GRANADA HOY
Los servicios sociales municipales podrán intervenir en los procedimientos que puedan derivar en la pérdida de una vivienda
Disminuir la cantidad de desahucios que tienen lugar en la provincia de Granada. Ese es el objetivo del pacto firmado entre los jueces y el Ayuntamiento de la capital, iniciativa de los propios magistrados. Una colaboración entre ambas instituciones para tratar de frenar los procedimientos judiciales que puedan derivar en la pérdida del domicilio de los afectados. No en vano, como señaló el coordinador provincial de los juzgados de primera instancia, Daniel de la Rubia Sánchez, en 2012 se produjeron "entre 800 y 900" procesos por desahucio.
En lo que va de año se han iniciado unos 2.000 casos que podían haber acabado con una familia en la calle. Todo a pesar de que, de todos los procesos, los que concluyen en un desahucio constituyen en torno a un 20%. "Un número, no obstante, bastante alto", agregó el coordinador provincial de los juzgados.
Este convenio -que sólo afecta a la denominada 'primera vivienda' o vivienda habitual- consta de dos fases diferentes. En la primera de ellas, cuando entre en los tribunales de Primera Instancia un procedimiento de este tipo, el juez informará al perjudicado de que puede acudir al Área de Servicios Sociales del Consistorio para ser atendido y conocer sus oportunidades para defender su casa. Posteriormente, si el proceso inicial sigue adelante y entra en la "fase de ejecución", el Servicio Común de Notificaciones y Embargos pedirá autorización para llevar el caso al Ayuntamiento y que éste pueda intervenir y comunicar las posibles soluciones y recursos a los que puede acogerse cada persona.
"Hasta ahora lo que ocurría es que, cuando nos enterábamos de un posible desahucio, el proceso estaba tan avanzado que era muy complicado ayudar a las víctimas y tratar de frenarlo", reconoció el alcalde de la capital, José Torres Hurtado. "El Ayuntamiento de Granada ha atendido más de 300 de estas situaciones este año por un importe de más de 200.000 euros; estamos muy implicados y, con esta medida, damos un paso más", puntualizó.
La finalidad es conocer el sumario de un caso que pueda acabar en el desalojo de una familia con tiempo suficiente para tratar de evitarlo. "Queremos impedir aquello que tiene posibilidades de ocurrir un año o dos después", afirmó el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, Fernando Egea. Se trata de uno de los protocolos pioneros en toda España. "El problema de los desahucios no está en nuestras manos, es una cuestión más de índole legislativa, pero sí podemos hacer algo para combatirlos", matizó el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar.
En lo que va de año se han iniciado unos 2.000 casos que podían haber acabado con una familia en la calle. Todo a pesar de que, de todos los procesos, los que concluyen en un desahucio constituyen en torno a un 20%. "Un número, no obstante, bastante alto", agregó el coordinador provincial de los juzgados.
Este convenio -que sólo afecta a la denominada 'primera vivienda' o vivienda habitual- consta de dos fases diferentes. En la primera de ellas, cuando entre en los tribunales de Primera Instancia un procedimiento de este tipo, el juez informará al perjudicado de que puede acudir al Área de Servicios Sociales del Consistorio para ser atendido y conocer sus oportunidades para defender su casa. Posteriormente, si el proceso inicial sigue adelante y entra en la "fase de ejecución", el Servicio Común de Notificaciones y Embargos pedirá autorización para llevar el caso al Ayuntamiento y que éste pueda intervenir y comunicar las posibles soluciones y recursos a los que puede acogerse cada persona.
"Hasta ahora lo que ocurría es que, cuando nos enterábamos de un posible desahucio, el proceso estaba tan avanzado que era muy complicado ayudar a las víctimas y tratar de frenarlo", reconoció el alcalde de la capital, José Torres Hurtado. "El Ayuntamiento de Granada ha atendido más de 300 de estas situaciones este año por un importe de más de 200.000 euros; estamos muy implicados y, con esta medida, damos un paso más", puntualizó.
La finalidad es conocer el sumario de un caso que pueda acabar en el desalojo de una familia con tiempo suficiente para tratar de evitarlo. "Queremos impedir aquello que tiene posibilidades de ocurrir un año o dos después", afirmó el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, Fernando Egea. Se trata de uno de los protocolos pioneros en toda España. "El problema de los desahucios no está en nuestras manos, es una cuestión más de índole legislativa, pero sí podemos hacer algo para combatirlos", matizó el juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar.
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