En el año 2017 el 5% de la flota (28 coches) tendrán que ser accesibles La capital ha pasado de tener 12 a 9 eurotaxis
Los propietarios de los taxis para personas con movilidad reducida (Eurotaxis) de la capital han denunciado que el Instituto Metropolitano del Taxi lleva varios años sin abonarles las subvenciones que les corresponden. En concreto, las de 2009 y 2012, con una media anual que ronda los 5.000 euros por taxi.
El concejal del PSOE, José María Rueda recordó ayer que en Granada hay 12 licencias de estas características "pero en la actualidad el número se ha reducido a 9". En este sentido, mostró su preocupación dado que para 2017 por ley, la capital tendrá que tener adaptados el 5% de todos sus taxis. "En la actualidad hay 560 licencias por lo que estamos hablando de 28 taxis adaptados para esa fecha, algo difícil de conseguir cuando no se pagan las ayudas, lo que pone en peligro la permanencia de los eurotaxis".
El concejal del PSOE recordó que la responsable de Movilidad del Ayuntamiento, Telesfora Ruiz, es la vicepresidenta de este órgano y, por eso, "hemos elevado una pregunta al pleno para conocer qué gestiones está haciendo el PP para abonar las deudas acumuladas con este colectivo".
En la comparecencia también estuvo presente un representante de los taxistas, José Puerto Ruiz, quien se quejó "de la dejadez del instituto" y puso de manifiesto que "estamos cansados de que no nos paguen estas ayudas. Estamos en una situación difícil, hemos hecho una inversión muy importante y prestamos un servicio esencial que no se puede mantener sin estas ayudas".
Así, Puerto Ruiz recordó que "para adaptar los taxis a personas con movilidad reducida gastamos una media de 20.000 euros más que los otros taxis, por lo tanto, estamos hablando de un gasto muy superior". En este sentido, alertó de que muchos de sus compañeros "están esperando a cambiar sus vehículos para dejar de prestar el servicio y pasar a transporte normal porque ya no nos sale rentable".
Por otro lado, José María Rueda se refirió al anuncio del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada de cerrar al tráfico y controlar con cámaras la calle San Juan de Dios. A juicio de Rueda, "se trata de otra medida improvisada que pone de manifiesto que el plan de Movilidad sólo tiene como objetivo recaudar y sangrar a multas a los ciudadanos".
El concejal del PSOE, José María Rueda recordó ayer que en Granada hay 12 licencias de estas características "pero en la actualidad el número se ha reducido a 9". En este sentido, mostró su preocupación dado que para 2017 por ley, la capital tendrá que tener adaptados el 5% de todos sus taxis. "En la actualidad hay 560 licencias por lo que estamos hablando de 28 taxis adaptados para esa fecha, algo difícil de conseguir cuando no se pagan las ayudas, lo que pone en peligro la permanencia de los eurotaxis".
El concejal del PSOE recordó que la responsable de Movilidad del Ayuntamiento, Telesfora Ruiz, es la vicepresidenta de este órgano y, por eso, "hemos elevado una pregunta al pleno para conocer qué gestiones está haciendo el PP para abonar las deudas acumuladas con este colectivo".
En la comparecencia también estuvo presente un representante de los taxistas, José Puerto Ruiz, quien se quejó "de la dejadez del instituto" y puso de manifiesto que "estamos cansados de que no nos paguen estas ayudas. Estamos en una situación difícil, hemos hecho una inversión muy importante y prestamos un servicio esencial que no se puede mantener sin estas ayudas".
Así, Puerto Ruiz recordó que "para adaptar los taxis a personas con movilidad reducida gastamos una media de 20.000 euros más que los otros taxis, por lo tanto, estamos hablando de un gasto muy superior". En este sentido, alertó de que muchos de sus compañeros "están esperando a cambiar sus vehículos para dejar de prestar el servicio y pasar a transporte normal porque ya no nos sale rentable".
Por otro lado, José María Rueda se refirió al anuncio del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada de cerrar al tráfico y controlar con cámaras la calle San Juan de Dios. A juicio de Rueda, "se trata de otra medida improvisada que pone de manifiesto que el plan de Movilidad sólo tiene como objetivo recaudar y sangrar a multas a los ciudadanos".
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