Organizaciones profesionales y de usuarios
piden más transparencia sobre la compra de medicamentos y creen obsoleto
el actual modelo.
La irrupción de las innovaciones terapéuticas suele tener un
notable impacto en los presupuestos sanitarios. Por motivos más o menos
afortunados, el caso de los tratamientos para la hepatitis C, la presión
del déficit público sobre la gestión de los servicios, los nuevos
impulsos por la transparencia y la participación de la sociedad civil o
la posibilidad de compartir información más rápido, están haciendo más
notable cierto oscurantismo histórico en la compra de medicamentos.
Relaciones crípticas que han llevado a que ni dentro de un continente,
ni siquiera dentro de un país o de una misma comunidad, se pague lo
mismo por un tratamiento. Es una traslación perversa de la globalización
que acerca o aleja el acceso a un producto según factores que van mucho
más lejos del territorio común de la sanidad. Miembros de la campaña
'No Es Sano' se concentraron el pasado miércoles, vestidos de caja de
medicamento, a las puertas del Congreso para reclamar a los diferentes
partidos políticos que impulsen medidas para acabar con el alto precio
de los fármacos y transformar el actual modelo de investigación y
desarrollo de los mismos.
Fue un acto simbólico para denunciar que los mismos medicamentos que salvan vidas también pueden ser una barrera debido a su alto coste. "No podemos seguir permitiendo que los precios de los medicamentos sean arbitrarios y se decidan en función de lo que cada país está dispuesto a pagar. Hablamos de fármacos que tratan enfermedades tan graves como el cáncer, el sida, las enfermedades raras o la hepatitis C y deberían ser considerados un bien público", ha afirmado Vanessa López, directora de Salud por Derecho. "La realidad es que no hay sistema de salud que sea capaz de asumir esos precios sin poner en riesgo su sostenibilidad, una situación que ya estamos viendo en España", ha apostillado.
Esta campaña está respaldada por organizaciones importantes, como la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Salud Pública, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). Su manifiesto está firmado por muchas de las organizaciones no gubernamentales del sector sanitario. La campaña nació en el contexto de las pasadas elecciones generales para movilizar el compromiso político por un cambio en el actual modelo de innovación de medicamentos. PSOE, Podemos, Unidad Popular- Izquierda Unida, Democracia y Llibertat y UPyD firmaron entonces la declaración de No Es Sano comprometiéndose a buscar un nuevo modelo que garantice el acceso de la ciudadanía a los fármacos que necesita a un precio asequible. Por ello, la campaña ha recordado en el Congreso a estos partidos su compromiso y ha instado al resto de partidos, entre ellos PP y Ciudadanos, a firmar la declaración.
Para que se produzca ese cambio de modelo, No Es Sano reclama la introducción de transparencia en todo el sistema de investigación y desarrollo de medicamentos para conocer los precios reales de transacción en la compra de fármacos, las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D que se destinan al desarrollo de los medicamentos, o los datos clínicos y los resultados de investigación y costes de los productos farmacéuticos financiados con dinero público. Propugnan también la evaluación de tecnologías sanitarias para garantizar que solo se financien con dinero público aquellos medicamentos que tengan una ventaja terapéutica añadida.
La campaña demanda también la introducción de criterios de interés público en todas las inversiones que el estado realice en este ámbito; y el impulso de nuevos modelos de innovación a través de gobiernos, instituciones y centros de investigación que promuevan iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos de investigación y desarrollo de medicamentos que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo y modelo de negocio.
Fue un acto simbólico para denunciar que los mismos medicamentos que salvan vidas también pueden ser una barrera debido a su alto coste. "No podemos seguir permitiendo que los precios de los medicamentos sean arbitrarios y se decidan en función de lo que cada país está dispuesto a pagar. Hablamos de fármacos que tratan enfermedades tan graves como el cáncer, el sida, las enfermedades raras o la hepatitis C y deberían ser considerados un bien público", ha afirmado Vanessa López, directora de Salud por Derecho. "La realidad es que no hay sistema de salud que sea capaz de asumir esos precios sin poner en riesgo su sostenibilidad, una situación que ya estamos viendo en España", ha apostillado.
Esta campaña está respaldada por organizaciones importantes, como la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Salud Pública, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). Su manifiesto está firmado por muchas de las organizaciones no gubernamentales del sector sanitario. La campaña nació en el contexto de las pasadas elecciones generales para movilizar el compromiso político por un cambio en el actual modelo de innovación de medicamentos. PSOE, Podemos, Unidad Popular- Izquierda Unida, Democracia y Llibertat y UPyD firmaron entonces la declaración de No Es Sano comprometiéndose a buscar un nuevo modelo que garantice el acceso de la ciudadanía a los fármacos que necesita a un precio asequible. Por ello, la campaña ha recordado en el Congreso a estos partidos su compromiso y ha instado al resto de partidos, entre ellos PP y Ciudadanos, a firmar la declaración.
Para que se produzca ese cambio de modelo, No Es Sano reclama la introducción de transparencia en todo el sistema de investigación y desarrollo de medicamentos para conocer los precios reales de transacción en la compra de fármacos, las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D que se destinan al desarrollo de los medicamentos, o los datos clínicos y los resultados de investigación y costes de los productos farmacéuticos financiados con dinero público. Propugnan también la evaluación de tecnologías sanitarias para garantizar que solo se financien con dinero público aquellos medicamentos que tengan una ventaja terapéutica añadida.
La campaña demanda también la introducción de criterios de interés público en todas las inversiones que el estado realice en este ámbito; y el impulso de nuevos modelos de innovación a través de gobiernos, instituciones y centros de investigación que promuevan iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos de investigación y desarrollo de medicamentos que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo y modelo de negocio.
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