34 DE CADA 100 DEPENDIENTES CON DERECHO A AYUDA SIGUEN SIN ESTAR ATENDIDOS.

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Álvaro (nombre ficticio), dependiente severo, con un paquete de pañales en la mano. 

• Son unos 10.600 granadinos y su espera se debe «a la orden nacional» de retrasar la entrada de los menos graves, según el Observatorio español

Los dictámenes del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborados por la asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, son el termómetro de cómo se está aplicando esa ley de protección que creó Zapatero, que toda la ciudadanía aplaudió y que en los últimos años se ha visto comprometida por los recortes. En su último examen, los inspectores nacionales han concluido que Andalucía es la comunidad con mayor cobertura, con más del 10% de su población potencialmente dependiente recibiendo prestaciones o servicios del sistema. Sólo Castilla León la supera en nota. Pero es no significa que estén para un sobresaliente.
En Granada viven alrededor de 19.700 dependientes atendidos -en parte- por la Junta de Andalucía, lo que supone un 11% del total autonómico. La bolsa de andaluces con ayuda a uno de enero de 2016 incluía a 179.239 individuos con algún tipo de necesidad. Las personas cubiertas se incrementaron un 9,7% en 2015, pero el Observatorio no es complaciente y recalca que, a pesar de esa mejora, Andalucía -y Granada- mantiene una elevada desatención (34,9%), un porcentaje similar a la media nacional. Esto es, 34 de cada 100 personas con el derecho a recibir ayuda no se benefician de nada.
«En el caso andaluz se debe al retraso, por mandato nacional, de la atención a usuarios valorados con grado I -los casos menos graves- y su acumulación durante ese periodo», explica el malagueño José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
A final de 2015, había unos 38.200 granadinos valorados por los técnicos de la Junta, de los que 30.300 se concluyó que tenían derecho a la prestación, pese a que los atendidos realmente eran unos 19.700, por lo que aún quedaban 10.600 a la espera de recibir algún tipo de cobertura. O sea, alrededor del 34% del total estaban desprotegidos.

La espera de Álvaro

Álvaro (nombre ficticio) vive en Granada. Su familia prefiere no dar sus señas reales. Él era una de esas personas con el derecho reconocido en el año 2015, pero a la espera de empezar a ejercerlo. Exempleado de una fábrica, le fue reconocida una dependencia severa -necesitaba ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, pero no requería del apoyo permanente de un cuidador- a principio de 2012. Las secuelas de un cáncer, varias cirugías digestivas y una incipiente demencia -hoy tiene 77 años- llevaron a su familia a solicitarle la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Más servicios y menos 'pagas'

La atención a la dependencia -según el Observatorio Nacional- ha generado en Andalucía casi 2.000 puestos de trabajo directos en 2015, alrededor de 220 en Granada. En total 35.542 andaluces -3.900 granadinos- trabajan vinculados a la dependencia, en ayuda a domicilio, residencias... «El quebranto económico que han supuesto para Andalucía los recortes en la financiación por parte del Ministerio desde 2012 asciende a 428 millones», señala el dictamen de los expertos nacionales. Según los mismos, destaca positivamente en 2015 el incremento de servicios prestados -teleasistencia, residencias, centros de día...- (14,7%) frente a prestaciones económicas (-8,2%). Todas las comunidades autónomas tienen una nota, basada en variables como el gasto público, la lista de espera o equilibrio entre prestaciones y servicios. La media nacional es 4,01 puntos, un suspenso, y son seis las que aprueban aunque ninguna llega al sobresaliente. En concreto, Castilla y León (8,6) y Andalucía (7,5) destacan por encima de las demás con un notable.

A principio de 2014, el estado de Álvaro había empeorado, pero aún no había sido aprobada la prestación o recurso del que debía beneficiarse, a pesar de que habían transcurrido más de dos años desde que le fuera asignado el grado de dependencia. Incluso acudió al Defensor del Pueblo.
La Defensoría, con sede en Sevilla, pidió un informe a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que le comunicó -ya en enero de 2015- que el expediente de Álvaro fue devuelto a los servicios sociales de su Ayuntamiento para que elaborasen un propuesta alternativa a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
La familia de Álvaro -muy modesta- se enteró -por fin en mayo de 2015- de que el proceso dependía de un certificado de convivencia que ellos habían solicitado al Ayuntamiento y que éste no había llevado a cabo aún. Con la ayuda de un abogado amigo suyo, le pidieron formalmente al Ayuntamiento un informe en el que figurase si el trámite del empadronamiento ya había sido cumplimentado y si los servicios sociales habían procedido a elaborar una propuesta de atención para Álvaro, «aunque no fuera la económica».
«Tras enviar esos papeles y hablar con la Agencia de la Dependencia, resolvieron a finales del año pasado que nos iban a dar la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el servicio de teleasistencia, porque mi padre ya está muy deteriorado. Vamos a empezar a cobrarla ya», explica la hija de Álvaro, contenta porque por fin ha llegado el momento de disfrutar de un derecho que tenían consolidado desde hace cuatro años.

Andalucía sale bien parada

Andalucía ha invertido en atención a la Dependencia 127 euros por habitante en 2015, por encima de la media estatal que es de 113 euros. Eso supone unos 117 millones de euros en la provincia de Granada, de los cuales el 62,3% son asumidos por la Junta de Andalucía, el 19,3% por los propios beneficiarios (copago) y sólo un 18,5% que corresponde a la aportación del Ministerio, según el Observatorio. «En este sentido, los recortes en la financiación estatal de la dependencia aprobados por RD 20/2012 han supuesto para la comunidad un quebranto acumulado de 428 millones de euros, dejando de recibir más de 100 millones de euros anuales del Estado», zanjó José Manuel Ramírez, presidente de la asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.