11.800 CASAS ILEGALES A LAS PUERTAS "INDULTOS"
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IDEAL construye el mapa de las edificaciones de la provincia en suelo no urbanizable que la Junta va a regularizar. Quedan unas 30.000
El 'primer turno' lo componen 11.837 construcciones que constituyen solo una cuarta parte de todas las edificaciones que se podrán acoger al 'indulto' de la Junta, que en realidad existe desde 2012 y afecta a todos los edificios que se encuentren fuera de la ley y estuvieran construidos antes de febrero de 2008 en suelo no urbanizable. Un guiño de la Junta a quienes edificaron sin mala fe. En la provincia se calcula que podría haber aproximadamente cerca de 40.000 edificaciones en esta situación susceptibles de ser legalizadas, aunque habrá que esperar a que todos los ayuntamientos entreguen sus inventarios para conocer la cifra exacta.
Granada se encuentra, junto a Córdoba y Cádiz, a la cola de Andalucía en este proceso de regularización de edificaciones, ya que solo un 23 por ciento de las localidades han llevado a cabo un examen de su suelo. Este dato contrasta, por ejemplo, con la cifra de Almería, en donde el 81 por ciento de los pueblos ya pueden poner en orden sus construcciones en suelo no urbanizable.
Las comarcas de la Costa, el Valle de Lecrín y Loja son las que ahora mismo han identificado un número importante de edificaciones que se verán afectadas. Loja y Motril cuentan, cada uno, con 2.500 construcciones que podrán regularizarse, mientras que en Órgiva o Los Güájares hay 1.500 asentamientos que se encuentran a la espera de entrar en la ley. Almuñécar (950), Albuñuelas (510), El Pinar (490), Lanjarón (300) o Iznalloz (300) son algunos ejemplos de otros ayuntamientos que tienen trabajo por delante. Los ayuntamientos que no están en el mapa de las edificaciones ilegales no es que no tengan viviendas para legalizar. Simplemente no han adaptado sus leyes de urbanismo al 'indulto' de la Junta -se podía hacer desde 2012 ya que existe un decreto autonómico que insta a los ayuntamientos a ello-. Por tanto, están reteniendo la legalización de las construcciones por parte de los ciudadanos.
Esto ha motivado que el gobierno de Susana Díaz vaya a introducir cambios en la ley de vivienda autonómica. De esta manera presiona a los consistorios y les invita amablemente a adaptar sus normas urbanísticas en la dirección que la Junta marca.
Para ello tienen todavía los ayuntamientos aproximadamente otros dos años y medio. Los ciudadanos que deseen legalizar sus casas tendrán, por tanto, que esperar a que los consistorios hagan su trabajo.
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