LA VERDAD
Constructoras y concesionarias piden el doble del 20% que les ofrece el Gobierno, que ha acordado con la banca diferir la deuda a 30 años
Cual si fuera hora punta en cualquiera de los accesos a las grandes ciudades del país, la negociación para crear una nueva empresa nacional de autopistas -a imagen de la extinta ENA- para acoger a una decena de vías de peaje en claro riesgo financiero -siete ya están en concurso de acreedores- se halla atascada. El principio de acuerdo alcanzado en los últimos días entre el Ministerio de Fomento y las grandes entidades financieras del país sólo ha servido para despejar uno de los carriles, el de la banca acreedora, pero los otros siguen casi parados.
Hablamos de un sector lastrado por la caída del tráfico donde participan empresas con intereses no siempre coincidentes, desde constructoras -están las principales, encabezadas por ACS y FCC- hasta bancos que actúan también como inversores -Bankia y el BES portugués- y las propias concesionarias -Abertis, Cintra y Globalvía-, de modo que alcanzar una solución común no es fácil. Todas sí parecen coincidir en un punto claro, el que más les distancia del Gobierno: la valoración de esa nueva sociedad.
Fomento, cuyos representantes han urgido a las empresas a que les den una respuesta esta misma semana, no parece dispuesto a darles más del 20% en el accionariado, y eso valorando en 608 millones de euros esa sociedad pública, según los cálculos de una firma externa. Partiendo de esos números, el valor residual que les quedaría a las compañías apenas alcanzaría los 122 millones, es decir, 15 veces menos que el capital que pusieron en las concesionarias (1.800 millones).
Por eso, las cuentas no les salen. Empezaron pidiendo, al menos, el 49% de esa futurible sociedad -en las últimas fechas se han acrecentado las dudas sobre su creación-, si bien estarían dispuestas a reducir su parte hasta el 40%, e incluso algunas aceptarían el 35%, según las fuentes del sector consultadas.
Pulso del Ejecutivo
Conocedor de que podrían surgir divergencias en el bloque empresarial -algunas constructoras necesitan una solución contable antes del cierre de 2013, mientras que concesionarias como Abertis disponen de margen financiero para aceptar otras alternativas-, el Ejecutivo parece estar dispuesto a mantener el pulso. «Lo que no se contempla, ni se ha contemplado -afirmaba hace pocos días la ministra Ana Pastor-, es que la deuda de las autopistas se pague con los impuestos de todos».
Desde el sector, sin embargo, no se va a aceptar un ultimátum, apuntan las fuentes citadas. Se quiere agotar la vía de la negociación, aunque con un as en la manga: la responsabilidad patrimonial de la administración en caso de impago de la deuda, reconocida en la propia ley que regula las concesiones. Las empresas no desean llegar a este punto, pero si el Ejecutivo opta por una solución no consensuada contemplan incluso acudir a los tribunales, entre otras cosas, porque allí ya están perdiendo las primeras batallas.
Distintos fallos judiciales las han condenado a abonar las sumas pendientes por las expropiaciones de los terrenos donde se construyeron las vías de peaje -con un sobrecoste de 490 millones-, mientras tienen pendiente de cobro otros 500 millones por cambios contractuales no abonados. Fomento les reconoce ambos conceptos, pero rebaja las compensaciones a 20 y 50 millones, respectivamente.
Precisamente el preacuerdo con los seis grandes bancos nacionales establece que esas sumas (las asumidas por el Ministerio) engordarían la deuda, cuya cuantificación rondaría finalmente los 4.000 millones de euros tras varios «ajustes», Entre estos figuran el que la banca extranjera que quiera cobrar ya, y, por lo tanto, no sumarse al pacto, debería asumir una quita del 50%, recomprando el resto de su deuda pendiente las entidades españolas.
Esa deuda contaría finalmente con el aval del Estado, extendería su vencimiento a los 30 años y, a cambio, elevaría «un poco» su interés. Pero todo sería papel mojado sin el acuerdo con las empresas, aunque el Gobierno contempla otras opciones para mantenerlo. Todo en aras de que el déficit y la deuda pública no se disparen entre 2013 y 2014.
Comentarios
Publicar un comentario