DIARIO DE ALMERIA / LA JUNTA ABRE LA VIA ADMINISTRATIVA PARA DEMOLER EL HOTEL DEL ALGARROBICO TRAS LA NUTILIDAD DE LA LICENCIA /

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio inicia el procedimiento para restablecer la legalidad territorial y devolver el paraje a su estado original amparándose en la LISTA

Los ecologistas presionan a la Junta para que intervenga en la demolición del Algarrobico

 La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial sobre el hotel de El Algarrobico, ubicado en la costa de Carboneras. Este nuevo trámite administrativo supone el paso definitivo para hacer posible la demolición del polémico edificio y devolver los terrenos protegidos a su estado original. La decisión ha sido acordada por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El movimiento del ejecutivo autonómico llega después de que el Ayuntamiento de Carboneras declarase, el pasado 7 de julio, la nulidad de la licencia de obras que amparaba la construcción del inmueble desde el 13 de enero de 2003. El avance de este expediente ha sido el tema central de una reunión celebrada este martes en el Palacio de San Telmo, que ha contado con la participación de la consejera del ramo, Rocío Díaz. “Hoy damos un paso decisivo en un asunto que lleva demasiados años abierto”, ha manifestado Díaz, quien ha defendido que el Gobierno andaluz ha mantenido una "hoja de ruta clara: actuar con seguridad jurídica, hacer cumplir la legalidad y avanzar hasta conseguir la demolición del hotel y la recuperación de este espacio protegido”.

Para asumir de forma directa esta actuación, la administración autonómica se ampara en la competencia que le atribuye la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Esta normativa faculta a la Junta para defender la legalidad territorial cuando se producen infracciones contrarias a la ordenación, incluyendo de forma expresa aquellos casos que afecten a suelos especialmente protegidos y al espacio litoral.

Demolición y recuperación del terreno

El expediente recién abierto servirá para determinar con exactitud las medidas necesarias para restituir la zona. Según ha fijado un informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de forma previa, la restitución deberá incluir el desmantelamiento de todos los servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al edificio, seguido de la demolición de la estructura y la posterior restauración paisajística de los terrenos para recuperar los valores que justificaron su especial protección dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El inicio de este procedimiento autonómico requería de un paso previo imprescindible: la eliminación formal de la licencia municipal.

Tras los severos requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que llegó a dictar un ultimátum de 20 días hábiles al Consistorio carbonero, el Pleno local aprobó finalmente dicha anulación a principios de julio. La posición mantenida por la Junta, que ha defendido la nulidad de la licencia como la vía jurídicamente más segura para avanzar hacia la demolición, recibió además el respaldo de la Secretaría municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. Este último consideró procedente la revisión de oficio antes de que el Ayuntamiento adoptara finalmente el acuerdo de nulidad.

Una hoja de ruta mantenida durante años

Según ha subrayado la consejera Rocío Díaz, “la posición de la Junta ha sido siempre la misma: la nulidad de la licencia era la vía más segura y eficaz para poder restablecer la legalidad”. Tras recordar que esta estrategia contaba además con el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía, la titular de Vivienda ha recalcado que "ahora corresponde continuar el procedimiento con todas las garantías hasta completar la restitución de los terrenos”.

Con la apertura de este expediente, la Junta da continuidad a las acciones judiciales y administrativas desplegadas durante los últimos años. Cabe recordar que el Gobierno andaluz ya se había personado para obligar al Ayuntamiento a adaptar su planeamiento urbano, garantizando que los terrenos figurasen correctamente como suelo no urbanizable de especial protección, y había exigido judicialmente la ejecución de la revisión de oficio del permiso que ahora abre, definitivamente, la puerta a la piqueta.