LOS REGANTES RECURRIRÁN EL RECORTE DE 700 HECTÁREAS POR LA LEY FORESTAL
HUELVA INFORMACIÓN
Piden una reunión de urgencia con Susana Díaz para "clarificar" la situación generada
Cultivos freseros en una finca de la comarca condal.
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado redobla su
apuesta y anuncia que acudirá a los tribunales para defender sus
derechos y frenar una reducción de las 9.340 hectáreas recogidas en el
Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana. El anuncio
se produce después de la profunda desazón que ha generado en el sector
fresero el hecho de que la Junta de Andalucía quiera ahora desmantelar
700 hectáreas de riego en virtud de la Ley Forestal Autonómica de 1992,
casi 25 años después de que algunas fincas ya estuvieran en producción.
El presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, detalló que la noticia ha caído como un jarro de agua fría, pues, valga el símil, "deja en papel mojado" los acuerdos a los que se llegó en los prolegómenos de las elecciones nacionales, donde "se nos vendió que todo estaba solucionado".
El líder social adelantó que van a solicitar una reunión de urgencia con la presidenta andaluza, Susana Díaz, y su homólogo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, a efectos de clarificar la situación y poner en firme "algo más que palabras y promesas".
Picón asegura que el sector se siente "engañado y estafado" por los poderes públicos. "Ahora parece que nada de lo acordado vale, vamos para atrás y la paz social está en riesgo. Los agricultores quieren adoptar medidas contundentes y yo no voy a engañarles con que todo se arreglará".
La presión para eliminar esta superficie agrícola se produce a la par que desde los poderes públicos alientan la puesta en riego de 23.000 hectáreas (parte de ellas, forestales) en la provincia. Picón ve incongruente que pervivan en un mismo territorio dos estrategias diametralmente opuestas: se alienta el proyecto para impulsar los regadíos a través de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu), que preside Juan Antonio Millán, pero por otro lado se pretenden desmantelar 2.000 hectáreas en el Condado (700, más 1.300 que han quedado fuera de ordenación). Esta comarca, indican en el sector, "tiene su producción plenamente consolidada y durante tres décadas ha demostrado su compatibilidad con el medio ambiente y el Parque Nacional de Doñana, para cuyo equilibrio hídrico sólo se hace necesaria la trasferencia de los 4,9 hectómetros cúbicos comprometidas desde el año 2008".
Picón lamentó, en este sentido, la excesiva burocracia. "Para la transferencia se nos emplaza a la "constitución de una comisión mixta en la que estén representados al 50%" la Junta de Andalucía y el Gobierno como responsables respectivamente de las cuencas del Tinto, Odiel, Piedras y la del Guadalquivir, en la que también estarán integrados los regantes.
Por último, el representante de la plataforma indicó que "los agricultores aseguraron sentirse engañados por la Administración, tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno, ya que ni la transferencia de 4,99 hm3, cuyas obras ya han acabado y aún no tiene las concesiones de agua, ni el trasvase de 15hm3 avanzan".
El principal escollo para legalizar las hectáreas no reguladas, entre tanto, lo representa el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), que ordena toda la superficie del Espacio Natural, es decir, la zona protegida que, a modo de colchón, amortigua y mitiga el impacto sobre el Parque Nacional.
Este plan, vigente desde 2004, definía las zonas forestales y agrícolas, poniendo techo a la superficie de riego frente a unos regadíos que desde los años ochenta no ha dejado de expandirse. El Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana hace lo propio con 64.000 hectáreas de terreno y autorizaba 9.340 hectáreas de riego, todas ellas anteriores al Potad.
La Plataforma también lamentó, a través de un comunicado, que la administración andaluza no haya respondido "a las innumerables alegaciones que se han presentado al plan, a pesar del compromiso mostrado a los agricultores de dar respuesta a las mismas antes de finalizar 2015".
La plataforma da un paso más y no sólo persigue que estas hectáreas cuenten con derechos de riego y recursos hídricos que les abastezcan, si no que pretenden que se haga extensible a las 1.300 que han quedado fuera del plan.
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