PROTESTA PARA PEDIR QUE NO SU BASTEN LA CASA DE UNA MADRE QUE AVALA A SU HIJA
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La motrileña María Dolores Enríquez firmó un préstamo para ayudar a su hija y ahora se puede quedar en la calle por una deuda de 30.000 euros
«Estafas y desamparadas por la justicia». Así se sienten María
Dolores Enríquez y su hija, Carolina Crespo, después de que un juzgado
de Motril haya ejecutado la subasta de la vivienda de la madre por un
préstamo de 30.000 euros que ambas solicitaron para que fuera su hija la
que no perdiera su casa. «Incomprensiblemente yo sigo en mi casa y a mi
madre le han acelerado todo el proceso en sólo cinco meses», se lamentó
Carolina tras salir ayer del Palacio de Justicia motrileño.
Todo comenzó en 2007 cuando Carolina y su pareja decidieron comprar una casa. Los malos entendidos con la entidad bancaria comenzaron desde el principio. «Con el 20 % de la hipoteca pagada nos cambiaron las condiciones para el 80 por ciento restante», asegura la afectada. Año y medio más tarde, Carolina rompió su relación. Aquí comenzó un calvario que ayer la llevó a ella y a su madre hasta el juzgado. «Aunque yo seguía ingresando cada mes el 50% de la cuota de la hipoteca, el padre de mi hija no lo hacía y así no se cubría la deuda», lamenta.
Ante el impago, el banco comenzó el proceso de embargo. Fue entonces cuando María Dolores y su hija comenzaron una negociación con el banco: solicitaron un préstamo de 33.000 euros para solventar el proceso de desahucio. «Nos contaron unas cláusulas que no han resultado ser las reales», aseguran. La vivienda de María Dolores es el aval al que se aferró el banco para prestarles el dinero.
Los revés de la vida no han ayudado a esta familia que, apoyados los unos en los otros, han conseguido «ir tirando». Primero fue María Dolores la que se quedó sin trabajo, «un despido improcedente por el que fue indemnizada». Con ese dinero pudieron ir haciendo frente al pago del préstamo y las hipotecas de ambas casas. Carolina también perdió el trabajo y con la pensión de viudedad de la madre y las ayudas de la familia cubrían los gastos a trancas y barrancas «pero con retraso y pagando intereses podíamos mantenernos», apuntan.
Las mujeres culpan al banco del proceso que las ha llevado hasta el punto de verse con un pie en la calle. «Ingresé el dinero en una cuenta pero en un trabajador del banco movió sin mi permiso el dinero para pagar otra cosa y se cumplieron así los cuatro meses de impago que dan paso al proceso de desahucio», narra Crespo Enríquez.
La justicia tampoco ha estado de su parte a la hora de paralizar la subasta, según señalan.
La familia presentó una demanda contra el banco «y este proceso debería paralizarse hasta que el otro se resuelva», denuncia Carolina. Sin embargo, el juzgado aceptó la demanda por lo Civil por el impago de María Dolores. Aseguran que no se han respetado los plazos de la notificación para poder encontrar una defensa y que su caso está lleno de «anomalías». Por eso ayer realizaron una protesta en el juzgado para pedir que se paralice la subasta de la vivienda. Como quiera que sea, en apenas cinco meses, María Dolores y el hijo que aún vive con ella, pueden quedarse en la calle.
Las afectadas aseguraban ayer que están dispuestas a luchar, de la mano de la plataforma Stop Desahucios, y a llegar a instancias superiores, como el Tribunal Constitucional o el europeo. «La justicia no nos defiende ni lucha contra las cláusulas abusivas de préstamos e hipotecas», lamentó Carolina.
Todo comenzó en 2007 cuando Carolina y su pareja decidieron comprar una casa. Los malos entendidos con la entidad bancaria comenzaron desde el principio. «Con el 20 % de la hipoteca pagada nos cambiaron las condiciones para el 80 por ciento restante», asegura la afectada. Año y medio más tarde, Carolina rompió su relación. Aquí comenzó un calvario que ayer la llevó a ella y a su madre hasta el juzgado. «Aunque yo seguía ingresando cada mes el 50% de la cuota de la hipoteca, el padre de mi hija no lo hacía y así no se cubría la deuda», lamenta.
Ante el impago, el banco comenzó el proceso de embargo. Fue entonces cuando María Dolores y su hija comenzaron una negociación con el banco: solicitaron un préstamo de 33.000 euros para solventar el proceso de desahucio. «Nos contaron unas cláusulas que no han resultado ser las reales», aseguran. La vivienda de María Dolores es el aval al que se aferró el banco para prestarles el dinero.
Los revés de la vida no han ayudado a esta familia que, apoyados los unos en los otros, han conseguido «ir tirando». Primero fue María Dolores la que se quedó sin trabajo, «un despido improcedente por el que fue indemnizada». Con ese dinero pudieron ir haciendo frente al pago del préstamo y las hipotecas de ambas casas. Carolina también perdió el trabajo y con la pensión de viudedad de la madre y las ayudas de la familia cubrían los gastos a trancas y barrancas «pero con retraso y pagando intereses podíamos mantenernos», apuntan.
Las mujeres culpan al banco del proceso que las ha llevado hasta el punto de verse con un pie en la calle. «Ingresé el dinero en una cuenta pero en un trabajador del banco movió sin mi permiso el dinero para pagar otra cosa y se cumplieron así los cuatro meses de impago que dan paso al proceso de desahucio», narra Crespo Enríquez.
La justicia tampoco ha estado de su parte a la hora de paralizar la subasta, según señalan.
La familia presentó una demanda contra el banco «y este proceso debería paralizarse hasta que el otro se resuelva», denuncia Carolina. Sin embargo, el juzgado aceptó la demanda por lo Civil por el impago de María Dolores. Aseguran que no se han respetado los plazos de la notificación para poder encontrar una defensa y que su caso está lleno de «anomalías». Por eso ayer realizaron una protesta en el juzgado para pedir que se paralice la subasta de la vivienda. Como quiera que sea, en apenas cinco meses, María Dolores y el hijo que aún vive con ella, pueden quedarse en la calle.
Las afectadas aseguraban ayer que están dispuestas a luchar, de la mano de la plataforma Stop Desahucios, y a llegar a instancias superiores, como el Tribunal Constitucional o el europeo. «La justicia no nos defiende ni lucha contra las cláusulas abusivas de préstamos e hipotecas», lamentó Carolina.
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