LA SANIDAD ANDALUCÍA EN SU GRAN PRUEBA DE ESTRES MÁS RECURSOS MISMA TENSIÓN
GRANADA HOY
El resultado es una legislatura compleja de resumir en un único relato. No ha estado marcada por recortes ni por un desmantelamiento del sistema público. Al contrario, Andalucía ha destinado más recursos que nunca a la sanidad y ha impulsado una reorganización profunda del modelo. Pero, al mismo tiempo, la etapa tampoco ha sido sinónimo de estabilidad. Las listas de espera, las dificultades en atención primaria y algunos episodios especialmente delicados han mantenido la presión política y social sobre el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Con la mayoría absoluta lograda por el PP en 2022, la Junta situó la sanidad entre sus grandes prioridades políticas y presupuestarias. El presupuesto sanitario ha pasado de rondar los 13.000 millones de euros al inicio de la legislatura a superar los 15.000 millones en el último año. La sanidad absorbe ya aproximadamente un tercio del presupuesto autonómico, un porcentaje inédito en la etapa reciente de la autonomía andaluza.
Ese incremento de recursos se ha traducido en más contrataciones, más inversiones y una apuesta clara por la modernización tecnológica. El SAS ha superado en distintos momentos los 120.000 profesionales, reforzando especialmente áreas como enfermería, medicina de familia y urgencias. Sin embargo, el aumento de plantilla no ha logrado resolver uno de los problemas estructurales del sistema como es la dificultad para cubrir plazas en Atención Primaria y en determinadas zonas rurales.
La transformación tecnológica ha sido otro de los ejes de la legislatura. La historia clínica digital Diraya se ha consolidado como columna vertebral del sistema sanitario andaluz, permitiendo el acceso unificado a pruebas, informes y antecedentes clínicos en toda la comunidad. A ello se ha sumado el crecimiento de la telemedicina, la atención no presencial y la digitalización de trámites administrativos.
La ciudadanía ha percibido especialmente la implantación de manera pionera en el país de la tarjeta sanitaria virtual integrada en la aplicación Salud Andalucía. La herramienta permite identificarse en centros sanitarios, consultar citas, acceder a informes médicos y gestionar recetas desde el teléfono móvil, convirtiéndose en uno de los proyectos tecnológicos más visibles del mandato.
Una sanidad en obra permanente
Junto a la digitalización, la Junta ha desplegado una intensa política de infraestructuras sanitarias con actuaciones en todas las provincias andaluzas. En Málaga, el foco ha estado en la ampliación del sistema hospitalario de referencia y la reorganización de servicios de alta complejidad en una provincia sometida a fuerte crecimiento demográfico. En Sevilla, la estrategia ha pasado por la modernización hospitalaria, la modernización de laboratorios de análisis clínicos y bioquímica de sus principales hospitales y la puesta en marcha del primer Hospital de Día de trastornos alimenticios de España y la mejora progresiva de centros de salud metropolitanos.
En Cádiz, la proyección es a futuro y el Gobierno andaluz se ha enfocado en clave sanitaria en la construcción del nuevo hospital que vendrá a sustituir al Puerta del Mar y que se construirá en los antiguos terrenos de CASA de Zona Franca, con una superficie de unos 220.000 metros cuadrados (137.000 útiles) y un edificio de 12 plantas ampliable hasta 20. El proyecto, con una inversión inicial de 10 millones de euros consignados en los Presupuestos de 2026 para su arranque, contará con 782 habitaciones individuales, más de 2.400 plazas de aparcamiento, 50 camas de UCI para adultos y 33 neonatales, además de urgencias diferenciadas para adultos, pediatría y obstetricia. Incluirá unas 330 consultas, 25 quirófanos —algunos robotizados e híbridos— y áreas de alta complejidad como radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia. El modelo apuesta por la ambulatorización y la digitalización, con hospital de día, cirugía mayor ambulatoria, hospitalización a domicilio y telemedicina, y prevé un diseño sostenible y preparado para emergencias, incluido un helipuerto en la cubierta. En Huelva, el objetivo ha sido reforzar una red históricamente más limitada mediante ampliaciones hospitalarias y mejoras en el área materno-infantil.
Córdoba ha vivido una de las actuaciones más relevantes con la ampliación del Hospital Reina Sofía y la puesta en marcha de nuevas consultas del área Materno Infantil, aumentando la capacidad pediátrica y obstétrica del complejo hospitalario. En Granada, las inversiones se han orientado a la modernización hospitalaria y a la renovación de equipamientos diagnósticos de alta tecnología.
En Jaén, las actuaciones han combinado reformas hospitalarias con mejoras en atención primaria, mientras que en Almería la inversión se ha concentrado en ampliar infraestructuras y reforzar centros de salud en un contexto de fuerte crecimiento poblacional.
En conjunto, el mapa sanitario andaluz refleja una política de intervención amplia y territorializada, aunque con ritmos de ejecución desiguales según provincias y proyectos.
La Consejería cambia de forma y de mensaje
La evolución del departamento sanitario refleja bien esa búsqueda de ajuste constante. La legislatura arrancó con la Consejería de Salud y Consumo, centrada en la gestión clásica del sistema sanitario y sus competencias habituales. Pero acaba con la introducción de una reordenación más amplia, que culmina en la integración de la sanidad en una estructura de mayor peso político bajo la fórmula de Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. No es un cambio menor. Supone elevar la sanidad al núcleo del poder ejecutivo, vinculándola directamente a la Presidencia y a la gestión de crisis. Y, es que, la estabilidad política no se ha trasladado a la titularidad sanitaria.
No obstante, en ese recorrido han pasado tres responsables por la cartera sanitaria. Primero, Catalina García, en una etapa centrada en la expansión presupuestaria inicial y los primeros planes de choque contra las listas de espera. Después, Rocío Hernández, cuyo mandato breve quedó marcado por la crisis más delicada de la legislatura. Y finalmente, Antonio Sanz, que asumió el reto de estabilizar el sistema y reconstruir la relación con profesionales y sindicatos.
Las sombras: acceso, espera y crisis de cribados
Pero si hay un episodio que ha condicionado de forma decisiva la legislatura sanitaria es la crisis de los programas de cribado oncológico, especialmente en cáncer de mama. El problema estalló cuando un grupo de mujeres dio la voz de alarma sobre graves incidencias en la gestión de pruebas de detección precoz, con retrasos en la comunicación de resultados y fallos en la trazabilidad de algunos procesos diagnósticos.
La crisis tuvo un impacto inmediato más allá del ámbito técnico. En primer lugar, porque tocaba uno de los pilares más sensibles del sistema sanitario público como es la prevención del cáncer. Y en segundo lugar, porque afectaba directamente a la confianza ciudadana en la capacidad del sistema para detectar enfermedades graves en fases tempranas.
Durante semanas, el debate sanitario se desplazó del terreno habitual —históricamente marcado por las listas de espera o la saturación de las consultas— a un plano mucho más sensible: el de la seguridad clínica. Las explicaciones institucionales, centradas en problemas organizativos y de registro, no evitaron que el episodio se convirtiera en un punto de inflexión político. La presión mediática y social aumentó de forma significativa y la crisis acabó acelerando cambios en la dirección política del área sanitaria.
El impacto fue doble. Por un lado, debilitó la percepción de control del sistema en un ámbito especialmente delicado. Por otro, actuó como catalizador de una nueva fase política en la Consejería, que derivó en una reorganización más profunda de la estructura sanitaria y en la búsqueda de acuerdos más amplios con los profesionales.
La paz laboral
Precisamente, el tramo final de la legislatura ha estado marcado por uno de los acuerdos laborales más relevantes de las últimas décadas en el SAS. La Junta cerró un pacto unánime con los sindicatos que afecta a más de 120.000 profesionales y que supone una profunda reforma de la carrera profesional sanitaria.
El acuerdo llega tras años de tensión entre la Administración y los trabajadores, con protestas en atención primaria, conflictos hospitalarios y negociaciones complejas tras la pandemia. Su firma marca el paso de una etapa de confrontación a otra de reconstrucción del diálogo social.
El núcleo del pacto es la reforma del sistema de carrera profesional, históricamente criticado por su rigidez y por dificultar la progresión de muchos trabajadores. El nuevo modelo busca simplificar el acceso a los distintos niveles y facilitar la promoción interna.
Una de las medidas más relevantes es el reconocimiento del periodo MIR como experiencia profesional efectiva. Los años de formación especializada pasan a computar como antigüedad real dentro del sistema, acelerando la progresión de miles de médicos jóvenes.
En un contexto de escasez nacional de especialistas, la decisión tiene además una lectura estratégica al intentar fidelizar a los profesionales formados en Andalucía y reducir la fuga de talento hacia otras comunidades o hacia la sanidad privada.
El pacto incorpora también incentivos para puestos de difícil cobertura, especialmente en zonas rurales y en especialidades deficitarias. Más allá de su contenido técnico, el acuerdo tiene una importante dimensión política porque introduce estabilidad laboral y rebaja uno de los focos de tensión más persistentes del sistema sanitario andaluz.
En el balance final, la legislatura sanitaria deja una imagen dual. Andalucía ha alcanzado niveles históricos de inversión, modernización tecnológica y expansión de infraestructuras. Pero al mismo tiempo, la presión asistencial, las dificultades de acceso y crisis como la de los cribados han impedido consolidar una sensación plena de normalidad. El Gobierno andaluz cierra el mandato con más recursos y un sistema profundamente transformado, aunque todavía condicionado por problemas estructurales que siguen sin resolverse por completo.
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