abogado del Estado contra las medidas cautelares que se acordaron, consistentes en la construcción de un colector o tubería en la zona que frenara las supuestas emisiones. Así constaba expresamente en el documento judicial que Del Arco emitió antes de irse del juzgado, el pasado 4 de septiembre, y que ha quedado ahora "sin efecto".
La decisión del nuevo instructor del caso ha sido, no obstante, recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada por los dueños del cortijo afectado, que ejercen la acusación popular en la causa y que están representados por el despacho Ruiz Rico Abogados.
La orden dada exactamente por Del Arco iba dirigida a dos organismos públicos: la CHG y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a los que instaba a "la inmediata construcción de un colector entre el puente situado bajo la carretera del Centro Penitenciario hasta la desembocadura en el río Colomera, con soterramiento ulterior del mismo".
Para el juez Zurita esta medida, sin embargo, sería como anticipar la reparación civil de un supuesto daño que todavía se está investigando. En concreto, señala que "más allá y con independencia de su ajuste al principio de adecuación, es decir, del debate en torno a lo acertado o no de tal actuación a los concretos fines que se pretenden obtener, cuestión al parecer no pacífica, en modo alguno puede atender a los requisitos y presupuestos sobre los que nuestro sistema procesal penal configura las medidas cautelares reales que hayan de ser adoptadas en el curso del proceso", ni siquiera, según añade, "en atención a la especificidad que concurre en los delitos medioambientales". Así, considera que la medida establecida sería en realidad "la ejecución de una consecuencia civil, como obligación de hacer, derivada del delito", el cual aún se está investigando. Sería como una reparación del daño provisional, cuando ésta es "una medida netamente ejecutiva de imposible reversibilidad".
El auto revoca de este modo las medidas que se acordaron "bajo el benéfico y altruista fin de evitar o disminuir los efectos de unos supuestos hechos punibles objeto de investigación sumarial".
El asunto aterrizó en el juzgado en 2010, tras la denuncia que los dueños de la finca formularon. Desde entonces el órgano que ahora dirige Zurita ha estado investigando si se han llevado a cabo durante años vertidos ilegales de aguas residuales procedentes de la EDAR del Centro Penitenciario de Albolote a un cauce próximo: el Arroyo Juncal, así como si esas emisiones han afectado a la flora y la fauna de la zona.
Los dueños de la finca aledaña aseguraban en su denuncia que a raíz de la construcción del centro penitenciario, desde 1995 a 1997 se causaron "graves y reiterados daños" en sus tierras, una explotación de más de 530.000 metros cuadrados con plantaciones agrícolas, "con concesiones para riego por distintos manantiales y para toma del arroyo Juncal". A partir de entonces, el juez Del Arco encargó numerosas diligencias y llamó a declarar como imputados -ahora investigados- a más de una decena de personas. Entre ellas, a responsables de instituciones penitenciarias, varios altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, que negó que la Junta tuviera responsabilidad alguna en todo esto.
Fuentes del caso consultadas por este diario indicaron que los propietarios del Cortijo Las Torres han presentado en las últimas semanas dos nuevos escritos en el juzgado. El primero, a mediados de noviembre, "alertando de la caída de techos y aparición de grietas en las distintas edificaciones" de la finca, daños que relacionan con "la destrucción de los terrenos cercanos al arroyo Juncal". En el segundo escrito, presentado el 14 de diciembre, denunciaron un nuevo supuesto vertido de aguas sin depurar procedente de la prisión de Albolote, que acompañaron con fotos.
Comentarios
Publicar un comentario