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Más del 70% de la plantilla llevó al Consistorio a los tribunales para reclamar el pago de las 2,5 horas 'extra' para funcionarios obligadas por el Gobierno
El asunto se remonta a 2011. La inmensa mayoría de la plantilla de la
Policía Local de Roquetas de Mar (conformada por 115 efectivos) reclamó
por escrito al Ayuntamiento que se le abonaran las 2,5 horas de más
que, por una resolución del Gobierno central en el año 2005, debían
trabajar los funcionarios públicos municipales, pasando de 35 horas
semanales a las 37,5 horas. Sin embargo, estudiadas dichas reclamaciones
por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, todas y
cada una de ellas fueron desestimadas. Algunas en bloque, otras de forma
individual. Ahora, varios años más tarde, un rosario de sentencias está
dándoles la razón a gran parte de los agentes del cuerpo y ha obligado
al Consistorio que preside Gabriel Amat (PP) a proveer el abono de
cuantías individuales que rondan los 12.000 euros de media por estas
horas de más entre los años 2007 y 2011.
Según relataron a IDEAL fuentes cercanas al caso -que pidieron expresamente el anonimato- fueron más de 70 los agentes que recurrieron ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo el pago de unas cuantías que, a su juicio, se les adeudaban por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Y los resultados de dichos recursos judiciales han ido por barrios. «Como ha habido reparto entre los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Almería, los casos que han caído en dos de los juzgados se han resuelto de forma desfavorable para los agentes. Sin embargo los que han caído en el otro, sí que se han dictaminado como favorables a los policías», relataron dichas fuentes.
Estas sentencias contrarias a la posición que mantenía el Ayuntamiento de Roquetas representarían aproximadamente un tercio del total. Este miércoles, este diario reclamó al Consistorio roquetero información al respecto para conocer a cuánto asciende la suma que las arcas públicas deberán desembolsar tras las sentencias judiciales desfavorables sin obtener respuesta sobre el particular.
Las fuentes consultadas por este diario sitúan la cuantía en torno a los 12.000 euros por agente con sentencia favorable, lo que elevaría la cuantía total a cerca de los 300.000 euros, si bien otras personas cercanas al conflicto rebajaron la cifra a una cercana a los 100.000. «Mucho dinero en cualquier caso», alegaron.
Desde la oposición al Gobierno municipal de Gabriel Amat afirmaron este miércoles que esta misma semana la Junta Local que lidera el también presidente de la Diputación Provincial de Almería aprobó una partida para dar por cumplidas las sentencias favorables a los agentes, si bien tampoco pudieron cifrar la cuantía total al no disponer del acta de la reunión. Mientras tanto, abundaron las mencionadas fuentes, algunos letrados estudian la posibilidad de recurrir en los casos en los que los tribunales almerienses han rechazado el recurso contencioso, aproximadamente dos tercios de los casos, alegando desiguales dictámenes judiciales en casos idénticos.
En una de las últimas resoluciones al respecto dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería, relataron fuentes cercanas a esta casuística, el tribunal habría conminado al alcalde de Roquetas de Mar -Amat- a cumplir con la sentencia y abonar la cuantía establecida a uno de los agentes o, en su caso, a designar la persona responsable, dado que la ejecución forzosa del fallo se había iniciado en septiembre y aún no se había hecho efectiva a mediados de este mismo mes. En dicha resolución, además, se habría impuesto -prosiguieron- al primer edil una «multa coercitiva» (simbólica, de unos 150 euros) con la finalidad de que se hiciera cumplir con la sentencia de forma inmediata.
Cabe recordar que tanto Amat como otros seis ediles de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se encuentran a día de hoy imputados en la investigación que persigue determinar la legalidad de la licencia para la construcción de diez viviendas unifamiliares de lujo en el paraje La Fabriquilla, en la localidad roquetera de El Parador. Amat tuvo que declarar en noviembre del pasado año ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas, María del Mar Alejo, ante la que defendió su inocencia escudándose, como ha hecho públicamente cada vez que se le ha preguntado al respecto, en que los informes técnicos y jurídicos municipales eran favorables a la otorgación de la licencia de obras y que la Junta de Gobierno que él mismo presidía aprobó el expediente con dichos documentos como sustento.
Según relataron a IDEAL fuentes cercanas al caso -que pidieron expresamente el anonimato- fueron más de 70 los agentes que recurrieron ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo el pago de unas cuantías que, a su juicio, se les adeudaban por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Y los resultados de dichos recursos judiciales han ido por barrios. «Como ha habido reparto entre los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Almería, los casos que han caído en dos de los juzgados se han resuelto de forma desfavorable para los agentes. Sin embargo los que han caído en el otro, sí que se han dictaminado como favorables a los policías», relataron dichas fuentes.
Estas sentencias contrarias a la posición que mantenía el Ayuntamiento de Roquetas representarían aproximadamente un tercio del total. Este miércoles, este diario reclamó al Consistorio roquetero información al respecto para conocer a cuánto asciende la suma que las arcas públicas deberán desembolsar tras las sentencias judiciales desfavorables sin obtener respuesta sobre el particular.
Las fuentes consultadas por este diario sitúan la cuantía en torno a los 12.000 euros por agente con sentencia favorable, lo que elevaría la cuantía total a cerca de los 300.000 euros, si bien otras personas cercanas al conflicto rebajaron la cifra a una cercana a los 100.000. «Mucho dinero en cualquier caso», alegaron.
Desde la oposición al Gobierno municipal de Gabriel Amat afirmaron este miércoles que esta misma semana la Junta Local que lidera el también presidente de la Diputación Provincial de Almería aprobó una partida para dar por cumplidas las sentencias favorables a los agentes, si bien tampoco pudieron cifrar la cuantía total al no disponer del acta de la reunión. Mientras tanto, abundaron las mencionadas fuentes, algunos letrados estudian la posibilidad de recurrir en los casos en los que los tribunales almerienses han rechazado el recurso contencioso, aproximadamente dos tercios de los casos, alegando desiguales dictámenes judiciales en casos idénticos.
En una de las últimas resoluciones al respecto dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería, relataron fuentes cercanas a esta casuística, el tribunal habría conminado al alcalde de Roquetas de Mar -Amat- a cumplir con la sentencia y abonar la cuantía establecida a uno de los agentes o, en su caso, a designar la persona responsable, dado que la ejecución forzosa del fallo se había iniciado en septiembre y aún no se había hecho efectiva a mediados de este mismo mes. En dicha resolución, además, se habría impuesto -prosiguieron- al primer edil una «multa coercitiva» (simbólica, de unos 150 euros) con la finalidad de que se hiciera cumplir con la sentencia de forma inmediata.
Cabe recordar que tanto Amat como otros seis ediles de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se encuentran a día de hoy imputados en la investigación que persigue determinar la legalidad de la licencia para la construcción de diez viviendas unifamiliares de lujo en el paraje La Fabriquilla, en la localidad roquetera de El Parador. Amat tuvo que declarar en noviembre del pasado año ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas, María del Mar Alejo, ante la que defendió su inocencia escudándose, como ha hecho públicamente cada vez que se le ha preguntado al respecto, en que los informes técnicos y jurídicos municipales eran favorables a la otorgación de la licencia de obras y que la Junta de Gobierno que él mismo presidía aprobó el expediente con dichos documentos como sustento.
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