LOS NUEVOS DIFICULTAN LA APERTURA DE ESCUELAS A LOS MUNICIPIOS EL SUR DE MÁLAGA
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Las entidades locales están obligadas a reunir el espacio y el equipamiento necesarios para impartir la formación antes de saber si la Junta les concede la financiación
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La vuelta de las escuelas taller y los talleres de empleo después de seis años sin dinero para financiarlas es una buena noticia y así se la han tomado los ayuntamientos, que son las entidades a las que se dirige en exclusiva la nueva convocatoria de subvenciones lanzada por la Junta. Sin embargo, las normas que rigen el funcionamiento de estos programas mixtos de empleo y formación para parados jóvenes o de larga duración han cambiado, y mucho. Tanto es así que, con el plazo de solicitud ya corriendo (empezó el 15 de enero y acaba el 30 de abril), se suceden las reuniones entre responsables de la Consejería de Empleo y de los consistorios para aclarar dudas y concretar requisitos.
La principal preocupación de los ayuntamientos reside en que para
pedir las subvenciones deben estar acreditados para impartir las
acciones formativas, para lo cual tienen que contar con instalaciones
homologadas para el desarrollo de dichos programas, que deben
encuadrarse en el fichero de especialidades de Formación Profesional
para el Empleo que posibilitan la obtención de un certificado de
profesionalidad.
Así pues, se obliga a los consistorios a conseguir el espacio, el equipamiento e incluso los planes de prevención de riesgos laborales necesarios para impartir los cursos sin saber si se les concederá la subvención. La presidenta de la Asociación de Profesionales de Escuelas Taller de Málaga (Apetma), Ana García, está segura de que este requisito «limitará el acceso de los ayuntamientos a las escuelas taller y los talleres de empleo, sobre todo de los pequeños».
Los responsables del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, opinan igual. De hecho, pese a contar con más medios que cualquier otro consistorio de la provincia, va a presentar «bastantes menos» proyectos que en la última convocatoria, que fue la de 2011. Entonces solicitó 16, de los que les concedieron ocho. «Tenemos que estudiar cuántos centros podemos acreditar porque los requisitos de equipamiento son nuevos: por ejemplo, para jardinería te piden un invernadero de 200 metros», explica un portavoz del IMFE.
También hay otros criterios que pesarán a la hora de evaluar los proyectos, como el número y la proporción de parados existentes en el municipio, la aportación de dinero por parte de la entidad promotora (para así minorar la subvención necesaria), la existencia de compromiso de contratación de alumnos o el grado de éxito que haya obtenido la entidad en anteriores proyectos (entendiendo por éxito el porcentaje de alumnos que terminan el curso).
Otra novedad que no gusta a la Asociación de Profesionales de Escuelas Taller es la reducción de la duración de los proyectos a la mitad: de dos años a uno. «Es una pena porque por experiencia, sabemos que cuando realmente se ven los frutos de estos programas es a partir del año. Muchos chavales vienen del fracaso escolar, muy ‘maleados’. Cuesta tiempo que cojan el ritmo y, sobre todo, que adquieran la actitud necesaria para afrontar el trabajo», afirma Ana García.
Respecto al pago de las subvenciones, se establece que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% del dinero en el momento de la concesión, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total.
Así pues, se obliga a los consistorios a conseguir el espacio, el equipamiento e incluso los planes de prevención de riesgos laborales necesarios para impartir los cursos sin saber si se les concederá la subvención. La presidenta de la Asociación de Profesionales de Escuelas Taller de Málaga (Apetma), Ana García, está segura de que este requisito «limitará el acceso de los ayuntamientos a las escuelas taller y los talleres de empleo, sobre todo de los pequeños».
Los responsables del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, opinan igual. De hecho, pese a contar con más medios que cualquier otro consistorio de la provincia, va a presentar «bastantes menos» proyectos que en la última convocatoria, que fue la de 2011. Entonces solicitó 16, de los que les concedieron ocho. «Tenemos que estudiar cuántos centros podemos acreditar porque los requisitos de equipamiento son nuevos: por ejemplo, para jardinería te piden un invernadero de 200 metros», explica un portavoz del IMFE.
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El delegado provincial de Empleo, Mariano Ruiz, es «consciente» de la
dificultad que la acreditación previa supone para los ayuntamientos,
pero asegura que no hay otro remedio: «La ley estatal de Formación
Profesional obliga a hacerlo así». La fórmula que propone para los
consistorios más pequeños es «que se unan para presentar proyectos».
Cursos reglados
Otro importante cambio es el de la propia formación que pueden
impartir las escuelas taller y los talleres de empleo. Antes la elección
de los cursos era más libre pero ahora, si quieren acceder a las
subvenciones, los ayuntamientos deben atenerse al listado de
especialidades de FPE conducentes a la obtención de certificados de
profesionalidad. La ventaja es que los alumnos terminarán los
itinerarios formativos con un título reconocido en toda la UE. La
desventaja, que las entidades locales tienen menos libertad para escoger
los cursos que van a ofrecer. Dentro del catálogo disponible, la Junta
además ha primado unas especialidades sobre otras en función de su grado
de empleabilidad y su carácter innovador. Hay que tener en cuenta que
las subvenciones se van a conceder en régimen de concurrencia
competitiva.También hay otros criterios que pesarán a la hora de evaluar los proyectos, como el número y la proporción de parados existentes en el municipio, la aportación de dinero por parte de la entidad promotora (para así minorar la subvención necesaria), la existencia de compromiso de contratación de alumnos o el grado de éxito que haya obtenido la entidad en anteriores proyectos (entendiendo por éxito el porcentaje de alumnos que terminan el curso).
Otra novedad que no gusta a la Asociación de Profesionales de Escuelas Taller es la reducción de la duración de los proyectos a la mitad: de dos años a uno. «Es una pena porque por experiencia, sabemos que cuando realmente se ven los frutos de estos programas es a partir del año. Muchos chavales vienen del fracaso escolar, muy ‘maleados’. Cuesta tiempo que cojan el ritmo y, sobre todo, que adquieran la actitud necesaria para afrontar el trabajo», afirma Ana García.
Respecto al pago de las subvenciones, se establece que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% del dinero en el momento de la concesión, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total.
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