La grúa municipal ya se lleva los coches sin presencia física de ningún policía local
IDEAL.ES
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La iniciativa permite a los grueros iniciar el trámite de una multa sin compañía del agente y la primera sanción ha sido para un turista de Las Palmas de Gran Canaria
La grúa municipal retiró el pasado jueves el primer vehículo de la
vía pública sin presencia física de un policía local y posteriormente
sancionó al conductor con una multa por aparcar en zona reservada a
minusválidos. El propietario del vehículo abonó por retirar su Seat
Altea del depósito municipal 106 euros y después hará frente al pago de
la multa que le remitirá el Ayuntamiento de Granada por estacionar en
zona reservada.
De esta forma, el Ayuntamiento da luz verde a los grueros municipales para que puedan retirar vehículos de la calle tras remitir una simple fotografía al cuartelillo de la Policía Local y desde allí un agente ratificar la sanción, aportando a la denuncia no la identificación del responsable de la grúa, sino del agente de la Policía Local.
El coche fue retirado de la calle José Luis Pérez Pujadas a las 11.38 horas del pasado jueves 4 de septiembre por encontrarse supuestamente aparcado en zona reservada a minusválidos. El conductor, un turista de Las Palmas de Gran Canaría, pasó a recoger su coche del depósito municipal pocas horas después. Previamente abonó los 106 euros.
En estos momentos, los conductores de la capital no solo están controlados por las cámaras de tráfico, por los agentes de la policía local o por el coche 'ponemultas', desde el pasado jueves cualquier trabajador de la grúa municipal está autorizado para mandar una foto al área de Tráfico ante cualquier irregularidad que detecte de coches mal aparcados y, posteriormente, si esa denuncia es ratificada por un agente que se encuentra en su despacho, retirar de la vía pública ese coche. La fecha elegida para poner en funcionamiento este sistema de grúa exprés no parece casual, porque es justo con la vuelta a los colegios cuando más multas se acumulan por coches mal aparcados.
Pero ni siquiera los agentes de la Policía Local comparten la puesta en marcha de este nuevo sistema de sancionar a los conductores. «Nos parece una forma de quitarle competencias a la Policía Local y estamos en claro desacuerdo. Además de que la retirada de coches por personas que no son agentes de la autoridad, aunque la denuncia después sea ratificada por un policía, nos parece un procedimiento de dudosa legalidad», señalan desde el sindicato independiente de la Policía Local de Andalucía, Sip-an.
Este periódico ofreció la posibilidad de pronunciarse a la edil de Tráfico, Telesfora Ruiz, sobre esta medida sin recibir contestación alguna.
Este sistema sancionador, conocido como grúa exprés, cuenta con sentencias desfavorables. Dos autos judiciales fallaron en 2013 en su contra en dos ciudades andaluzas distintas, en Sevilla y en Málaga. En ambas, se venía a decir que un gruista no es una autoridad competente para sancionar a ningún vehículo. La primera sentencia la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en febrero del año pasado anuló un sistema similar que permitía a los conductores de grúas municipales hispalenses retirar vehículos mal aparcados sin necesidad de presencia policial. El otro fallo judicial se produjo en Málaga, cuyo sistema empezó a funcionar en febrero de 2010 y generó polémica desde el primer día, con protestas incluidas de los propios policías locales del sindicato Sip-an.
De esta forma, el Ayuntamiento da luz verde a los grueros municipales para que puedan retirar vehículos de la calle tras remitir una simple fotografía al cuartelillo de la Policía Local y desde allí un agente ratificar la sanción, aportando a la denuncia no la identificación del responsable de la grúa, sino del agente de la Policía Local.
El coche fue retirado de la calle José Luis Pérez Pujadas a las 11.38 horas del pasado jueves 4 de septiembre por encontrarse supuestamente aparcado en zona reservada a minusválidos. El conductor, un turista de Las Palmas de Gran Canaría, pasó a recoger su coche del depósito municipal pocas horas después. Previamente abonó los 106 euros.
En estos momentos, los conductores de la capital no solo están controlados por las cámaras de tráfico, por los agentes de la policía local o por el coche 'ponemultas', desde el pasado jueves cualquier trabajador de la grúa municipal está autorizado para mandar una foto al área de Tráfico ante cualquier irregularidad que detecte de coches mal aparcados y, posteriormente, si esa denuncia es ratificada por un agente que se encuentra en su despacho, retirar de la vía pública ese coche. La fecha elegida para poner en funcionamiento este sistema de grúa exprés no parece casual, porque es justo con la vuelta a los colegios cuando más multas se acumulan por coches mal aparcados.
Pero ni siquiera los agentes de la Policía Local comparten la puesta en marcha de este nuevo sistema de sancionar a los conductores. «Nos parece una forma de quitarle competencias a la Policía Local y estamos en claro desacuerdo. Además de que la retirada de coches por personas que no son agentes de la autoridad, aunque la denuncia después sea ratificada por un policía, nos parece un procedimiento de dudosa legalidad», señalan desde el sindicato independiente de la Policía Local de Andalucía, Sip-an.
Este periódico ofreció la posibilidad de pronunciarse a la edil de Tráfico, Telesfora Ruiz, sobre esta medida sin recibir contestación alguna.
Este sistema sancionador, conocido como grúa exprés, cuenta con sentencias desfavorables. Dos autos judiciales fallaron en 2013 en su contra en dos ciudades andaluzas distintas, en Sevilla y en Málaga. En ambas, se venía a decir que un gruista no es una autoridad competente para sancionar a ningún vehículo. La primera sentencia la dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en febrero del año pasado anuló un sistema similar que permitía a los conductores de grúas municipales hispalenses retirar vehículos mal aparcados sin necesidad de presencia policial. El otro fallo judicial se produjo en Málaga, cuyo sistema empezó a funcionar en febrero de 2010 y generó polémica desde el primer día, con protestas incluidas de los propios policías locales del sindicato Sip-an.
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