destroza las canalizaciones de agua, afectando a unas 110 hectáreas de invernaderos que ven peligrar su cosecha
Las cosechas de Albuñol, apenas unos días después de que la gran riada del lunes se llevase por delante invernaderos y todo cuanto pilló a su paso, se enfrentan ahora a una situación paradójica: pueden morir por la sequía. La fuerza de la corriente ha roto las canalizaciones de agua, por lo que el sistema de regadío de muchos cultivos que se habían salvado de la tormenta ha quedado prácticamente inservible, hecho que pone en peligro a la ya tocada agricultura local. «Si en ocho o diez días no hemos repuesto este servicio, las plantaciones se perderán», declaró la alcaldesa del pueblo, Mª José Sánchez.
Tal es la prioridad desde el Ayuntamiento por solventar este problema lo antes posible que, ayer mismo, la propia regidora mantuvo una reunión con el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel García; el diputado andaluz, Manuel Pezzi; y el director de la Oficina Comarcal Agrícola (OCA) de Motril, Santiago Romero, para realizar unas primeras valoraciones de los daños y efectuar unas líneas de actuación.
De hecho, la Junta estima que un mínimo de 110 hectáreas de cultivos están en peligro en Albuñol debido a los daños sufridos en el sistema de regadío. «Este es el balance que tenemos por ahora, aunque hasta el próximo lunes o martes no lo sabremos seguramente porque estamos todavía recopilando información de invernaderos que no están aún accesibles», explicó el delegado territorial del Gobierno andaluz.
«La comunidad de regantes trabaja para arreglar esta dificultad junto a técnicos municipales y agricultores pero es complicado porque hay zonas completamente arrasadas», agregó Sánchez, quien indicó que la problemática es mayor en tanto a que muchos agricultores «habían realizado ya en torno al 80% de la inversión y ahora la han perdido». La mayoría, recalcó, con sus fincas sin asegurar.
No es la única medida a adoptar de cara a recuperar la normalidad en el municipio. «Pediremos también una reducción de los módulos del IRPF al ministerio, además de arreglar y habilitar los caminos rurales porque hay que devolver la vida rural a la zona», detalló García, que reivindicó la necesidad de que los propietarios «se hagan un seguro».
Por su parte, el director de la OCA advirtió de las dificultades que están encontrando los diferentes organismos para tasar las plantaciones afectadas. «Es complicada hacer una valoración; hay que ver cómo está el tema del cultivo y la infraestructura para empezar a cultivar de nuevo, y asimismo ha de limpiarse aquellos cultivos que estén afectados por charcos de ‘chocolate’ −lodazal− para recuperar la capacidad de las plantas», aseguró, si bien constató que una de las mayores preocupaciones es la desinformación. «La gente no sabe qué hacer».
Aunque las principales vías de actuación parecen claras, todavía queda mucho trabajo por delante para cuantificar económicamente los daños. «Sólo estamos acometiendo aquellas actuaciones de emergencia dado que tenemos la maquinaria para realizarlas, pero para la valoración final habrá que esperar», expuso la alcaldesa albuñolense, que desveló que en un pleno extraordinario en la tarde del pasado martes «la Corporación aprobó calificar la situación de emergencia y acogernos a todas las ayudas de las administraciones». «Lo que está claro es que sin una ayuda no podremos salir adelante porque no tenemos recursos humanos ni económicos para ello; poseemos millones de euros en pérdidas en infraestructuras y para recuperar la normalidad necesitamos tanto a la Diputación, como a la Junta y al ministerio», indicó.
Otra de las medidas urgentes a las que se tuvo que enfrentar el Consistorio fue la de restablecer los suministros de luz, algo que se fue ejecutando paulatinamente desde que la tromba de agua dejara sin luz, ni agua potable ni cobertura móvil a todo el municipio. «El martes recuperamos los suministros en el pueblo y poco a poco lo hemos ido haciendo en el resto de anejos; únicamente queda una avería cercana a un barranco que se está terminando de subsanar», aseveró Sánchez.
Por si no fuera suficiente, la regidora contó lo «dificultoso» de organizar el operativo sin apenas comunicación y con el municipio en fiestas por azar del calendario. «Encima coincidió con las fiestas patronales, por lo que las tuvimos que suspender para coordinar los equipos de trabajo en los diversos núcleos de población», subrayó.
Ayudas
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, garantizó ayer en el pleno del Parlamento la colaboración del gobierno regional con los ayuntamientos de los municipios granadinos y almerienses gravemente afectados para que tengan la máxima facilidad para acudir a las subvenciones convocadas por la Consejería de Presidencia y Administración Local para este tipo de catástrofes.
Fiscal, que trasladó su pésame a las familias de los cuatro fallecidos por las lluvias torrenciales, apuntó que desde la Consejería de Agricultura también se trabaja con los seguros para que los agricultores afectados puedan acudir a esta medida. Del mismo modo, insistió en que actualmente se está analizando con responsables técnicos de las consejerías implicadas los efectos de la tormenta, se están evaluando daños y se van a analizar las medidas que se van a tomar. Por último, reveló que la Junta actuará sobre las infraestructuras y el dominio público hidráulico de su competencia.
Por otro lado, el grupo parlamentario socialista por Granada anunció que el próximo martes, durante el debate de enmiendas a los presupuestos generales del Estado para el próximo año, solicitará al Gobierno central ayudas extraordinarias para paliar los efectos de esta catástrofe y para la recuperación del litoral.
Tras visitar las zonas afectadas, los socialistas consideran «fundamental» la implicación y la «ayuda urgente» del Gobierno para que la población afectada recupere «cuanto antes» la normalidad, así como para reparar los daños sufridos en la zona. Una razón por la que esperan que dicha medida sea aprobada en el debate de enmiendas a los presupuestos del martes. «Es inasumible el coste económico que para familias, autónomos y empresas suponen las pérdidas y los daños ocasionados en invernaderos, infraestructuras agrícolas y cosechas», concluyó la diputada Elvira Ramón.
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