La Junta no ha abonado todavía las ayudas de 2014 y la orden para el pago de las mensualidades de 2015 no ha sido publicada
La situación de las empresas es ya inviable.
Los centros especiales de empleo son empresas en las que al
menos un 70% de la plantilla tiene alguna discapacidad. Estas compañías,
que cumplen un importante papel social para la integración de las
personas con discapacidad, reciben de la Junta de Andalucía una ayuda
económica por cada puesto de trabajo, lo que les permite competir en
igualdad de condiciones en el mercado. El problema es que hace casi dos
años que no ingresan ni un euro de esas aportaciones públicas. Según la
información facilitada por la Asociación de Centros Especiales de Empleo
de la Comunidad Andaluza (Aceca), el Gobierno autónomico debe a las
empresas granadinas casi dos millones de euros correspondientes al año
2014, a lo que habría que sumar las cantidades de 2015, que ni siquiera
han podido ser tramitadas por falta de orden por parte de la Junta de
Andalucía.
Esto ha puesto contra las cuerdas a muchos de los centros de empleo de la provincia, que sobreviven a duras penas sin esas ayudas. El problema, además, es que no hay garantías de que las cobren en breve. La presidenta de Aceca, María del Mar Martín, explica que, aunque la Junta ha asegurado que intentarán solucionar la situación "antes de final de año", no hay ningún tipo de plazo comprometido. Además, según apunta Martín, cuando se abonen, no se pagará el cien por cien de la deuda. "Sólo se pagará un 70% y por orden de llegada de las justificaciones", indica la presidenta de Aceca, que asegura que habrá provincias que cobren más que otras, y centros que se queden sin subvención por haber presentado más tarde las justificaciones. Además, queda por resolver el cobro de las ayudas correspondientes a 2015, que a mediados de octubre todavía no han sido resueltas por la administración.
"Los trabajadores han cobrado a costa de hipotecar la empresa, de pedir dinero o de otras soluciones de urgencia", explica la presidenta de Aceca, que asegura que las subvenciones sólo son concedidas si las empresas están al corriente de pago con sus trabajadores, con Hacienda y con la Seguridad Social. "Te piden estar al corriente de todo", indica María del Mar Martín, que asegura que cuando envían las justificaciones, las empresas deben adjuntar comprobante de las transferencias hechas a sus empleados.
Desde la asociación andaluza aseguran que todos los centros especiales de empleo de Granada y del resto de Andalucía "están en grave riesgo", ya que sus posibilidades de competir en el mercado son nulas sin las ayudas públicas. Estas empresas se especializan en servicios, entre ellos reparto a domicilio, jardinería o limpieza de vehículos. Al mes, los trabajadores cobran entre 600 y 900 euros, según su antigüedad. De ellos, alrededor de 300 son abonados por la Junta, lo que permite equilibrar la menor competitividad de la empresa, que cumple un fin netamente social. Estas ayudas al mantenimiento del empleo fueron creadas por la Ley de Integración Social del Minusválido, aprobada en 1982.
Todos los centros especiales de empleo andaluces están convocados hoy a una reunión en Sevilla en la que se abordará la difícil situación que atraviesa el sector y se plantearán posibles soluciones. Aunque la situación en Granada es complicada, hay provincias andaluzas en las que la deuda incluye mensualidades de 2013 e incluso del año 2012.
Esto ha puesto contra las cuerdas a muchos de los centros de empleo de la provincia, que sobreviven a duras penas sin esas ayudas. El problema, además, es que no hay garantías de que las cobren en breve. La presidenta de Aceca, María del Mar Martín, explica que, aunque la Junta ha asegurado que intentarán solucionar la situación "antes de final de año", no hay ningún tipo de plazo comprometido. Además, según apunta Martín, cuando se abonen, no se pagará el cien por cien de la deuda. "Sólo se pagará un 70% y por orden de llegada de las justificaciones", indica la presidenta de Aceca, que asegura que habrá provincias que cobren más que otras, y centros que se queden sin subvención por haber presentado más tarde las justificaciones. Además, queda por resolver el cobro de las ayudas correspondientes a 2015, que a mediados de octubre todavía no han sido resueltas por la administración.
"Los trabajadores han cobrado a costa de hipotecar la empresa, de pedir dinero o de otras soluciones de urgencia", explica la presidenta de Aceca, que asegura que las subvenciones sólo son concedidas si las empresas están al corriente de pago con sus trabajadores, con Hacienda y con la Seguridad Social. "Te piden estar al corriente de todo", indica María del Mar Martín, que asegura que cuando envían las justificaciones, las empresas deben adjuntar comprobante de las transferencias hechas a sus empleados.
Desde la asociación andaluza aseguran que todos los centros especiales de empleo de Granada y del resto de Andalucía "están en grave riesgo", ya que sus posibilidades de competir en el mercado son nulas sin las ayudas públicas. Estas empresas se especializan en servicios, entre ellos reparto a domicilio, jardinería o limpieza de vehículos. Al mes, los trabajadores cobran entre 600 y 900 euros, según su antigüedad. De ellos, alrededor de 300 son abonados por la Junta, lo que permite equilibrar la menor competitividad de la empresa, que cumple un fin netamente social. Estas ayudas al mantenimiento del empleo fueron creadas por la Ley de Integración Social del Minusválido, aprobada en 1982.
Todos los centros especiales de empleo andaluces están convocados hoy a una reunión en Sevilla en la que se abordará la difícil situación que atraviesa el sector y se plantearán posibles soluciones. Aunque la situación en Granada es complicada, hay provincias andaluzas en las que la deuda incluye mensualidades de 2013 e incluso del año 2012.
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