SESENTA AÑOS DE PELIGRO DE DERRUMBE IDEAL.ES
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Seis décadas después y tras dos intentos frustrados de desalojo por la fuerza, el Ayuntamiento insiste en solicitar el cambio de uso a residencial
El texto que sigue, no tiene desperdicio y es, detalle arriba, detalle abajo, de rabiosa actualidad pese a que ha cumplido sesenta años. Seis décadas completas desde aquel lejano martes día 8 del mes de febrero de 1955 hasta hoy. Presten atención al comienzo del texto: "La alarma de cerca de 400 desvalidos tuvo eco en los despachos oficiales porque un "curita joven" se encargó de repetirlo ante las autoridades:
-¡Los covarrones de San Miguel se hunden señor gobernador!
-¡El problema es muy grave, señor alcalde!
Más adelante, el periodista, que firma el texto como "EUVE", describe una de las cuevas que visita, tras la amable invitación de sus inquilinos: "Hemos de bajar un reborde de tierra con pretensiones de escalón para meternos en un verdadero lodazal en cuyo centro una tabla pretende ofrecer apoyo a los pies para que no se hundan en el barro. Del techo mana agua y ya hace dos días que cesó la lluvia (...) Nos hallamos en el "hall" de la residencia de 19 personas (...) Hay cuatro camastros y nos informa nuestro guía que ahora es el anfitrión:
-En esta duermen mi suegra, mi suegro y mis dos cuñaíllos: este niño de quince años y una niña de cinco. En esta otra nos tenemos que meter mi mujer y yo con otros dos niños. En aquella de la derecha al fondo se acuestan mi cuñao Antonio, su mujer y su hija. Y en este rincón sobre ese saco, la pobre Ana, la tía de mi mujer, con su marío y sus seis niños; el mayor tiene catorce años, luego una niña de once y así hasta el más chico, que ha cumplío un año".
Esta era la situación real de las cuevas de San Miguel hace sesenta años y, según declara hasta la saciedad la concejala de Urbanismo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP) (marzo de 2014), el motivo para justificar la acción policial para realizar los desalojos: "Esta actuación se enmarca en la urgencia porque las cuevas estaban en situación de ruina completa según los informes municipales y las vidas de sus ocupantes corrían peligro, algo que este Ayuntamiento no está dispuesto a permitir". Y más. Dos meses después, en mayo, advierten a la Junta de que "la responsabilidad" si ocurre una "desgracia" será suya, después de que la Comisión Provincial de Patrimonio rechazara las propuestas municipales para intervenir en este entorno. La concejala Isabel Nieto lamentaba que la Delegación de Cultura "use" sus competencias vinculantes en materia de patrimonio "solo para lo malo", situándose en un "plano superior" de supervisión pero "sin aportar propuestas", como a su entender ocurre en este caso.
Este periódico se ha puesto en contacto con la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, y con el de Cultura y presidente de la junta de distrito del Albaicín, Juan García Montero, para requerir su opinión sobre cómo solucionar la cuestión de las cuevas de San Miguel. Se cumple un año del segundo y último desalojo por la fuerza en el cerro y en noviembre pasado el pleno aprobó por unanimidad crear una comisión mixta para buscar propuestas y soluciones. Ambos concejales han declinado contestar estas cuestiones.
Quien no se ha callado ha sido Ana Gámez, la delegada de Cultura de la Junta en Granada (PSOE), quien en una entrevista dejó bien clara la posición del Gobierno andaluz ante este tema, para rectificar las acusaciones de la edil de Urbanismo. "Las cuevas no son de la Junta y la Junta no gestiona ahí nada. Es cierto que hemos tenido reuniones en las que Isabel Nieto nos habla de la proliferación de okupas en el cerro, y también plantea la necesidad de intervenir por salubridad".
Continúa que "nos planteó un plan para desalojar una serie de cuevas ilegales (jueves 20 de marzo de 2014) y se autorizó. Pero se realizó de madrugada, sin previo aviso y sin cumplir exactamente con las condiciones técnicas de Cultura. No estamos en absoluto de acuerdo de cómo se realizó la intervención ni tampoco con el uso de la fuerza policial", explica tajante Ana Gámez.
Recuerda entonces y aporta los documentos de la reunión de la comisión de Patrimonio del día 7 de mayo de 2014, "donde el Ayuntamiento nos presenta un segundo proyecto para sellar las cuevas con hormigón. Quieren que autoricemos el sellado con hormigón y una revegetación con una técnica de hidrocultivo. Pero a continuación nos indican que si no estamos de acuerdo que eliminemos la protección del cerro y que fuese suelo residencial, es decir, para construir". El ladrillo, la vieja aspiración del actual equipo de gobierno del Partido Popular, que ya presentó su proyecto un 11 de octubre de 2007.
Este proyecto nacía de la nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Granada y fue presentado por el antecesor de Isabel nieto en la concejalía de Urbanismo. En efecto, Luis Gerardo García Royo explicaba que "el nuevo PGOU contemplaba reclasificar los terrenos para darles un uso terciario; la zona albergaría talleres de artesanía, de recuerdos, tablaos flamencos y un establecimiento hotelero" y, quizá lo más importante, "las cuevas de San Miguel se convertirían en un complejo turístico".
El viejo proyecto de urbanizar y construir en el cerro de San Miguel está latente. Francisco Puentedura, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, alza la voz y "exige al gobierno municipal del PP que abandone su intención de especular con el cerro de San Miguel" y pide que "protejan esta zona por el alto valor paisajístico, ecológico y cultural que tienen".
Tampoco se calla Miguel Fernández Madrid, concejal del grupo municipal socialista, quien recuerda que "ya ha pasado un año desde el último desalojo policial. Un año de una intervención agresiva de cara a la galería que no ha solucionado uno de los problemas más visibles de las cuevas de San Miguel: la ocupación de viviendas de forma ilegal". Y se pregunta: "¿Cuánto dinero nos ha costado a los granadinos esta salida muscular de las operaciones policiales que cierran cuevas y se abren al día siguiente?, ¿dónde está la eficacia de la intervención del PP?". Y más: "¿Qué intervenciones legales, sociales, higiénicas y sanitarias va a poner en marcha el PP?". También hay preguntas para la Junta, ahora que está negociando el PEPRI: "¿Cuál es su opinión con respecto a la zona?, ¿macizar o proteger?".
Ahí quedan. Son preguntas sin respuesta desde hace seis décadas para un problema, el de la ocupación ilegal de las cuevas del cerro de San Miguel, que se mantiene en estado de hibernación, latente, opaco y peligroso bajo la atenta mirada de la Alhambra y del Albaicín en la que es posiblemente la vista más bella de la ciudad más hermosa.
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