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La dirección de la RTVA ha conjurado in extremis un paro laboral en el arranque de la campaña electoral, pero la situación sigue convulsa
La dirección de la RTVA ha conjurado in extremis un paro laboral en el arranque de la campaña electoral, pero la situación sigue convulsa. De hecho, cuando en el informativo de mediodía del lunes fallaron las conexiones de dos últimas piezas, curiosamente referidas al PP, muchos pensaron que se iniciaba el conflicto. No era tal: se había 'ido' la mesa de control, una avería que se atribuye a la falta de inversión para modernizar los equipos.
La anécdota habla bien de la situación en el ente público, que se ve afectado por la crisis, como todos los medios de comunicación, pero que arrastra una deuda que han de pagar todos los andaluces y que ya no sólo no puede cubrirse con la alegría de otros tiempos, sino que debe ser saldada, por mandato de la ley de estabilidad presupuestaria.
Después de implantar diversas medidas de recorte, la batalla se libra ahora en el capítulo de personal, compuesto por 1.519 trabajadores en total. Dado que la instrucción política es no despedir a nadie de la plantilla, se trata de reducir la masa salarial y de realizar una nueva 'pirámide' de remuneraciones, en palabras del subdirector general, Joaquín Durán, que incluya la remuneración de los directivos, piedra de toque del conflicto.
Manuel Jiménez Barrios, consejero de Presidencia, confirma que el plan de ajuste es inapelable, «como todas las empresas públicas» y apoya la oferta del subdirector general en el convenio, a la vez que pone en valor que el objetivo del Gobierno autonómico es «proteger un servicio público básico». «No vamos a cerrar o despedir, como han hecho otras comunidades autónomas con sus televisiones». Jiménez Barrios espera que el diálogo dé sus frutos, aunque pone un freno a la plataforma sindical: cualquier reforma en el régimen del consejo de administración no procede tratarse en este ámbito, pues corresponde al Parlamento.
Sueldos y agravios
La negociación del convenio se eterniza. Se encuentra en situación de ultraactividad hasta septiembre. Para este lunes, día 12, se espera el inicio de una nueva reunión, en principio de dos días, en la que se volverá a poner sobre la mesa el estado en que quedó la negociación tras el acuerdo alcanzado el pasado martes en el Sercla, en vísperas del primer paro convocado por la sección sindical de CC OO, la única que llamaba a la protesta. La dirección se comprometió a retomar las negociaciones y a entregar a los representantes sindicales toda la información de los costes salariales de 2013 de toda la plantilla, con detalles de dietas y gastos de kilometraje, además de todos los costes salariales de los directivos y del consejo de administración, que es lo que los sindicatos vienen pidiendo desde el comienzo del conflicto.
El principal argumento de los sindicatos para oponerse al recorte salarial, situado en el 3,2%, apela al alto número de directivos y sus elevados sueldos. Que el recorte empiece por ahí, dicen. La cúpula del ente y el consejo de administración alegan que desde el inicio de la legislatura han bajado sus retribuciones un 6%, de modo escalonado y así han pasado a cobrar de un máximo de 124.000 euros a un máximo de 78.522,77, un 36% menos.
La oferta de la empresa también contempla un mecanismo de ponderación en la rebaja salarial, de modo progresivo y por tramos desde el 1% al 6%, que deja exentas a los sueldos inferiores a los 25.000 euros.
Complementos salariales
En ese marco, PSOE e IU presentaron en vísperas de la aprobación parlamentaria del decreto de aportación al contrato programa un acuerdo para reformar los complementos salariales, que resultó sorprendente, en medio de la protesta de los trabajadores de Canal Sur que asistían al Pleno del Parlamento, y que hubieron de ser desalojados entre gritos contra el Gobierno andaluz. El acuerdo se justificaba en su carácter excepcional, por la delicada situación en que vive la RTVA, «en la que se está abordando no sólo su redefinición, sino también su eficiencia y racionalidad como modelo de televisión pública y la función social que debe regir a la misma», según Izquierda Unidad, y por ser una medida transitoria, con vigencia hasta el 30 de septiembre, último límite para que los salarios de los directivos queden por debajo del que percibe la presidenta de la Junta de Andalucía.
Miguel Contreras, portavoz del PP, opina que el acuerdo fue una manera de que IU no se opusiera a la aprobación del decreto, puesto que la coalición de izquierdas había votado a favor de una proposición no de ley 'popular' que instaba a la revisión de los sueldos de los directivos de Canal Sur. «El acuerdo sobre los complementos fue una coartada para justificar el voto de IU», asegura.
Sin embargo, Canal Sur valora que el acuerdo PSOE-IU apoya la propuesta de la dirección: «parte de la premisa de que es necesario reducir el volumen global de la masa salarial y eso implica una nueva rebaja en las retribuciones y establece el criterio de topar los ingresos más altos, sobre los que recaerá la mayor carga de recorte, para hacer un reparto solidario y progresista».
El recorte es obligado por el desfase presupuestario que se arrastra desde 2010 en materia de personal, aunque la dirección alega que ya se ha reducido este capítulo en 11 millones de euros en los últimos cinco años y que en este tiempo el número de directivos ha bajado un 22% y sus sueldos se han recortado en ocasiones hasta más de un 40%.
Comparación con otras Tv
La dirección de Canal Sur defiende que «frente a las soluciones tomadas por otras empresas autonómicas públicas de radio y televisión, que han implicado pérdidas importantes de puestos de trabajo, caídas significativas de las audiencias y el riesgo de existencia de muchas de ellas» en Andalucía «se ha buscado garantizar el empleo y dotar de perspectivas de futuro a la RTVA pública».
Así, alega que ha reducido en seis años un 35% el capítulo de gastos, lo que supone 88 millones menos, con ajustes generalizados, entre ellos el cierre de Canal Sur 2.
Sin embargo, Miguel Contreras, parlamentario del PP portavoz en la comisión de la RTVA, advierte que «la situación va a peor, año tras año se supera el déficit previsto, que en 2013 alcanzó los 22 millones de euros, se acumulan las deudas, no se alcanza un acuerdo laboral ni se cumple la ley con la reducción de los sueldos de los directivos». «Por los informes de auditoría -recalca-, Canal Sur estaría en causa de disolución. En 2013 y 2014 ha recibido aportaciones extra de la Junta, de 20 y 25 millones, para equilibrar las cuentas».
Aunque Contreras opina que «la causa del desequilibrio es el personal y no se quiere afrontar ni desde la dirección general ni de la Consejería de Presidencia», el PP no aboga por despidos. La solución, dice su portavoz, pasa por un cambio de gestión para reducir el déficit, recortando en comunicadores 'estrella' y apostando por la producción propia, lo que a su juicio traería «más audiencia y ahorro». «No son necesarios despidos, y se han producido más de doscientos desde 2010», pero sí «una reestructuración de los directivos, que son más de 30 y muchos de ellos sin funciones, porque ya hay jefes de departamento que las realizan», indica el portavoz parlamentario.
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