GRANADA HOY
EL PAGO A PLAZOS DEL PLAN DE CALIDAD AFECTARÁ A MAS DE 5.100 PROFESORES.
Educación abonará en tres veces la cuantía a los docentes que se adhirieron al programa y que imparten clase en 222 centros
Un profesor se dirige a sus alumnos en un instituto.
"El profesorado que haya prestado servicios durante el cuarto
año de aplicación del programa en el centro percibirá en tres pagos
iguales durante los tres cursos siguientes al último de aplicación del
plan y antes de la finalización de cada uno de ellos, un incentivo
económico, en función de la consecución de los objetivos educativos
fijados". Es la disposición suscrita por la consejera de Educación,
Adelaida de la Calle, y que ha publicado el Boletín Oficial de la Junta
(BOJA) respecto al plan de calidad. El citado programa, que la Junta
puso en marcha en 2008 en un intento de mejorar la calidad y premiar al
profesorado por hacer su trabajo y que suscitó las críticas del gremio,
incluía el pago de incentivos a los profesores de hasta 7.000 euros, en
el plazo de cuatro años consecutivos. Este dinero se distribuyó de la
siguiente forma: 600 euros, el primer año; 1.200 euros, el segundo, y
1.800, el tercero. En el último ejercicio -que corresponde a este año-
el incentivo para el profesor era de 3.400 euros. Antes de recibir este
dinero extra, los profesores tenían que pasar una evaluación y el propio
centro, cumplir una serie de objetivos.
Una vez concluido el programa -la última convocatoria fue para el curso 2012-2013-, llega ahora el turno de los pagos, que afectan en Granada a 5.100 profesores que se adhirieron al plan de más de un centenar de centros. En concreto, se trata de 222 instalaciones educativas en toda la provincia, lo que supone en torno al 50% de las instalaciones educativas públicas que hay en Granada, según la información del sindicto CSIF.
Sin embargo, pasado el tiempo ahora a la Consejería de Educación no le salen las cuentas previstas para 2016 con la aplicación correcta del programa. Así, el BOJA recuerda que Educación reguló el programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros mediante una orden de 26 de septiembre de 2011. No obstante, hay que recordar que en agosto de 2013 se aprobó otra orden por la que se deroga el capítulo II de la orden de 26 de septiembre de 2011 y por la que se regula el programa de calidad; ésta, además, daba por finalizada la incorporación de nuevos centros al programa, si bien preveía que los centros docentes ya seleccionados pudieran culminar su participación en el programa de calidad en el que se encontrasen incorporados. Aun así, el BOJA anota ahora que el seguimiento del programa y la valoración anual de los objetivos educativos, así como, en su caso, la evaluación constata que "la previsión de la suma de los incentivos económicos correspondientes, realizada a partir de la proyección de resultados anteriores de los procesos de seguimiento y valoración, excede la disponibilidad presupuestaria establecida para el ejercicio 2016".
Con todo ello, el profesorado granadino que se inscribió al citado plan en el curso educativo 2011-2012 debía haber recibido el pasado mes de marzo el 100% del complemento una vez finalizado el mismo, lo que suponía un importe de 105 millones de euros en toda Andalucía.
El sindicato CSIF ya ha dado la voz de alarma y ayer explicó que "con la decisión unilateral de la Administración autonómica, este dinero se abonará ahora dividido en tres anualidades: un 33% en marzo de 2016, otro 33% en marzo de 2017 y el último 33% en marzo de 2018". Los centros acogidos al programa en el curso siguiente terminarán de cobrar este plus en 2019. Según cálculos realizados por el propio sindicato, la cantidad media por docente que se pretende diferir está por encima de los 2.000 euros.
La responsable del Sector de Educación de CSIF Granada, Victoria Pineda, mostró su "más enérgica oposición a esta imposición que de manera unilateral pretende llevar a cabo la Consejería". La Junta de Personal Docente no Universitario -que representa a todo el profesorado de la provincia de Granada-, a propuesta de CSIF, también mostró recientemente su rechazo por considerarla "arbitraria", "injusta" e "ilegal".
"No vamos a permitir este nuevo atropello de una Administración insensible con los docentes, que han perdido más del 30% de sus retribuciones y han sufrido un gran empeoramiento de sus condiciones laborales en los últimos años", recalcó Pineda. Para la dirigente sindical, "el pago diferido que ahora quiere aplicar la Consejería es un abuso y un peligroso precedente que podría generalizarse si la Administración ve como viable empezar a pagar a plazos a la plantilla docente". "Desde el CSIF no estamos dispuestos a consentir que los empleados públicos se conviertan, una vez más, en la fuente de financiación de la Junta, por lo que si la Consejería no da marcha atrás a su decisión sobre el Plan de Calidad emprenderemos todas las acciones jurídicas que entendemos que nos asisten ante esta nueva injusticia", advirtió Pineda.
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