El Ayuntamiento suspende la resolución del contrato durante un mes a expensas de que la empresa ajuste el precio de la prestación
El Ayuntamiento de Granada ha decidido darle una segunda oportunidad a la empresa de transportes Rober para intentar que siga prestando el servicio de autobús en la ciudad. Cincuenta años de relación merecen algo de condescendencia. Así lo ha entendido el Ayuntamiento, que ha suspendido la resolución del convenio con Rober y el concurso para sacar a licitación el servicio. Le ha dado un plazo de un mes para que demuestre que realmente quiere seguir con el servicio y para que presente una oferta económica algo más ajustada a la realidad.
Las desavenencias con la empresa llegaron a raíz del diseño del nuevo Plan de Movilidad. Dicho plan establece un nuevo sistema de transporte en la ciudad con autobuses de alta capacidad (LAC) por el centro que obligan a prescindir de 15 líneas. El panorama móvil de la ciudad se complica todavía más para el autobús con la entrada en funcionamiento del Metro en 2014. Habrá que eliminar líneas para que no se solapen con el recorrido del Metropolitano, algo que sería absurdo. Con todo este maremagnum de cambios el Ayuntamiento ha hecho una estimación del coste del nuevo servicio que tasa en 25 millones de euros. Y aquí empieza el problema, porque Rober dice que ese servicio cuesta 30 millones, no 25.
La concejal de Movilidad, Telesfora Ruiz, sostiene que es obligación del Ayuntamiento buscar el mejor servicio con el menor coste (una filosofía acorde con una administración pública) y que por tanto Rober tiene que rebajar el precio de la concesión en torno a cinco millones de euros.
Pasado este mes se abren dos opciones. Una: que Rober y el Ayuntamiento lleguen a un acuerdo y por tanto se acuerde la modificación del contrato y se abandone la idea del concurso público. Dos: que no lleguen a un acuerdo y que el servicio de autobuses vuelva a salir a concurso público.
Telesfora Ruiz confía en que finalmente ambas partes lleguen a un entendimiento, pero reconoce que en sus alegaciones, la empresa no ofreció posibilidad alguna de rebajar el coste del servicio de los 30 millones. Ante esta situación, el Ayuntamiento optó por resolver la concesión para el futuro y convocar un concurso nuevo.
Claro que romper la relación con Rober no es tan fácil. Para empezar, esta operación debe autorizarla el Consejo Consultivo y, posteriormente, habría que indemnizar a la empresa ya que el contrato con la empresa de transportes tiene vigencia hasta 2022. Hasta ahora el precio del servicio anual era variable, en función de los kilómetros que los vehículos de Rober recorrían, pero rondaba los 33 millones de euros anuales.
"Estamos en una época muy distinta a la de años anteriores. Esta concesión lleva muchísimo tiempo y es necesario hacer un replanteo de todo el sistema de costes", declaró la concejal de Movilidad.
Ese replanteo también afectará a todo el sistema de movilidad de la ciudad. Telesfora Ruiz ya ha hecho pública en varias ocasiones la intención del Ayuntamiento de mantener todos los puestos de trabajo del servicio de autobuses. Un grupo numeroso, de avanzada edad, se irá prejubilando en los próximos dos, tres años, mientras que otro grupo de conductores se reconvertirá en inspectores. Por último, se negociará con la Junta de Andalucía la posibilidad de que el Metro de Granada absorba también a trabajadores que ya no tendrán quehaceres en la empresa de autobuses.
"Ya ha habido un adelanto de la idea, pero falta concretar. Hay que tener en cuenta que a estas alturas al Metro todavía le falta el plan de explotación, determinar los viajes y las frecuencias", adelantó la concejal.
Las desavenencias con la empresa llegaron a raíz del diseño del nuevo Plan de Movilidad. Dicho plan establece un nuevo sistema de transporte en la ciudad con autobuses de alta capacidad (LAC) por el centro que obligan a prescindir de 15 líneas. El panorama móvil de la ciudad se complica todavía más para el autobús con la entrada en funcionamiento del Metro en 2014. Habrá que eliminar líneas para que no se solapen con el recorrido del Metropolitano, algo que sería absurdo. Con todo este maremagnum de cambios el Ayuntamiento ha hecho una estimación del coste del nuevo servicio que tasa en 25 millones de euros. Y aquí empieza el problema, porque Rober dice que ese servicio cuesta 30 millones, no 25.
La concejal de Movilidad, Telesfora Ruiz, sostiene que es obligación del Ayuntamiento buscar el mejor servicio con el menor coste (una filosofía acorde con una administración pública) y que por tanto Rober tiene que rebajar el precio de la concesión en torno a cinco millones de euros.
Pasado este mes se abren dos opciones. Una: que Rober y el Ayuntamiento lleguen a un acuerdo y por tanto se acuerde la modificación del contrato y se abandone la idea del concurso público. Dos: que no lleguen a un acuerdo y que el servicio de autobuses vuelva a salir a concurso público.
Telesfora Ruiz confía en que finalmente ambas partes lleguen a un entendimiento, pero reconoce que en sus alegaciones, la empresa no ofreció posibilidad alguna de rebajar el coste del servicio de los 30 millones. Ante esta situación, el Ayuntamiento optó por resolver la concesión para el futuro y convocar un concurso nuevo.
Claro que romper la relación con Rober no es tan fácil. Para empezar, esta operación debe autorizarla el Consejo Consultivo y, posteriormente, habría que indemnizar a la empresa ya que el contrato con la empresa de transportes tiene vigencia hasta 2022. Hasta ahora el precio del servicio anual era variable, en función de los kilómetros que los vehículos de Rober recorrían, pero rondaba los 33 millones de euros anuales.
"Estamos en una época muy distinta a la de años anteriores. Esta concesión lleva muchísimo tiempo y es necesario hacer un replanteo de todo el sistema de costes", declaró la concejal de Movilidad.
Ese replanteo también afectará a todo el sistema de movilidad de la ciudad. Telesfora Ruiz ya ha hecho pública en varias ocasiones la intención del Ayuntamiento de mantener todos los puestos de trabajo del servicio de autobuses. Un grupo numeroso, de avanzada edad, se irá prejubilando en los próximos dos, tres años, mientras que otro grupo de conductores se reconvertirá en inspectores. Por último, se negociará con la Junta de Andalucía la posibilidad de que el Metro de Granada absorba también a trabajadores que ya no tendrán quehaceres en la empresa de autobuses.
"Ya ha habido un adelanto de la idea, pero falta concretar. Hay que tener en cuenta que a estas alturas al Metro todavía le falta el plan de explotación, determinar los viajes y las frecuencias", adelantó la concejal.
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