EL PLENO DE MOTRIL APRUEBA REVOCAR LA CONSERVACIÓN AL CHIRINGUITO OLEAJE.
IDEAL.ES
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La sesión fue tensa pero gobierno y oposición votaron juntos en los temas clave, entre ellos una investigación sobre la adjudicación del local de ocio de Playa Granada
Desde que se colocó la primera piedra del proyecto, Izquierda Unida
de Motril declaró la guerra al chiringuito Oleaje de Playa Granada,
construido en una parcela de 1.300 metros cuadrados de suelo público, en
primera línea de playa, que se adjudicó en 2011 por concurso a una
empresa privada. Ayer, en el pleno ordinario, el grupo municipal de IU
libró una nueva batalla contra el chiringuito y logró sacar adelante por
unanimidad -por tanto con los votos del equipo de gobierno (PSOE y PA) y
el Partido Popular- una moción para que el Ayuntamiento inicie los
trámites para revocar la concesión aferrándose a los incumplimientos de
la empresa adjudicataria, que acumula una deuda con el Ayuntamiento de
más de 57.000 euros. Concretamente, el pleno aprobó la moción de IU,
defendida por la concejala Inmaculada Omiste, para que se revoque la
concesión demanial de la parcela ocupada por el local de ocio y que se
recupere como espacio público municipal. La medida se justifica, según
la concejala que defendió la moción, Inmaculada Omiste (IU), en la deuda
que la empresa concesionaria mantiene con el Ayuntamiento de Motril, y
que asciende a 57.233,48 euros, por impago del canon de concesión
administrativa. El contrato de adjudicación de la parcela de dominio
público municipal, valorada en 329.550 euros, obligaba, entre otros
requisitos, al pago de un canon mensual de 1.300 euros. «La cantidad
adeudada evidencia que la concesionaria ha venido incumpliendo dicha
obligación contractual desde un primer momento y de forma reiterada»,
subrayó Omiste, que recordó que en el contrato se establece el
incumplimiento de las obligaciones de pago como motivo para extinguir la
concesión.
La portavoz de IU, recordó que su partido entendió desde el primer momento «que el proceso de recalificación de suelo público municipal estaba repleto de irregularidades al considerar inadmisible la cesión durante 20 años de una zona verde en primera línea de playa de todos los motrileños y motrileñas para la instalación de un negocio privado». Hace un año, tras aprobarse la modificación de la actividad del chiringuito a bar con música, IU ya pidió en el pleno la creación de una comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación que salió adelante, aunque nunca llegó a constituirse. Por eso, ayer, al contar con el voto favorable de todos los partidos, IU exigió al gobierno que la comisión esté funcionando en el plazo máximo de un mes, «sin más demoras».
El equipo de gobierno de la socialista Flor Almón optó por un perfil bajo en este tema y no intervino en el debate, por lo que no aclaró las consecuencias que conlleva la aprobación de la moción, que plantea la revocación de la licencia, ni cómo piensan llevar a cabo este procedimiento. Este periódico se puso en contacto con fuentes de la empresa concesionaria que mostraron su sorpresa por la decisión del pleno, ya que señalaron que se está negociando el pago de la deuda con el Ayuntamiento y han puesto el tema en manos de sus asesores legales. Por su parte el PP, a pesar de que siempre ha defendido la legalidad del proceso de adjudicación que se llevó a cabo durante su mandato, no puso inconveniente en dar su apoyo a la moción de IU.
Más debate y controversia crearon otros puntos como la recuperación de derechos de los empleados públicos, a pesar de que también salió adelante por unanimidad. Fue de nuevo Izquierda Unida el grupo que presentó la moción para exigir la recuperación de la totalidad de la paga extra de 2012 que los empleados municipales perdieron como consecuencia del plan de ajuste municipal y las medidas de contención de gasto impuestas por ley por el Gobierno aquel año. Por encima incluso de la paga extra, los representantes de los sindicatos -a los que la alcaldesa permitió intervenir en el pleno- reclamaron la urgencia de flexibilizar del catálogo de incapacidades temporales, que está haciendo a los empleados municipales acudan a trabajar enfermos para no perder salario, según señalaron.
El equipo de gobierno mostró su firme intención de recuperar estos derechos «injustamente usurpados» y aunque se resistieron a concretar plazos, finalmente la alcaldesa se comprometió a que la paga extra esté abonada en su totalidad en el ejercicio 2016. Los representantes andalucistas del gobierno, María Ángeles y Antonio Escámez mantuvieron un duro enfrentamiento con el portavoz popular José García Fuentes, al que tacharon de «mentiroso» a la vez que consideraron impostada su defensa de los derechos de los trabajadores. El popular por su parte, recordó que el cronograma para recuperar estos derechos lo dejaron establecido antes de abandonar el gobierno así como la partida, en el presupuesto de 2015, para abonar la paga extra en su totalidad.
Por último, entre los asuntos destacados que se aprobaron en la sesión ordinaria de ayer, está la solicitud de los Fondos Europeos de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), 'Motril 2020: Motril SI', que sustituye al 'Plan Urban'. Motril ha presentado un proyecto de más de 18 millones de euros que avalaron todos los grupos políticos salvo IU, que se abstuvo al considerar que a la redacción del proyecto le ha faltado participación.
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En un mes
Además, la moción de IU que aprobó el pleno municipal, incluye la
creación «con carácter de urgencia de una comisión de investigación que
se determine las posibles irregularidades en el proceso de concesión,
instalación y explotación del chiringuito Oleaje y delimite, en su caso,
las presuntas responsabilidades en que hayan podido haber incurrido las
personas que hayan intervenido en dichos procesos».La portavoz de IU, recordó que su partido entendió desde el primer momento «que el proceso de recalificación de suelo público municipal estaba repleto de irregularidades al considerar inadmisible la cesión durante 20 años de una zona verde en primera línea de playa de todos los motrileños y motrileñas para la instalación de un negocio privado». Hace un año, tras aprobarse la modificación de la actividad del chiringuito a bar con música, IU ya pidió en el pleno la creación de una comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación que salió adelante, aunque nunca llegó a constituirse. Por eso, ayer, al contar con el voto favorable de todos los partidos, IU exigió al gobierno que la comisión esté funcionando en el plazo máximo de un mes, «sin más demoras».
El equipo de gobierno de la socialista Flor Almón optó por un perfil bajo en este tema y no intervino en el debate, por lo que no aclaró las consecuencias que conlleva la aprobación de la moción, que plantea la revocación de la licencia, ni cómo piensan llevar a cabo este procedimiento. Este periódico se puso en contacto con fuentes de la empresa concesionaria que mostraron su sorpresa por la decisión del pleno, ya que señalaron que se está negociando el pago de la deuda con el Ayuntamiento y han puesto el tema en manos de sus asesores legales. Por su parte el PP, a pesar de que siempre ha defendido la legalidad del proceso de adjudicación que se llevó a cabo durante su mandato, no puso inconveniente en dar su apoyo a la moción de IU.
Más debate y controversia crearon otros puntos como la recuperación de derechos de los empleados públicos, a pesar de que también salió adelante por unanimidad. Fue de nuevo Izquierda Unida el grupo que presentó la moción para exigir la recuperación de la totalidad de la paga extra de 2012 que los empleados municipales perdieron como consecuencia del plan de ajuste municipal y las medidas de contención de gasto impuestas por ley por el Gobierno aquel año. Por encima incluso de la paga extra, los representantes de los sindicatos -a los que la alcaldesa permitió intervenir en el pleno- reclamaron la urgencia de flexibilizar del catálogo de incapacidades temporales, que está haciendo a los empleados municipales acudan a trabajar enfermos para no perder salario, según señalaron.
El equipo de gobierno mostró su firme intención de recuperar estos derechos «injustamente usurpados» y aunque se resistieron a concretar plazos, finalmente la alcaldesa se comprometió a que la paga extra esté abonada en su totalidad en el ejercicio 2016. Los representantes andalucistas del gobierno, María Ángeles y Antonio Escámez mantuvieron un duro enfrentamiento con el portavoz popular José García Fuentes, al que tacharon de «mentiroso» a la vez que consideraron impostada su defensa de los derechos de los trabajadores. El popular por su parte, recordó que el cronograma para recuperar estos derechos lo dejaron establecido antes de abandonar el gobierno así como la partida, en el presupuesto de 2015, para abonar la paga extra en su totalidad.
EDUSI
También hubo bronca entre el equipo de gobierno y el Partido Popular a
cuenta de los consejos municipales de mayores y discapacidad, que el PP
pidió reactivar. El concejal de Servicios Sociales, Gregorio Morales,
acusó a la edil del PP Ángeles López de «malmeter y manipular de manera
partidista en un tema tan sensible» y aseguró que no sólo se van a
reunir en el primer trimestre del año, como es habitual, sino que además
se están buscando fórmulas para dar más funciones a estos consejos.Por último, entre los asuntos destacados que se aprobaron en la sesión ordinaria de ayer, está la solicitud de los Fondos Europeos de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), 'Motril 2020: Motril SI', que sustituye al 'Plan Urban'. Motril ha presentado un proyecto de más de 18 millones de euros que avalaron todos los grupos políticos salvo IU, que se abstuvo al considerar que a la redacción del proyecto le ha faltado participación.
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