La plataforma Change.org reúne 50.000 firmas de apoyo para paralizar el desalojo de Juan y Magdalena previsto para el día 24
Numerosas personas se concentraron
ayer a las puertas de la sucursal de la entidad bancaria para pedir que
se paralice el desahucio de Juan y Magdalena.
La voluntad del nuevo equipo de gobierno de hacer cumplir el
mandato del pleno municipal y declarar a Granada ciudad libre de
desahucios ha sido recibida por los colectivos ciudadanos como agua de
mayo. Ayer, durante una movilización que Stop Desahucios llevó a cabo en
la oficina de Caja Rural de Gran Vía para exigir una solución al
desalojo de Juan y Magdalena (señalado para el próximo 24), fueron más
allá y propusieron al Ayuntamiento la creación de una comisión conjunta
que analice todos los casos de desahucios pendientes en la ciudad.
De momento, desde la Concejalía de Derechos Sociales, que lidera Jemi Sánchez, ya se han puesto en contacto con el matrimonio para concertar una cita con un trabajador social que pueda ayudarles a buscar una solución.
El pasado miércoles, el Ayuntamiento anunció su intención de impedir que los agentes de la Policía Local y Bomberos participen en los desalojos que se produzcan en la ciudad motivados por las dificultades económicas de las familias. Antonio Marruecos, miembro de Stop Desahucios, confía en que la medida sea algo más que una declaración de intenciones y afirmó que, aunque la Policía Local solo interviene cortando calles en los desahucios, sí puede ser más importante la ausencia de bomberos a la hora de acceder a los pisos altos cuando las familias se niegan a abandonar su casa.
"El Ayuntamiento tiene otra forma de presionar a las entidades financieras con las que tiene cuentas y préstamos", relataron desde Stop Desahucios. Más de 50.000 personas han apoyado ya con su firma la petición iniciada por el colectivo Stop Desahucios exigiendo a Caja Rural que pare el desahucio de Juan y Magdalena. Según explica la plataforma en su petición, van a ser desahuciados de la casa en la que llevan más de 30 años viviendo. El Change.org de Stop Desahucios afirma que "hace unos años, Juan y Magdalena, pequeños empresarios, decidieron montar un restaurante en unos terrenos de su propiedad en el polígono de Juncaril, con el objetivo de proporcionar trabajo a sus tres hijos, ya mayores".
Para ello, "tuvieron que pedir varios préstamos a Caja Rural, y los avalaron con una casa que tenían en la playa y con un plan de pensiones. Con la crisis, su sueño quedó truncado ya que varias de las empresas próximas al restaurante empezaron a cerrar y, ante la dificultad de pagar el préstamo, firmaron una reestructuración de la deuda con la entidad bancaria, que les obligó a avalar con su residencia habitual, explican.
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