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Solo el níscalo está a algo más de veinte euros el kilo, lo cual supone que los productos incautados hubieran obtenido unos beneficios superiores a los 8.000 euros
Los montes públicos de la provincia de Granada se han convertido en una mina de oro para mucha gente dedicada a llevarse grandes cantidades de setas silvestres de forma ilegal.
La vigente Ley Forestal permite arrancar hasta tres kilogramos por día y por persona sin tener que solicitar permiso previo al propietario de ese monte. Sin embargo, tanto los agentes de Medio Ambiente como el propio Seprona de la Guardia Civil detectan en estos días un trasiego importante de gente foránea que se lleva estos manjares de la naturaleza.
Sin ir más lejos, el Seprona de Baza decomisó el pasado miércoles 327 kilos de níscalos repartidos en un centenar de cajas que estaban depositadas en un todo terreno en la carretera GR-8101 de Caniles-Escúllar. El martes pasado, otra patrulla de la Guardia Civil de Caniles se hizo con cincuenta kilos de setas silvestres robadas de una furgoneta en el kilómetro 10 de la GR-8101, en un camino rural. Imputó en este robo a un matrimonio de Baza de 37 y 34 años.
Entre las dos actuaciones suman casi cuatrocientos kilos de setas silvestres arrancadas de monte público. Solo por citar algunos precios: el coste del kilo de níscalos a principio de temporada varía de los 25 a los 37 euros según zonas y mercados.
En los últimos días de octubre y mediados de noviembre su valor cae a los 15 euros. Con estos precios, las setas silvestres decomisadas hubieran supuesto más de 8.000 euros en el mercado. Casi nada.
Advertencia del Seprona
El Seprona advierte también del daño que se genera en el medio ambiente al arrancar estas grandes cantidades de setas silvestres utilizando prácticas desaconsejadas que dañan bastante el suelo donde se encuentran estos hongos, impidiendo su reproducción para la próxima temporada o generando otro tipo de daños irreparables.
Este auge de recolección de setas silvestres en grandes cantidades en el monte público choca contra la Ley Forestal que lo prohíbe, pero también a la hora de comercializar estos manjares los recolectores ilegales se topan contra la orden sanitaria que regula el control de este tipo de productos de cara a su comercialización.
Gran parte de estos productos se venden en la vecina provincia de Murcia y en Cataluña.
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