LA OPINIÓN DE MURCIA

EL DEFENSOR DE LOS PADRES DE LUCÍA QUIERE QUE LA CONSEJERÍA POR LA MUERTE DE LA NIÑA.

Antonio Casado Mena anuncia que pedirá "responsabilidad patrimonial" tanto a la Administración como a los padres de los dos acosadores de Lucía, ambos menores inimputables

"Que esta muerte no sea en vano". Es el deseo que expresa Antonio Casado Mena, abogado de los padres de Lucía, la niña de 13 años que este mes se quitaba la vida en su casa de Aljucer tras años de acoso escolar.
El letrado espera que, tras la tragedia, al menos «los protocolos de acoso se apliquen desde el primer momento y se lleven los asuntos a Fiscalía». Algo que, en el caso de Lucía no sucedió. Ni la Policía ni la Fiscalía de Menores tenían conocimiento del bullying que la menor soportaba en el IES Ingeniero de la Cierva, en Patiño, de donde salió en mayo, para pasar a estudiar en el Cascales.
El Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional continúa con su investigación, por lo que aún no se han remitido las diligencias a la Fiscalía de Menores, responsable del asunto.
Por Comisaría han pasado a declarar varios docentes del instituto de Patiño, así como el director y la jefa de estudios. Sus versiones coinciden en que aplicaron el protocolo previsto para estos casos, algo que en un primer momento también defendió la Consejería de Educación.
No obstante, días después este departamento anunció que pondría en marcha su propia investigación para determinar qué falló para que Lucía acabase quitándose la vida. El IES elaboró, tras la muerte de la niña, dos informes, publicados por LA OPINIÓN, en los que se detallaba, entre otras cosas, que una orientadora del centro recomendó a la madre de Lucía que pidiese cita para ella en salud mental. También se decía en uno de los documentos que la niña era hija única hasta hace poco, pues sus padres acababan de tener un bebé, algo incierto.
Casado Mena adelantó ayer que, cuando se haya cerrado la investigación policial, y comience la judicial, su intención es «pedir responsabilidad patrimonial a la Administración y a los padres de los menores acosadores.» Los autores del bullying a Lucía (que admitieron haberla acosado) son menores de 14 años, por lo que, por ley, son inimputables. Cuando se detectó el acoso, el instituto los expulsó, a uno (el principal acosador) durante cinco días y al otro durante solamente uno.
Lucía decidía poner fin a su vida la segunda semana de enero. Su madre, Peligros Menárguez, la encontraba por la tarde ahorcada en su dormitorio. El mismo día, el GRUME, dirigido por el inspector Alejandro Cruz, iniciaba la investigación y tomaba declaración a los padres. La familia de la menor tiene su confianza puesta en Cruz y en su equipo, a quienes agradecen el trato recibidio desde el primer día.