-La deuda de 42 millones de la Junta pone contra las cuerdas a 90 promotoras de VPO- GRANADA HOY
Los constructores tachan de "atropello" que
además la administración andaluza les "amenace" con sanciones por tener
parte de esas viviendas protegidas vacías
Guadalupe S. Maldonado
granada
| Actualizado 25.06.2014 - 01:00
La Junta mantiene esta deuda con empresas de Granada, Almería, Málaga y Sevilla.
Enrique Legerén y Francisco Martínez Cañavate, ayer en la sede de la CGE.
Si hay
un sector que ha salido perjudicado de esta crisis, ese es el de la
construcción. El estallido de la burbuja inmobiliaria, la falta de
financiación y la crítica crisis de consumo que se ha establecido en la
ciudadanía ha herido de muerte a un sector que hasta no hace mucho era
uno de los pilares de las economías española, andaluza y granadina. Pero
es que las administraciones tampoco ayudan. Al menos así lo aseguraron
ayer los responsables de la Asociación de Constructores y Promotores
(ACP) de Granada, que denunciaron que la Junta de Andalucía mantiene una
deuda de 42 millones de euros con 90 empresas promotoras de vivienda
protegida.
Se trata, según manifestó la ACP, de fondos finalistas del Estado transferidos a la Junta de Andalucía y dirigidos a empresas promotoras de VPO que, sin embargo, no han recibido las cantidades acordadas. En la mayoría de los casos, estas subvenciones -que, según los constructores, han sido certificadas como transferidas por el Ministerio de Fomento- estaban destinadas principalmente a promociones de VPO en régimen de alquiler con opción a compra que están "finalizadas y parcialmente ocupadas desde hace varios años".
Esta misma deuda -inicialmente contabilizada en 11 millones de euros- ya motivó una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía del TSJA, que finalmente fue archivada al no apreciar indicios de delito penal, puesto que la Junta argumentó que "dichos fondos habían sido destinados legalmente a otras líneas de actuación en materia de VPO". Pero la ACP asegura que, haya o no delito, sí que hay una grave deuda que ha llevado a las empresas a una situación de "asfixia financiera" que, a su vez, ha provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo. "Los impagos han contribuido a que algunas de las empresas afectadas se hayan ido a la más profunda ruina y el resto haya disminuido notablemente su actividad", aseguró el presidente de la ACP, Enrique Legerén. De hecho, como apuntó el secretario general de la asociación, Francisco Martínez Cañavate, entre estas 90 empresas andaluzas -de las que 5 son granadinas y arrastran una deuda de 11 millones de euros-, casi un tercio se ha tenido que declarar directamente en concurso de acreedores. "No estamos hablando de deudas de 30.000 euros, sino de cuantías que superan el millón, el millón y medio e incluso los dos millones de euros. Son cantidades muy importantes, y más todavía con la falta de financiación actual", explicó.
La ACP recuerda que los promotores no se habrían embarcado en estos proyectos de VPO si la Junta de Andalucía no hubiera comprometido esas ayudas. "Las VPO son antieconómicas para el promotor. Si la administración aprueba conceder ayudas es para equilibrar las cuentas. Y, si luego no las paga, el promotor es el que asume ese déficit", subrayó Enrique Legerén, que aseguró que la Junta de Andalucía, como socia de las promotoras en estos proyectos de vivienda social, ha incumplido su parte del trato, negándose además a compensar parte de esa deuda con el dinero que muchas de esas empresas deben a la administración autonómica en impuestos y otros conceptos.
El hecho de que los promotores hayan decidido volver a la carga con este problema y exigir el pago de la deuda no es casual. Se trata, en realidad, de una respuesta a lo que la ACP considera un "atropello": el requerimiento que la Dirección General de Vivienda de la Junta ha enviado a muchas de las promotoras afectadas por el impago de las ayudas que arrastran buena parte de estas VPO vacías (en el caso de Granada, serían unas 250) para que informen sobre el "grave incumplimiento" de la función social de la vivienda reconocida en la Ley 4/2013. Legerén recordó ayer que esta ley de Función Social de la Vivienda "está suspendida por el Tribunal Constitucional", y consideró "inadmisible, arbitraria, injusta y alegal" la "amenaza" de sanciones de la Junta.
Por ello, desde la ACP exigieron a Vivienda que "rectifique inmediatamente la medida adoptada, paralice las actuaciones inspectoras y se siente con los representantes de sector para encontrar soluciones a estos problemas", que pasan por alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para garantizar el pago de las ayudas de VPO.
Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda defendió ayer este requerimiento asegurando que las viviendas protegidas han sido construidas con dinero público, "por lo que deben servir al fin para el que fueron construidas, que es garantizar el derecho a la vivienda de las familias que las solicitan a través de los registros municipales de demandantes".
De este modo, la Consejería señaló en declaraciones a Europa Press que continuará velando por que todas las VPO estén habitadas y ofreciendo colaboración a todos los promotores públicos y privados con viviendas protegidas vacías para garantizarlo.
La Consejería recordó a la ACP que ha remitido un requerimiento a todos los promotores públicos y privados con viviendas protegidas vacías para conocer qué medidas están adoptando para garantizar su ocupación, "al tiempo que les ha ofrecido soluciones encaminadas a la consecución de este objetivo".
Sobre la deuda, la Consejería incidió en que desde 2011 ha pagado más de 30 millones de euros en ayudas a promotores para la construcción de viviendas protegidas en alquiler. En este mismo concepto, el Ministerio adeuda a Andalucía más de 40 millones que no ha transferido, por lo que la Consejería lamenta que, "pese a que la Fiscalía ya ha desacreditado totalmente sus acusaciones archivando la denuncia por estos hechos, la ACP insista en afirmar que dichos fondos finalistas han sido transferidos".
Se trata, según manifestó la ACP, de fondos finalistas del Estado transferidos a la Junta de Andalucía y dirigidos a empresas promotoras de VPO que, sin embargo, no han recibido las cantidades acordadas. En la mayoría de los casos, estas subvenciones -que, según los constructores, han sido certificadas como transferidas por el Ministerio de Fomento- estaban destinadas principalmente a promociones de VPO en régimen de alquiler con opción a compra que están "finalizadas y parcialmente ocupadas desde hace varios años".
Esta misma deuda -inicialmente contabilizada en 11 millones de euros- ya motivó una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía del TSJA, que finalmente fue archivada al no apreciar indicios de delito penal, puesto que la Junta argumentó que "dichos fondos habían sido destinados legalmente a otras líneas de actuación en materia de VPO". Pero la ACP asegura que, haya o no delito, sí que hay una grave deuda que ha llevado a las empresas a una situación de "asfixia financiera" que, a su vez, ha provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo. "Los impagos han contribuido a que algunas de las empresas afectadas se hayan ido a la más profunda ruina y el resto haya disminuido notablemente su actividad", aseguró el presidente de la ACP, Enrique Legerén. De hecho, como apuntó el secretario general de la asociación, Francisco Martínez Cañavate, entre estas 90 empresas andaluzas -de las que 5 son granadinas y arrastran una deuda de 11 millones de euros-, casi un tercio se ha tenido que declarar directamente en concurso de acreedores. "No estamos hablando de deudas de 30.000 euros, sino de cuantías que superan el millón, el millón y medio e incluso los dos millones de euros. Son cantidades muy importantes, y más todavía con la falta de financiación actual", explicó.
La ACP recuerda que los promotores no se habrían embarcado en estos proyectos de VPO si la Junta de Andalucía no hubiera comprometido esas ayudas. "Las VPO son antieconómicas para el promotor. Si la administración aprueba conceder ayudas es para equilibrar las cuentas. Y, si luego no las paga, el promotor es el que asume ese déficit", subrayó Enrique Legerén, que aseguró que la Junta de Andalucía, como socia de las promotoras en estos proyectos de vivienda social, ha incumplido su parte del trato, negándose además a compensar parte de esa deuda con el dinero que muchas de esas empresas deben a la administración autonómica en impuestos y otros conceptos.
El hecho de que los promotores hayan decidido volver a la carga con este problema y exigir el pago de la deuda no es casual. Se trata, en realidad, de una respuesta a lo que la ACP considera un "atropello": el requerimiento que la Dirección General de Vivienda de la Junta ha enviado a muchas de las promotoras afectadas por el impago de las ayudas que arrastran buena parte de estas VPO vacías (en el caso de Granada, serían unas 250) para que informen sobre el "grave incumplimiento" de la función social de la vivienda reconocida en la Ley 4/2013. Legerén recordó ayer que esta ley de Función Social de la Vivienda "está suspendida por el Tribunal Constitucional", y consideró "inadmisible, arbitraria, injusta y alegal" la "amenaza" de sanciones de la Junta.
Por ello, desde la ACP exigieron a Vivienda que "rectifique inmediatamente la medida adoptada, paralice las actuaciones inspectoras y se siente con los representantes de sector para encontrar soluciones a estos problemas", que pasan por alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para garantizar el pago de las ayudas de VPO.
Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda defendió ayer este requerimiento asegurando que las viviendas protegidas han sido construidas con dinero público, "por lo que deben servir al fin para el que fueron construidas, que es garantizar el derecho a la vivienda de las familias que las solicitan a través de los registros municipales de demandantes".
De este modo, la Consejería señaló en declaraciones a Europa Press que continuará velando por que todas las VPO estén habitadas y ofreciendo colaboración a todos los promotores públicos y privados con viviendas protegidas vacías para garantizarlo.
La Consejería recordó a la ACP que ha remitido un requerimiento a todos los promotores públicos y privados con viviendas protegidas vacías para conocer qué medidas están adoptando para garantizar su ocupación, "al tiempo que les ha ofrecido soluciones encaminadas a la consecución de este objetivo".
Sobre la deuda, la Consejería incidió en que desde 2011 ha pagado más de 30 millones de euros en ayudas a promotores para la construcción de viviendas protegidas en alquiler. En este mismo concepto, el Ministerio adeuda a Andalucía más de 40 millones que no ha transferido, por lo que la Consejería lamenta que, "pese a que la Fiscalía ya ha desacreditado totalmente sus acusaciones archivando la denuncia por estos hechos, la ACP insista en afirmar que dichos fondos finalistas han sido transferidos".
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