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En el primer cuatrimestre de este año se han firmado 16.434 contratos de trabajo públicos, casi todos de seis meses, 4.400 más que en 2014
Un tercio más de contratos, básicamente de seis meses de duración, en
los cuatro primeros meses de este año. Es decir, justo antes de la
celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Los datos
extraídos del Observatorio de Empleo de Extremadura, dependiente del
Sexpe, revelan cómo las administraciones (no especifica cuales, aunque
la inmensa mayoría son de la Junta o pagados por ella a través de los
ayuntamientos) han disparado su volumen de contrataciones. En el primer
cuatrimestre se contabilizan 16.434 contratos en el sector público. En
el primer cuatrimestre del año anterior fueron 11.997, 4.437 menos.
Suponen un 37% más que los realizados en el mismo periodo de 2014 y un
50,3% más de los firmados en el primer cuatrimestre del 2013.
Las cifras del Observatorio de Empleo de Extremadura indican que en enero de este año se firmaron 3.640 contratos (21,6% más respecto a 2014); 3.637 en febrero (+39,5%); 4.453 en marzo (+42,9%) y 4.704 en abril (+37,4%). Si se compara el aumento de contrataciones con cargo al erario público en este periodo respecto a 2013 los porcentajes son aún mayores en los meses de marzo y abril (89,9% más en el pasado marzo respecto al de 2013 y un 52,3% en este abril respecto al anterior). Mirando más atrás, en abril de 2012 se firmaron 1.843 contratos (2.861 menos que ahora, -36%) y en ese marzo, 2.237 (-2.216, -50%).
Como ha informado HOY, el Ejecutivo regional abrió en el pasado febrero una convocatoria para que se pudieran acoger ayuntamientos y estos contratasen a parados de larga duración, prioritariamente de 45 años o más. La Junta ha puesto 8 millones de euros para esta actuación. El Gobierno regional exigía que las contrataciones (calculó que se harían unas 1.100) tenían que realizarse obligatoriamente antes del pasado jueves, 30 de abril.
Este programa de formación profesional dual que sustituye a las antiguas escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo está destinado en la actualidad a jóvenes de 18 a 25 años. Ahora se ampliará a los mayores de 45 años.
Según ha explicado la directora general de Formación para el Empleo, María José Nevado, 57 municipios (36 de la provincia de Badajoz y 21 de Cáceres) desarrollarán proyectos de ese programa para mayores de 45 años en el que 894 desempleados recibirán formación y empleo a través de 103 especialidades. Los participantes del programa serán contratados por las entidades locales mediante la modalidad del contrato de formación y aprendizaje y recibirán el 75% del salario mínimo interprofesional más la parte proporcional de la paga extra.
En la legislatura anterior, en julio de 2010, a un año de las elecciones, el entonces portavoz del Partido Popular regional, Luis Alfonso Hernández Carrón, criticó la «estrategia electoralista» que a su juicio estaba utilizando la Junta de Extremadura gobernada por Guillermo Fernández Vara a través de los diferentes planes públicos para generación de empleo. Lo hacía, dijo Carrón, «con un claro fin de acercar las contrataciones en los ayuntamientos a las elecciones municipales y autonómicas de 2011».
El sindicato CC OO le toma ahora prestado ese argumento a Hernández Carrón. «El empleo social debe ser una constante, en época de crisis, con cualquier gobierno, pero debe gestionarse como una política de empleo complementaria y estable a lo largo de la legislatura. No puede condicionarse y activarse tramposamente en periodos preelectorales», señala Miguel Coque, su secretario de Formación y Empleo.
Coque incide en que al principio de legislatura, cuando más arreciaba la crisis y el desempleo, se reclamaba al Ejecutivo de José Antonio Monago más empleo público para amortiguar temporalmente ese impacto «y respondía que eso era pan para hoy y hambre para mañana. Ahora parece evidente que, antes de las elecciones, el discurso es otro».
Mientras, Benito Román, presidente de CSI-F, sindicato mayoritario en el conjunto de la función pública extremeña, «por encima de valoraciones políticas», en las que no entra, entiende que el empleo público es «escaso porque se siguen sin cubrir en muchos casos el 50% de las jubilaciones» y, además, insiste en que «ese empleo debe ser de calidad, no precario o temporal, para beneficio de la ciudadanía».
Román concluye que el Gobierno debe eliminar esa reposición máxima del 50% de plazas, que además solo es posible en determinados sectores como el educativo, sanitario o el vinculado a las fuerzas de seguridad.
Las cifras del Observatorio de Empleo de Extremadura indican que en enero de este año se firmaron 3.640 contratos (21,6% más respecto a 2014); 3.637 en febrero (+39,5%); 4.453 en marzo (+42,9%) y 4.704 en abril (+37,4%). Si se compara el aumento de contrataciones con cargo al erario público en este periodo respecto a 2013 los porcentajes son aún mayores en los meses de marzo y abril (89,9% más en el pasado marzo respecto al de 2013 y un 52,3% en este abril respecto al anterior). Mirando más atrás, en abril de 2012 se firmaron 1.843 contratos (2.861 menos que ahora, -36%) y en ese marzo, 2.237 (-2.216, -50%).
Como ha informado HOY, el Ejecutivo regional abrió en el pasado febrero una convocatoria para que se pudieran acoger ayuntamientos y estos contratasen a parados de larga duración, prioritariamente de 45 años o más. La Junta ha puesto 8 millones de euros para esta actuación. El Gobierno regional exigía que las contrataciones (calculó que se harían unas 1.100) tenían que realizarse obligatoriamente antes del pasado jueves, 30 de abril.
Formación y empleo precario
Esos 8 millones se incluyen dentro de una partida general de 21,6 que
se anunciaron para la puesta en marcha de dos programas que permitirán
la contratación de 2.000 parados de más de 45 años. La iniciativa de
mayor cuantía será la extensión del plan Aprendizext, 13,6 millones de
euros en 2015. Este programa de formación profesional dual que sustituye a las antiguas escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo está destinado en la actualidad a jóvenes de 18 a 25 años. Ahora se ampliará a los mayores de 45 años.
Según ha explicado la directora general de Formación para el Empleo, María José Nevado, 57 municipios (36 de la provincia de Badajoz y 21 de Cáceres) desarrollarán proyectos de ese programa para mayores de 45 años en el que 894 desempleados recibirán formación y empleo a través de 103 especialidades. Los participantes del programa serán contratados por las entidades locales mediante la modalidad del contrato de formación y aprendizaje y recibirán el 75% del salario mínimo interprofesional más la parte proporcional de la paga extra.
En la legislatura anterior, en julio de 2010, a un año de las elecciones, el entonces portavoz del Partido Popular regional, Luis Alfonso Hernández Carrón, criticó la «estrategia electoralista» que a su juicio estaba utilizando la Junta de Extremadura gobernada por Guillermo Fernández Vara a través de los diferentes planes públicos para generación de empleo. Lo hacía, dijo Carrón, «con un claro fin de acercar las contrataciones en los ayuntamientos a las elecciones municipales y autonómicas de 2011».
El sindicato CC OO le toma ahora prestado ese argumento a Hernández Carrón. «El empleo social debe ser una constante, en época de crisis, con cualquier gobierno, pero debe gestionarse como una política de empleo complementaria y estable a lo largo de la legislatura. No puede condicionarse y activarse tramposamente en periodos preelectorales», señala Miguel Coque, su secretario de Formación y Empleo.
Coque incide en que al principio de legislatura, cuando más arreciaba la crisis y el desempleo, se reclamaba al Ejecutivo de José Antonio Monago más empleo público para amortiguar temporalmente ese impacto «y respondía que eso era pan para hoy y hambre para mañana. Ahora parece evidente que, antes de las elecciones, el discurso es otro».
Mientras, Benito Román, presidente de CSI-F, sindicato mayoritario en el conjunto de la función pública extremeña, «por encima de valoraciones políticas», en las que no entra, entiende que el empleo público es «escaso porque se siguen sin cubrir en muchos casos el 50% de las jubilaciones» y, además, insiste en que «ese empleo debe ser de calidad, no precario o temporal, para beneficio de la ciudadanía».
Román concluye que el Gobierno debe eliminar esa reposición máxima del 50% de plazas, que además solo es posible en determinados sectores como el educativo, sanitario o el vinculado a las fuerzas de seguridad.
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